El incumplimiento del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) en la ejecución de un fideicomiso perjudicó el desarrollo de proyectos dirigidos a mejorar los atractivos turísticos y la infraestructura en las costas del Pacífico. La inacción de la institución provocó retrasos de hasta 12 años en la ejecución de proyectos catalogados como “urgentes” y dejó sin construir tres obras pactadas hace 17 años.
Por ejemplo, la construcción del paseo de madera Capitanía-Parque Marítimo (Boardwalk), en Puntarenas, tardó más de una década en completarse. Mientras que otros proyectos, como la colocación de miradores en el cantón de Garabito y la restauración de la estación del ferrocarril de Caldera, ya no se construirán, pues fueron descartadas por la Junta Directiva del Incop sin justificación.
Estos hallazgos provienen de una auditoría realizada por la Contraloría General de la República (CGR), que evaluó el cumplimiento y la gestión del fideicomiso INCOP-ICT-BNCR, establecido mediante un contrato firmado en 2007 entre el Incop, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR). El informe, emitido el 17 de diciembre, detalla las consecuencias del incumplimiento del contrato.
La firma del fideicomiso establecía la realización de siete obras de carácter urgente, las cuales eran: la rehabilitación de los espigones de la punta de Puntarenas, el paseo marítimo de la playa Caldera, la adecuación y mantenimiento de la terminal de transbordadores y otras terminales de ferry, la construcción del paseo de madera en Puntarenas, la colocación de miradores en el cantón de Garabito, la renovación urbana en Esparza así como la restauración de la estación del ferrocarril de Caldera.
De este grupo, solo se completaron las primeras cuatro obras, las cuales fueron entregadas con retrasos. En cuanto a las demás, la CGR no encontró información relevante sobre su eliminación, ya que la directiva del Incop no presentó razones técnicas ni de viabilidad que justificaran su actuación. Esto generó incertidumbre en el órgano contralor sobre el proceso de toma de decisiones en el fideicomiso.
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El fideicomiso INCOP-ICT-BNCR fue concebido para financiar obras turísticas a través de la titularización de recursos derivados de concesiones portuarias, principalmente en la terminal de Puerto Caldera. La venta de estos títulos buscaba generar liquidez a corto plazo para ejecutar las siete obras estipuladas en el contrato.
En 2008, el Incop intentó realizar la colocación de los recursos ante la Superintendencia General de Valores (Sugeval), pero no tuvo éxito. Tras este fracaso, la institución no volvió a intentar llevar a cabo el proceso.
“Dado que los recursos del canon para desarrollo turístico nunca se trasladaron al fideicomiso y, por lo tanto, no se realizó titularización de esos recursos, el beneficio enunciado en el contrato no se logró en cuanto a realizar los proyectos en un corto plazo”, indica el informe.
Por el contrario, el Incop decidió depositar los fondos acumulados del canon de las concesiones en una cuenta en dólares a nombre del Instituto, llamada “INCOP FIDEICOMISO INCOP”. Desde esta cuenta, se gestionaron los desembolsos para los proyectos mediante las solicitudes de pago emitidas por el fideicomitente y fiduciario. Sin embargo, este procedimiento no cumplió con lo establecido en el contrato.
Los depósitos en la cuenta del Incop, realizados de manera trimestral, sumaron hasta noviembre de este año un saldo de $12 millones, lo que equivale a ¢6.540 millones, según el informe del órgano fiscalizador.
Por otra parte, hasta 2019, los intereses generados por los fondos en esa cuenta se trasladaban a las cuentas corrientes del Incop, en lugar de ser reinvertidos en los proyectos. Además, una línea de crédito aprobada por el Banco Nacional para complementar los fondos del fideicomiso nunca fue utilizada, pese a que generó costos por formalización y comisiones por ¢14 millones.
En 2022, el contrato del fideicomiso fue prorrogado hasta 2029, pero esta ampliación no incluyó una revisión exhaustiva de las condiciones ni una actualización acorde a las necesidades vigentes. Como resultado, la CGR alertó que persisten los riesgos e incertidumbres sobre la gestión de los recursos y la ejecución de las obras.
En 2023, el Incop presentó un portafolio de inversión a través de un fideicomiso, que incluía catorce proyectos de infraestructura. De estos, diez fueron inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán), obteniendo así un código de proyecto oficial.
El portafolio contempla la construcción de siete nuevos embarcaderos en la costa pacífica, cinco obras públicas variadas y dos proyectos de mantenimiento.
Para la Contraloría la creación del portafolio representó un avance, sin embargo, encontró que el Incop no presentó los planes de gestión necesarios para asegurar la correcta ejecución de los proyectos ni implementó un monitoreo adecuado del progreso de cada uno. Como resultado, apenas dispone de dos cronogramas y cinco avales técnicos de preinversión.
Entre los proyectos presentados sin estudios de preinversión se encuentran la construcción del Parque Turístico Punta Nahomi y la restauración de la antigua comisaría en la Isla San Lucas.
De acuerdo con la Contraloría, esta omisión podría ocasionar retrasos y complicaciones en su ejecución debido a la falta de información clave sobre su viabilidad.
“La situación descrita anteriormente ha incidido en que no se cuente con un liderazgo que conlleve al cumplimiento de lo estipulado en cuanto a control, seguimiento y evaluación de los proyectos ejecutados en el marco del Fideicomiso INCOP-ICT-BNCR, por lo que tampoco se ha identificado si los proyectos ejecutados cumplen con los objetivos para los cuales fueron propuestos, esto además por cuanto no se han definido los procedimientos para las fases de ejecución, seguimiento y control del ciclo de vida de los proyectos”, indicó el ente contralor.
