En un estado de conmoción. Así se encuentra Ecuador, luego de que se confirmara que los cuatro cuerpos calcinados encontrados en las cercanías de una base militar en Taura, corresponden a los adolescentes desaparecidos el pasado 8 de diciembre, tras ser detenidos por soldados en Guayaquil.
Las víctimas son Saúl Arboleda, Steven Medina y los hermanos Josué e Ismael Arroyo, todos de entre 11 y 15 años, quienes fueron interceptados por una patrulla de 16 militares en el sector de Las Malvinas, una zona afectada por la violencia del narcotráfico.
La noticia de la identificación de los cuerpos fue dada a conocer por Fiscalía a través de su cuenta de X: “Los resultados de las pericias de genética forense confirman que los 4 cuerpos encontrados en #Taura corresponden a los 3 adolescentes y un niño desaparecidos tras un operativo militar, el pasado 8 de diciembre”.
Pocos minutos antes de que se informara a las familias, un centenar de personas seguían protestando en Guayaquil al grito de “Vivos los queremos ya”. La confirmación de la muerte de los cuatro mineros cambió la naturaleza de la manifestación.
Más temprano, el juez Deniss Ugalde ordenó la detención preventiva de los dieciséis militares implicados en el caso, que son investigados por “desaparición forzada”, un delito castigado con 26 años de cárcel.
La Asamblea Nacional ecuatoriana declaró tres días de duelo nacional y anunció la apertura de un juicio político contra el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.
Loffredo sigue sosteniendo que los militares liberaron con vida a los cuatro jóvenes antes de que fueran víctimas de la delincuencia, una afirmación que aún debe ser investigada por la Fiscalía.
“Lamentamos profundamente” la confirmación de que los cuerpos son de los adolescentes, el hecho “enluta a todo el país”, dijo a nombre del gobierno el ministerio de Defensa.
“Reafirmamos nuestro compromiso con la verdad, para que este caso sea llevado con total transparencia hasta dar con los responsables de este asesinato”, agregó a través de un comunicado.
Organismos dependientes de la ONU y la OEA, así como ONGs internacionales han expresado su preocupación por el caso.
A su vez, unas 40 organizaciones sociales responsabilizaron al presidente Daniel Noboa por las “graves violaciones a los derechos humanos” registradas en 2024, en el marco de su lucha contra el crimen organizado que le llevó a declarar en enero a Ecuador en conflicto armado interno, movilizando a los militares a las calles.
Por su parte, en una entrevista radial concedida la semana pasada, Noboa pidió intensificar la búsqueda y expresó su intención de que los menores sean declarados “héroes nacionales”, algo criticado por varios sectores.
