El ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, prometió este lunes que no habrá encubrimiento en el caso de la desaparición de cuatro adolescentes tras ser detenidos por militares, un hecho que mantiene conmocionado al país.
Ante la comisión legislativa de la Niñez, a la cual fue convocado, el alto funcionario envió un mensaje dirigido a los padres de los menores, comprometiéndose a "no encubrir a nada ni a nadie" y "actuar con total transparencia" para aclarar el paradero de los adolescentes de entre 11 y 15 años.
Agregó que continuará "colaborando y brindando (...) todas las facilidades para que la Fiscalía esclarezca este caso", que generó terror ante el hallazgo de cuatro cuerpos calcinados cerca de una base militar sin que las autoridades informen sobre su identificación.
Saúl Arboleda, Steven Medina y los hermanos Josué e Ismael Arroyo desaparecieron luego de ser detenidos por militares el 8 de diciembre en el sector de Las Malvinas, en el sur del puerto de Guayaquil (suroeste), una de las principales ciudades golpeadas por la violencia del narcotráfico donde el gobierno mantiene desplegadas en las calles a las Fuerzas Armadas.
El 24 de diciembre, después de que la justicia determinara que hubo una "desaparición forzada" de los adolescentes, cuatro cuerpos calcinados fueron encontrados en una zona de manglares cercana a la base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) en la localidad de Taura, en las afueras de Guayaquil.
El comandante de la FAE, Celiano Cevallos, dijo ante la misma comisión parlamentaria que "el personal militar habría actuado (...) ante un presunto delito flagrante", en alusión a una supuesta denuncia de un robo en curso y por lo que los adolescentes fueron detenidos.
"No se dispuso ninguna operación en el sector de Las Malvinas", añadió.
La noche del 8 de diciembre, un desconocido se contactó con la familia Arroyo y puso a Ismael al teléfono, quien según su padre relató que agentes "se bajaron como locos", los "persiguieron", "hicieron disparos al aire", los "maltrataron" y los "dejaron botados".
En otra llamada posterior, un anónimo aseguró a la familia que "la mafia se los llevó".
Organismos de la ONU y la OEA, así como oenegés internacionales de derechos humanos han expresado su preocupación por el caso, por el cual un tribunal de Guayaquil instalará una audiencia este martes para formular cargos contra 16 militares que participaron en la detención.
Unas 40 organizaciones sociales responsabilizaron al presidente Daniel Noboa por las "graves violaciones a los derechos humanos" registradas en 2024, en el marco de su lucha contra el crimen organizado que le llevó a declarar a principios de año al país en conflicto armado interno, movilizando a los militares a las calles.
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