La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) informó la adjudicación del proyecto minero El Algarrobo a favor de la compañía Buenaventura por un monto total de US$2.753 millones. El anuncio tuvo como representantes al ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, junto con el director ejecutivo de ProInversión, José Salardi.
De esta manera, esta iniciativa busca no solo dinamizar la economía de la región donde se adjudicó el proyecto, sino también impulsar la posición del Perú como un actor relevante en el mercado minero internacional. A continuación, te contamos más detalles sobre la futura mina El Algarrobo.
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La ProInversión comunicó que el proyecto minero El Algarrobo se llevará a cabo en la localidad de Tambogrande, ubicada en el departamento de Piura. El anuncio se concretó después de transcurrir 90 días desde la declaración de interés. Así, ante la ausencia de propuestas, se procedió a la adjudicación directa al proponente, la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.
El monto total en cuestión asciende a US$2.753 millones, de los cuales US$759 millones corresponden a la inversión inicial y US$1.994 millones se destinarán a gastos operativos en los primeros diez años de funcionamiento. Además, se proyecta la creación de comités de monitoreo participativo, compuestos por representantes de la comunidad local. Estos grupos tendrán la responsabilidad de supervisar aspectos ambientales, como la calidad del agua.
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El Algarrobo es un ambicioso proyecto polimetálico que se enfocará en la extracción de cobre, zinc y plata. En su fase inicial, se prevé una producción de 5.000 toneladas diarias, cifra que podría aumentar hasta 15.000 toneladas. Este incremento en la capacidad de producción se definirá con precisión tras la realización de los estudios de factibilidad correspondientes.
Por otra parte, contempla la creación de un fondo social destinado a administrar los aportes generados por los compromisos contractuales del inversionista. Estos recursos se utilizarán para llevar a cabo programas sociales que beneficien a las comunidades locales. Los ingresos derivados del canon y las regalías contribuirán al aumento de los presupuestos de los gobiernos locales, con prioridad en las áreas que se ven afectadas directamente por la iniciativa.
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La fase inicial del proyecto se centrará en la gestión social con la comunidad involucrada lo que permitirán establecer consensos para llevar a cabo un proyecto hídrico. Posteriormente, se avanzará hacia la exploración y la realización de estudios de viabilidad financiera, así como de impacto ambiental e ingeniería de construcción.
La fase final del proyecto incluirá la elaboración de un plan de ingeniería destinado al cierre de la mina una vez que se completen las operaciones. Este proceso garantizará la rehabilitación adecuada de la zona impactada, que prioriza la recuperación del entorno y el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes.
