La Comunidad Valenciana afronta 2025 con avances en la implementación de zonas de bajas emisiones (ZBE), pero con muchas cuentas pendientes todavía para los próximos meses. El tiempo apremia para la mayoría de los quince municipios obligados a ponerlas en marcha si quieren mantener las ayudas del Gobierno al transporte público. El Ejecutivo central ha exigido a los ayuntamientos tenerlas en vigor como requisito para acceder a ellas. Las subvenciones europeas también están en juego si no se cumplen los plazos pese a las sucesivas prórrogas. La ley estatal de cambio climático y transición energética, aprobada en mayo de 2021, obligaba a todos los municipios con más de 50.000 habitantes a establecer estas áreas, para reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire, antes de 2023. Sin embargo, el decreto del Gobierno que las regula no llegó hasta el 22 de diciembre de 2022, lo que hacía muy difícil que los ayuntamientos movieran ficha. La lenta burocracia administrativa, la imposición de una medida impopular ante parte del electorado y los cambios de signo político en muchos consistorios en todo este tiempo, han hecho el resto. En ese sentido, las grandes ciudades han previsto medidas muy laxas, al afirmar -en base a sus propios estudios- que los niveles de contaminación son óptimos y la calidad del aire es buena. Con la infraestructura lista, pero la ordenanza todavía como borrador, el Ayuntamiento de Valencia ha definido una única zona, ' Valencia ZBE ', que abarca una superficie de 27,8 kilómetros cuadrados y está delimitada por la Ronda Norte, la avenida de Tarongers, la calle Serrería y el Bulevar Sur. El Área de Prioridad Residencial (APR) de Ciutat Vella Nord -en el centro histórico- seguirá con las mismas restricciones que en la actualidad, a las que se añaden las del resto de la ciudad para los vehículos más contaminantes: turismos, motocicletas y ciclomotores sin etiqueta ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT). Eso sí, el régimen sancionador -con multas de 200 euros a nivel general- no se empezará a aplica hasta finales de este año y no afectará a los residentes en la ciudad hasta 2028. Elche tiene la ordenanza aprobada desde hace más de un año y ha avanzado en el despliegue de cámaras lectoras de matrículas y medidores ambientales, pero el texto no incluye restricciones a los vehículos más contaminantes hasta 2049. La normativa a la que se acaba de dar luz verde en la ciudad de Alicante tampoco las contempla, más allá de las que ya se establecen desde 2011 en el Casco Antiguo, donde se limita el acceso a conductores autorizados. Ese es uno de los tres anillos en los que se ha dividido la ciudad. En los dos restantes no habrá restricciones salvo que se registren picos elevados de contaminación que lo aconsejen. Lo mismo ocurrirá en las calles del centro de Castellón, que siguen en obras para adaptarse a esta exigencia europea. Por su parte, Benidorm va a llevar a cabo, desde este 1 de enero y hasta junio, una fase informativa de adaptación en la que tampoco se contemplan sanciones. La ciudad ha estipulado tres zonas, las de mayor tránsito peatonal, entre las playas de Poniente y Levante. Podrán acceder a ella los vehículos de los residentes en esas áreas y aquellos que cuenten con una autorización especial -por trabajo, por ejemplo- del Ayuntamiento, además de aquellos que identificados con los distintivos ambientales C, Eco y Cero emisiones. Esos permisos podrán ser permanentes o puntuales, a través de un registro en una 'app'. Se trata, de momento, de la ciudad con la normativa más restrictiva. Mientras Alcoy , Elda y Paterna han llevado a cabo peatonalizaciones no exentas de polémica para activar las zonas de bajas emisiones, otras localidades como Torrent, Sagunto, Gandia, Villarreal, San Vicente del Raspeig y Torrevieja siguen realizando trámites o estudios para poner en marcha sus propios proyectos. Orihuela es la que más retrasada va en ese sentido.
