La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la Comisión de Hacendarios, Paulina Ramírez, prevé que las presiones para alcanzar acuerdos en temas presupuestarios serán aún mayores durante el 2025.
Según la congresista, esta situación podría agravar aún más la situación social que enfrenta el país, pues el Presupuesto Nacional del próximo año no dispone de los recursos necesarios para cubrir rubros fundamentales como los salarios del personal docente, la operación de las cárceles y los servicios diplomáticos que se brindan en el exterior.
“Yo creo que sí va a ser un año muy difícil, de una lucha más intensa. Porque, además, entra un año electoral que nos va a poner a la Asamblea Legislativa, como ha pasado en otros años, en una lucha por ganar las elecciones entre todas las fracciones. Entonces, va a haber menos consensos, menos acuerdos y nos va a llevar a una situación más crítica”, declaró Ramírez en una entrevista con La Nación.
Durante la discusión del Presupuesto Nacional 2025, la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa fue puesta al tanto de importantes déficits en los planes de gastos de los ministerios de Educación Pública (MEP), Relaciones Exteriores y Justicia.
En el caso del MEP, la institución comunicó a la Contraloría General de la República (CGR) que existe un faltante de ¢100.000 millones para pagar salarios de docentes. Mientras que el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, y el canciller, Arnoldo André, informaron directamente a los diputados de que los recursos asignados a sus instituciones son insuficientes para garantizar su operación ordinaria.
Justicia y Paz tendrá que iniciar el año con un déficit de ¢10.000 millones para cubrir la operación de las cárceles. Mientras que Relaciones Exteriores reportó un faltante de ¢2.700 millones, que de no ser atendido afectará los servicios diplomáticos que brinda el país a los costarricenses que viven en el extranjero. Ambos jerarcas señalaron la necesidad de aprobar presupuestos extraordinarios para inyectar más fondos a sus respectivas carteras.
La diputada del PLN destacó que solo dos ministros solicitaron más recursos a los diputados, cuando lo normal es que la mayoría de los jerarcas busquen un incremento en sus presupuestos. En su opinión, esto podría ser un indicativo de que los faltantes no se reportan por temor a represalias, desde el mismo gobierno.
“Parece que vienen bajo una situación de amenaza. Extrañamente, solamente dos ministros (pidieron más recursos) y creo que por la cercanía que tienen con el presidente no tuvieron represalias, pero por el resto han sido otras condiciones las que se han presentado. Son por investigaciones, que hacemos aquí mismo en la Asamblea Legislativa, que hemos detectado las necesidades (de mayores ingresos)”, explicó.
Según la diputada, si bien no es responsabilidad del Congreso llevar la batuta en los temas presupuestario, al ser una competencia del Poder Ejecutivo, han tenido que asumir el rol, porque de lo contrario “el país se nos va a salir de las manos”.
“Es que va a haber una descomposición social que posteriormente nos va a salir más caro poder rescatar al país, cuando ya no podamos tener control del narcotráfico, que yo creo que ya estamos a un nivel en el que está salido de control, y cuando ya no podamos rescatar la pérdida que hemos tenido en la educación costarricense”, alegó.
Igualmente, cuestionó que desde Zapote se les llame irresponsables por utilizar recursos destinados al pago de intereses de la deuda pública, para cubrir partidas desfinanciadas. “Quedó demostrado que en ninguno de los años anteriores hizo falta. Nunca tuvieron que fortalecer esa partida”, agregó.
“Lo que hacemos es un análisis de las proyecciones del próximo año, fundamentado en datos que tiene Hacienda publicados en su página web y cualquiera los puede ver. Nos dimos cuenta de que hay sobreestimaciones con los vencimientos de amortización y los intereses. Entonces, no hay un acto de irresponsabilidad, lo hemos hecho con un análisis estudiado por expertos y contactos de Hacienda.
“Sin embargo, eso siempre es parte de los discursos del Gobierno Central y la gente interpreta que estamos desajustando el presupuesto, pero en ningún momento ha sucedido eso, así ha quedado demostrado con las diferentes liquidaciones que se hicieron en los dos años anteriores y ahora en este año también”, argumentó la presidenta de Hacendarios.
Durante la discusión del plan de gastos del gobierno del 2025, el foro legislativo aprobó mociones que rebajaron en ¢61.635 millones la partida destinada al pago de intereses de la deuda pública, para redirigir esos recursos a otros 23 rubros. Principalmente, los fondos se asignaron a cubrir faltantes en educación, seguridad, transporte e infraestructura.
Una de las instituciones beneficiadas con estos movimientos fue el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) al que se le asignaron ¢1.900 millones para que realice los trabajos necesarios que permitan extender el servicio del tren de pasajeros hasta el centro de Paraíso, en la provincia de Cartago.
En ese momento, las diputadas Pilar Cisneros y Ada Acuña, del gobernante Partido Progreso Social Democrático (PPSD), se opusieron bajo el alegato de que el Instituto no podría ejecutar los recursos, porque superaría el límite de gastos que impone la regla fiscal.
No obstante, según informó La Nación, el presupuesto 2025 de la ferrocarrilera fue rechazado por la Contraloría por no contar con los recursos necesarios para garantizar las operaciones del tren, más allá del mes de marzo. Incofer presentó al ente fiscalizador un plan que solo contempla fondos para cubrir los contratos de conducción de las locomotoras y cobro del servicio en la Gran Área Metropolitana (GAM), para diciembre y los primeros tres meses del próximo del año.
Incofer tiene dinero solo para tres meses de operación del tren en 2025
Respecto a las cifras macroeconómicas que el país reporta, Ramírez aseguró que si bien los números han mejorado, el gobierno ha sacrificado la inversión social en áreas como la educación y la seguridad, con el fin de obtener estos resultados.
“Prefieren tener una imagen internacional con datos macroeconómicos muy buenos, pero a costa del gasto social, a costa de debilitar los programas fundamentales para asegurar el desarrollo de nuestro país. Y es que ningún banco internacional se va a preocupar si en Costa Rica a los niños se les manda o no a la escuela; a ellos solo les interesa que cumplamos con los indicadores.”
“Si usted tiene una deuda con un banco, este no le va a preguntar: ‘¿Pero le alcanzó para mandar el chiquito a la escuela o le alcanzó para darles alimentación a esos niños?’ No, no le va a preguntar eso. (El banco) solo va a preguntar si puede o no puede pagar la deuda, y eso es lo que nos está pasando”, expresó la verdiblanca.
