El INE publicará mes a mes la nueva tasa del índice de referencia de arrentamientos de vivienda, que afecta a los alquileres firmados a partir de mayo de 2023 y que en noviembre se sitúa dos décimas por debajo del IPC
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Los contratos de alquiler firmados a partir de mayo de 2023 que tengan que actualizarse podrán subir un 2,2%, según el índice de referencia de arrendamientos de vivienda correspondiente al mes de noviembre y publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística. Es la primera vez que se publica esta tasa, que se irá conociendo mes a mes y con la que el Gobierno quiere desvincular las subidas del IPC y “evitar incrementos desproporcionados” de la renta.
Este índice, que se actualizará mes a mes, solo afecta a los contratos firmados a partir del 25 de mayo de 2023, cuando entró en vigor la nueva Ley Estatal de Vivienda. Y solo aplica para las actualizaciones y no para los nuevos contratos. Para su cálculo, el INE tiene en cuenta el valor más bajo entre el IPC y el subyacente y una estimación a largo plazo de Economía y un coeficiente establecido por Vivienda.
Los “mecanismos de corrección para la moderación” de las actualizaciones de los alquileres se activarán cuando el IPC o el subyacente experimenten “incrementos superiores al 2%”, señalaba el INE en la presentación del índice. En noviembre, ambos fueron del 2,4%, dos décimas por encima de la nueva tasa. Para un alquiler de 1.000 euros al mes, la renta subirá 24 euros al mes, 288 euros al año.
Los alquileres firmados antes de la ley estatal volverán a actualizarse en 2025 conforme al IPC o al Índice de Garantía de Competitividad, si viene indicado en el contrato, tras una limitación extraordinaria al 3% en 2024 y del 2% para 2022 y 2023, para paliar las consecuencias inflacionistas de la invasión rusa de Ucrania.
Este índice es uno de los mecanismos que el Gobierno diseñó en la ley estatal para tratar de contener los precios de los alquileres. En este caso, las limitaciones de subida serán circunstanciales, solo cuando el IPC supere el 2%. Otras herramientas, sin embargo, pretendían movilizar vivienda disponible y acabar con el fraude del alquiler temporal o turístico.
Este mismo jueves, entra en vigor el registro único de alquileres de corta duración, que obligará a los arrendatarios a contar con un código para anunciar sus inmuebles en plataformas. De esta forma, desde el ministerio que dirige Isabel Rodríguez quieren evitar que se destine vivienda residencial para usos no autorizados, como el vacacional, y que se justifique la necesidad de la temporalidad de los arrendamientos de esta tipo, que tras la entrada en vigor de la ley estatal venían utilizándose en muchos casos para sortearla.
