El comandante PNP Rolando Caballero Vidal y ocho suboficiales de la Comisaría de Yerbateros, en La Victoria, se encuentran privados de su libertad, desde el 20 de mayo de 2024, con una orden judicial de siete días de detención preliminar, una figura jurídica que fue eliminada con la Ley 32181 aprobada por el Congreso y promulgada por la presidenta Dina Boluarte, el 11 de diciembre de 2024.
De acuerdo con fuentes judiciales, en el caso del comandante Caballero Vidal y los suboficiales Jhonny Vásquez Pérez, Miguel Asanza Rodríguez, Luis Zárate Cristóbal, Edgar Vásquez Calderón, Juan Tarrillo Aranda, Gino Sunción Lama, José Cahuas Gómez y Jhimy Vallejos Delgado, los jueces no fueron expeditivos para acatar la Ley 32181.
Ellos permanecen detenidos hasta que la jueza Ingrid Estacio Soria del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de La Victoria vuelva a evaluar en audiencia pública el pedido de 18 meses de prisión preventiva que solicitó el Ministerio Público.
Lo cual suponer que no tuvieron la misma suerte que la peligrosa organización criminal ‘Las Hienas Verdes’ o los procesados del caso de la Cooperativa Aelu que salieron en libertad inmediatamente que entró en vigencia la Ley 32182.
Ante el caso de "Las Hienas Verdes" el Congreso debió retroceder y restableció la detención preliminar, pero el gobierno de Dina Boluarte hasta ahora no promulga la nueva Ley. Es decir, al día de hoy, la detención preliminar no existe, lo que supone que no existe un mandato judicial firme que restringa su libertad.
El comandante Caballero Vidal y los suboficiales fueron detenidos preliminarmente el 20 de mayo de 2024 acusados por la fiscalía y la DIVIAC de haber formado un ilegal "Grupo de Inteligencia" que luego de intervenir a diversos ciudadanos por tenencia ilegal de armas o microcomercialización de drogas, les pedía dinero para ayudarlos a escapar.
A pedido de la fiscalía, el Juzgado de Investigación de la Victoria les impuso 18 meses de prisión preventiva. El comisario y sus subalternos apelaron, logrando que el 4 de diciembre de 2024, la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Lima revoque dicha medida.
Pero, eso no supuso su libertad. Los jueces Marco Gutiérrez Quintana, Carmen Villanueva Alcantara y Omar Ahomed Chávez dispusieron que continúen recluidos en un centro penitenciario en cuplimiento de la detención preliminar de mayo, a pesar de que para ese momento había excedido los siete días.
Los jueces tomaron esa decisión de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 264° inciso 7 del Código Procesal Penal, norma que amplía de facto la detención preliminar por todo el tiempo que sea necesario para que se revise la solicitud de prisión preventiva.
Sin embargo, esa situación debió cambiar a partir del 12 de diciembre, pues en el momento actual no existe la detención preliminar y no hay forma que se amplíe. Sin embargo, este grupo de policías continúa privado de su libertad aunque su peligrosidad es relativa.
El 17 de diciembre de 2024, los policías han vuelto a comparecer ante la jueza Ingrid Estacio Soria para enfrentar el pedido de prisión preventiva. Entonces, los abogados solicitaron a la jueza que cumpla con la ley 32181 que anuló la detención preliminar, pero la respuesta fue negativa.
La audiencia de prisión preventiva se continuó realizando el 19 y 26 de diciembre y está programada para hasta el 3 de enero de 2025, pese a que hoy no existe la orden de un juez que de manera expresa indique los motivos y argumentos legales por los que están detenidos.
El comandante Caballero Vidal niega haber constituido un "grupo de inteligencia" para cometer delitos. Afirma que este grupo existía en la comisaría de Yerbateros desde mucho antes que él fue destacado a esta dependencia policial y que su creación cumple con las normas internacionales.
Caballero Vidal y sus subalternos señalan que no hay una sola prueba de que hayan solicitado o recibido dinero para liberar a un detenido y que la única prueba de la fiscalía es la declaración de un reo por comercialización de drogas que logró escapar de la comisaría y que ellos recapturaron.
La fiscalía les atribuye tres hechos de obstrucción a la justicia y la formación de un banda criminal. De acuerdo con la fiscalía, el 28 de mayo de 2023 habían sustraído al ciudadano Nerio Samekash Silvano de la persecución penal, luego de detenerlo por robo y tenencia ilegal de armas. Samekash según el testigo habría pagado 8 mil soles a uno de los suboficiales para ser liberado.
Además, en esa misma hecha, haber entregado una sierra, partida en dos, a los detenidos de nacionalidad venezolana Jhoangel Núñez Carrasquel, Dixon Sojo Lincon, Winder Soto Leon, Argenis Vargas Márquez y Luis Gonzales Navas, por microcomercialización de drogas y robo agravado, para que limen los barrotes de su celda y se fuguen.
En este caso, los policías habría trasladado en un vehículo civil al detenido Sojo Lincoln para que les entregue ocho mil soles, un primer pago de dos mil y otro posterior de seis mil soles, para dejarlo escapar. La noche del 11 al 12 de junio, Jhoangel Núñez, Dixon Sojo y Winder Soto logran escaparse de la comisaría. Núñez permanece prófugo y los otros dos son recapturados días después.
Igualmente, se les atribuye haber dejado en libertad el 9 de junio de 2023, a otros seis personas detenidas el mismo 28 de mayo de 2023 por fabricar y comercializar detergentes sin la debida autorización. Los cargos contra Caballero Vidal es por ser el comisario y dirigir el grupo de inteligencia, lo que supone que estaba al tanto y era responsables de todos los actos que realizaban los suboficiales.
