El 2025 no aspira a ser el año en el que la situación de la vivienda en la Comunidad mejore. Al menos, no según los avances de los profesionales del gremio, que pronostican un encarecimiento de los alquileres en las siete ciudades gallegas y sus áreas metropolitanas. Las causas hay que buscarlas en el desajuste que existe entre la elevada demanda y la exigua oferta, «histórica» según explica el presidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegein), Benito Iglesias. Con un balance del año que se despide desolador en lo tocante a la carestía y la falta de viviendas en la Galicia más poblada, los problemas para el 2025 siguen siendo los mismos. «La demanda de vivienda nueva es muy potente, de forma que es la baja oferta la que está regulando los precios», introduce Iglesias para calcular que, a estas alturas, «tendría que duplicarse la oferta de vivienda nueva para ver un impacto real en los precios». Pero la realidad, asumen desde la Fegein, es otra. «La tendencia general es de incrementos moderados, aunque aún hay municipios de menos de 5.000 habitantes en los que los precios seguirán estables o a la baja por la falta de demanda», señalan desde la Federación Gallega de Municipios y Provincias. En la otra cara de la moneda están las localidades más pobladas, mayoritariamente en las provincias atlánticas, en las que el precio del suelo no deja de escalar. Para los expertos, el auge de las nuevas promociones todavía es incipiente, lo que explica que tres de cada cuatro transacciones que se firman en la Comunidad gallega tengan como protagonistas viviendas de segunda mano. Por su parte, sobre la obra nueva –que actualmente es muy escasa– exigen nuevas promociones que se ajusten a las necesidades reales de las familias gallegas, y a su economía, al tiempo que ponen el foco en los más jóvenes. Las estadísticas arrojan que, al cierre del año, hay en el territorio gallego 2.400 viviendas en alquiler tradicional. El 32 por ciento de ellas están ubicadas fuera del área de influencia de los siete principales núcleos de población. En lo que a los precios se refiere, para acceder a un arrendamiento urbano, el desembolso ronda los 950 euros por un piso de 100 metros en la capital gallega, que suben a entre 1.200 y 1.300 para las ciudades de La Coruña y Vigo. En Pontevedra, serían unos 800; y en Ferrol, la urbe más barata de las siete, se sitúa en unos 650 euros. Un mercado «excluyente» para los menores de 35 años, señalan, que en su gran mayoría (un 88 por ciento) no pueden acceder en las condiciones actuales a la compra de una casa. Como consecuencia, cada vez en más ocasiones, los jóvenes se ven obligados a compartir el alquiler de su piso. Pero además de acelerar la construcción de más viviendas, desde la Federación Gallega de Municipios y Provincias apuestan por movilizar el parque de viviendas vacías de Galicia, que es, proporcionalmente, el mayor de toda España. Del mismo modo, piden a los concellos que agilicen los trámites para obra nueva, rehabilitaciones y reformas, que ayudarían a aumentar la cartera de hogares disponibles. Y un apunte no menor: el cambio de la normativa de habitabilidad en la Comunidad gallega. Con la posibilidad de convertir bajos comerciales en usos residenciales abierta, el sector inmobiliario exige a las ciudades más facilidades para explotar esta alternativa. «Necesitamos un plan de choque a medio y corto plazo», receta Benito Iglesias, que culpa a las «políticas estatales» de este contexto negativo. Con la tensión en los precios como tónica para los meses venideros, Iglesias también reclama liberar de culpas al sector de los pisos turísticos. Con 25.100 viviendas vacacionales este mes de diciembre en la Comunidad gallega –y Vigo disparado, con más de 2.000– la «inseguridad jurídica de los propietarios ante la actual ley de vivienda» explica, en su opinión, esta huida al alquiler vacacional que, por el momento y pese a las limitaciones implantadas en ciudades como Santiago de Compostela, parece no tocar techo.
