Cada fin de año evoca esperanzas de renovación y prosperidad. Sin embargo, para los miles de trabajadores que sostienen al Programa IMSS-Bienestar y para las comunidades rurales que dependen de él, este cierre de calendario dista de ser optimista. Más bien, se vislumbra como un momento que pondrá a prueba la voluntad política y la capacidad administrativa de las instituciones gubernamentales para asegurar el derecho a la salud de quienes más lo necesitan.
Para entender el contexto, conviene distinguir dos figuras que hoy convergen en la incertidumbre: el “Programa” IMSS-Bienestar, heredero de iniciativas como IMSS-Coplamar, IMSS-Oportunidades e IMSS-Prospera; y el Organismo Público Descentralizado (OPD) IMSS-Bienestar, creado en 2022.
El primero opera con recursos etiquetados del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), y ha llevado por décadas servicios médicos a regiones con altos índices de marginación. El segundo, con dotación de personalidad jurídica y patrimonio propio, se concibió para administrar la atención de la población sin seguridad social mediante convenios estatales y hoy está presente en 23 entidades.
Actualmente, el Programa IMSS-Bienestar atiende a cerca de 11 millones de personas en zonas apartadas y cuenta con más de 30 mil trabajadores, entre médicos, enfermeras, promotores comunitarios y personal administrativo. Para dimensionar su importancia, basta subrayar que el ISSSTE, una de las mayores instituciones del país, brinda atención a cerca de 13 millones de derechohabientes. Así, el alcance del Programa IMSS-Bienestar es comparable al de esta importante entidad federal.
En el (PEF) 2025 no se asignaron recursos para el “Programa”, y en su publicación del Diario Oficial de la Federación (DOF 24/12/2024) se estableció que tampoco está obligado a publicar sus Reglas de Operación que norman su funcionamiento. Estos hechos apuntan a una transición definitiva del “Programa” hacia el esquema del OPD IMSS-Bienestar, sin un decreto formal que extinga al esquema anterior ni directrices para transferir personal, infraestructura y presupuesto, pues para que esto sea jurídicamente viable sería necesario reformar la ley del Seguro Social para oficializar la fusión.
Esta ausencia de fondos en 2025 genera incertidumbre sobre la nómina de médicos, enfermeras, promotores y trabajadores jubilados y personal de confianza. A su vez, las comunidades que dependen de los servicios en 82 hospitales y casi 4 mil unidades médicas rurales podrían iniciar el 2025 con falta de insumos, medicamentos y personal. En este escenario con poca claridad legal y financiera, podría haber tanto solapamientos como “parálisis operativa” que afectaría a sectores vulnerables.
Para un país que aspira a la cobertura universal de salud, resulta paradójico poner en vilo a las brigadas comunitarias, parteras voluntarias y unidades médicas que han sido el primer contacto de millones de mexicanos con un sistema de atención, quizá el único que han conocido.
A pesar de esta incertidumbre, existen salidas y decisiones de política pública, para evitar un escenario complicado para miles de trabajadores y población vulnerable. La Secretaría de Hacienda podría otorgar ampliaciones o reasignaciones presupuestales de último momento. Se podrían firmar acuerdos administrativos que aseguren la continuidad de los servicios mientras se define la transición del Programa al OPD IMSS Bienestar e incluso, un decreto o iniciativa de reforma que se incluya en el nuevo paquete de 20 reformas propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum en la que se formalice la “desaparición” del programa y se otorgue certeza presupuestal, operativa, de los trabajadores y de las prestaciones de sus jubilados. Esto sería lo más acertado.
El reto no es menor. Si bien la situación actual dista de ser ideal, evitar el colapso de este pilar en zonas rurales es posible. Abandonar a su suerte al Programa IMSS-Bienestar significaría claudicar en la búsqueda de una cobertura de salud verdaderamente universal. Y ese, en pleno siglo XXI, es un costo que México no puede darse el lujo de pagar.
La cuestión de fondo, al final, es la coherencia. La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene claro garantizar el derecho a la salud de su población, sin discriminación y con enfoque de equidad. Llegar al arranque de 2025 con hospitales rurales sin fondos para operar, brigadas comunitarias paralizadas y comunidades en desamparo sería un golpe duro para el ideal de justicia social que abandera la actual administración. Ante todo, la esperanza es lo que no debe faltar en este cierre de año. ¡Esperanzador año 2025!
