Ginebra. Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instaron el jueves a las autoridades venezolanas a respetar los derechos a la libertad y a manifestarse, en vísperas de que el dictador Nicolás Maduro asuma su tercer mandato tras una reelección ampliamente cuestionada.
Las autoridades venezolanas deben garantizar “los derechos a la vida, la libertad y la seguridad personal de todos los ciudadanos y liberar a quienes fueron detenidos arbitrariamente”, indicó el grupo de expertos de la ONU sobre Venezuela en un comunicado.
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Los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia convocaron a la ciudadanía a manifestarse en enero, coincidiendo con la toma de posesión de Maduro programada para el 10 de ese mes.
Machado sostiene que la reelección de Maduro fue un fraude y asegura que González Urrutia fue el verdadero ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
“Hacemos un firme llamado a las autoridades para garantizar que los derechos a la manifestación y la libre expresión puedan ejercerse sin temor a represalias”, señaló Marta Valiñas, presidenta del grupo de expertos, en el comunicado.
Valiñas recordó que “los cuerpos de seguridad encargados del orden público deben actuar conforme a los estándares internacionales más estrictos en el uso de la fuerza”. Añadió que “toda violación de los derechos humanos debe ser investigada de manera pronta, exhaustiva e imparcial, y juzgada por tribunales independientes con pleno respeto al debido proceso”.
Solo un reducido grupo de países, entre ellos Rusia, reconoció las cuestionadas elecciones de julio.
La proclamación de la victoria de Nicolás Maduro desencadenó protestas y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que dejaron 28 muertos y cerca de 200 heridos.
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Más de 2.400 personas fueron detenidas en el contexto de las protestas poselectorales, acusadas principalmente de terrorismo e incitación al odio, y trasladadas a centros de alta seguridad.
La ONU reforzó en septiembre de 2019 su monitoreo sobre Venezuela con la creación de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, establecida por el Consejo de Derechos Humanos.
En su informe más reciente, los expertos documentaron la “violenta represión” de las manifestaciones poselectorales.
“El aparato represor sigue plenamente operativo”, señaló Francisco Cox, uno de los expertos, en el comunicado del jueves.
“Entre agosto y diciembre de 2024, las autoridades detuvieron a al menos 56 activistas opositores, 10 periodistas y una defensora de derechos humanos”, afirmó. “Tanto quienes ordenan detenciones arbitrarias y torturas como quienes las ejecutan son responsables penalmente de forma individual”, agregó.
