Desde el 1 de enero de 2025, la nueva legislación estatal modifica los plazos y criterios para solicitar compensaciones por vehículos con desperfectos. La reforma a la conocida “ley limón” de California, que regula las protecciones para los consumidores de vehículos nuevos defectuosos, ha generado un intenso debate sobre su impacto en los derechos de los compradores. La legislación, oficialmente denominada Asamblea Bill 1755 (AB 1755), fue firmada por el gobernador Gavin Newsom el 29 de septiembre de 2024. Esta reforma introduce cambios significativos en los procedimientos para manejar reclamaciones y establece nuevas reglas para la mediación de disputas, lo que podría afectar la forma en que los consumidores abordan problemas con sus vehículos.
La “ley limón” de California, vigente desde 1970, fue diseñada para proteger a los consumidores que adquieren vehículos nuevos con defectos graves de fábrica que no pueden ser reparados después de varios intentos. Según la normativa anterior, los compradores podían solicitar un reembolso o el reemplazo de un automóvil que presentara fallas significativas dentro de los primeros 18 meses o 18,000 millas, lo que ocurriera primero.
PUEDES VER: Cambio de salario mínimo en California: nuevo monto aprobado por Gavin Newsom que recibirán desde el 2025
La reforma de 2024 introduce procedimientos de mediación obligatoria antes de iniciar litigios, con el objetivo de resolver disputas de forma más rápida y reducir la carga en los tribunales. Durante la mediación, se suspenden temporalmente los descubrimientos adicionales, como deposiciones o solicitudes de documentos, hasta que el proceso concluya. Esta medida busca disminuir los costos asociados con los litigios prolongados y evitar la saturación del sistema judicial.
Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos de los consumidores han expresado inquietudes sobre el impacto de esta reforma en los compradores de vehículos con defectos menores pero persistentes. Las nuevas reglas limitan las circunstancias en las que los consumidores pueden exigir compensación, enfocándose en defectos que afectan directamente la seguridad o funcionalidad del vehículo.
Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma es la redefinición de lo que constituye un defecto “grave”. Anteriormente, la ley incluía una gama más amplia de fallas que podían afectar el valor del vehículo o la experiencia del conductor. Con la reforma, solo los defectos que representen un riesgo directo a la seguridad o impidan la operación del vehículo serán considerados para reembolsos o reemplazos.
Además, la reforma establece que los fabricantes tendrán más flexibilidad para realizar reparaciones adicionales antes de que los consumidores puedan solicitar un reembolso o la sustitución del vehículo. Esto podría extender el tiempo que los consumidores deben esperar antes de recibir una resolución, lo que genera preocupación entre los defensores de los derechos de los consumidores.
La Asamblea Bill 1755 también introduce cambios en el proceso de arbitraje, ofreciendo a los consumidores la opción de resolver disputas fuera de los tribunales. Aunque esta medida tiene como objetivo proporcionar una vía más rápida, críticos argumentan que el arbitraje puede favorecer a los fabricantes de automóviles y reducir la transparencia en el proceso.
Por su parte, representantes de la industria automotriz respaldan la reforma argumentando que ayudará a reducir demandas frívolas y permitirá que los recursos se concentren en los casos más graves. La CNCDA sostiene que el sistema actual ha sido objeto de abusos, con consumidores que presentan demandas por defectos menores que no afectan la seguridad o funcionalidad del automóvil.
En respuesta, asociaciones de consumidores como la Consumers for Auto Reliability and Safety (CARS) han manifestado que la reforma podría dejar a muchos compradores sin protección, dado que los defectos menores que no se resuelven adecuadamente pueden afectar significativamente el valor de reventa del vehículo. La preocupación radica en que, al limitar las compensaciones a defectos graves, se desprotege a un segmento importante de consumidores que podrían verse perjudicados por fallas menos evidentes pero igualmente problemáticas.
El gobernador Newsom, en el mensaje oficial de firma de la ley, reconoció las preocupaciones de los defensores de los consumidores y exhortó a la Legislatura a considerar futuras enmiendas para abordar los posibles vacíos legales que podrían surgir. La discusión sobre la “ley limón” de California continúa, y su implementación será observada de cerca por todas las partes involucradas.
