Después de un año y siete meses cansado de los trámites, las irresponsabilidades y la burocracia galopante, Manuel Danet Herrera Rivas (Reina, 355, entre Escobar y Lealtad, Centro Habana, La Habana) escribía el pasado 23 de noviembre para describir lo que enfrentaron él y sus tres hermanos, desde que el 27 de marzo de 2023, a raíz del fallecimiento de su madre, quien dejó una herencia en el Banco Nacional de Cuba.
Manuel relataba que al siguiente mes del deceso fueron al Registro Civil ubicado en la capitalina calle Prado a solicitar los papeles con los sellos. Allí comenzó la odisea, pues con el transcurso de los meses, cuando le llegó el turno para recoger los documentos solicitados, le orientaron que debían ir al municipio de Playa.
El hermano mayor de Manuel fue dos veces a ese municipio y en ninguna de las dos ocasiones pudo resolver nada, porque, según le explicaron, no había conexión. Volvieron a Prado a la semana siguiente, y entonces era por orden de llegada. El hermano mayor volvió a los 15 días, e indicaron que recogieran los documentos. Estaban las inscripciones de tres. Él, que vive en La Habana Vieja, fue con su carné, pero no tenía las identificaciones del resto de los hermanos. Y no las pudo obtener.
Después les dijeron a los otros tres hermanos que lo que necesitaban se encontraba en el libro de notario. Que fueran a los 15 días, pero desistieron. Ya era diciembre y esperaron a enero de 2024 para continuar con las gestiones.
«Desde entonces hasta hoy, reconocía, la persona que nos atendió nos dice que los van a pasar al Archivo Nacional. Y llegaron las últimas contingencias del país (desconexión del sistema eléctrico y huracanes). Ya vamos para un año y siete meses y nada se ha resuelto», decía.
A partir de publicada dicha queja, la directora provincial de Justicia en la capital, Yurais Álvarez Morales, respondió a la sección que desde el organismo se dispusieron, en primer lugar, a visitar a Manuel para profundizar en los detalles de su inquietud.
Luego de indigar bien se supo que quien lo atendió en el Registro Civil de Centro Habana, y le indicó que debía realizar las solicitudes en el municipio de Playa fue la recepcionista de la dirección. Pero para ello podía solicitar un turno por la apk Ticket si no podía ir de manera presencial al Registro, agregan.
En el análisis realizado con el colectivo del Registro Civil de Centro Habana y con la presencia de la Directora Municipal de Justicia, aseguran, se conoció que la recepcionista tuvo un actuar negligente en este caso, y que de manera reiterada, con anterioridad, había incurrido en hechos de maltrato y otras indisciplinas, por lo que se le aplicó la medida de separación definitiva de la entidad.
Además, en la búsqueda se verificó que el primer caso fue solicitado por Manuel en el año 2023, con respuesta en el sistema desde la propia fecha por parte de la persona encargada, la Registradora, que contestó que su solicitud no había sido encontrada sin dar más explicación sobre la negativa, ni solicitar mayores elementos para ayudar en la búsqueda y la obtención de la certificación, precisan.
Este proceder también fue analizado y se determinó que la registradora no le dio un seguimiento adecuado, apuntan, lo que terminó impidiendo la solución en el término establecido, por lo que se le hizo un llamado de atención ante el colectivo.
La segunda solicitud de Manuel fue hecha en el propio año 2023 y no tenía respuesta en el sistema. Refieren que dicho caso se encontraba en la bandeja de entrada del técnico jurídico de la oficina registral online de La Habana, al que le fue redireccionado el asunto desde Centro Habana. A este trabajador, apuntan, le aplicaron la medida disciplinaria de separación definitiva de la entidad.
Conociendo los detalles, el Departamento de Atención a la Población de la Dirección Provincial de Justicia, según dieron a conocer, gestionó los documentos que necesitaban Manuel y sus hermanos, los que finalmente les fueron entregados el 27 de noviembre pasado.
De nuevo queda en evidencia el actuar negligente de algunas personas que les asiste la obligación de brindar un servicio constitucional al pueblo. Jugar con el preciado tiempo de la gente es, cuando menos, un acto irresponsable que ronda la insensatez. ¿Por qué nos costará tanto, como generalidad, aprender la lección?
