Un equipo conjunto de investigación ha anunciado que ha solicitado una orden de detención contra Yoon Suk-yeol por su declaración de la ley marcial el pasado 3 de diciembre
El presidente de Corea del Sur defiende su declaración de la ley marcial y promete “luchar hasta el final”
Un equipo conjunto de investigación ha anunciado este lunes que ha solicitado una orden de detención contra el presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, por su declaración de la ley marcial el pasado 3 de diciembre después de que el mandatario haya ignorado tres citaciones para ser interrogado al respecto.
El anuncio supone la primera vez en la historia democrática del país asiático en que un presidente aún en el cargo encara la posibilidad de ser detenido. Yoon fue destituido el pasado 14 de diciembre por la Asamblea Nacional (Parlamento), lo que lo ha despojado momentáneamente de sus funciones hasta que el Tribunal Constitucional decida de aquí a junio si restituye sus competencias o lo inhabilita definitivamente.
La petición de arresto fue presentada ante un tribunal del Distrito Oeste de Seúl, según han explicado a los medios representantes del equipo de investigación, que integra a la oficina anticorrupción, a la policía y a la unidad de investigación del Ministerio de Defensa Nacional.
La solicitud alega que Yoon lideró una insurrección y abuso de su cargo al declarar el estado de excepción el pasado 3 de diciembre y que supuestamente ordenó al Ejército que impidiera a los diputados del Parlamento votar en contra de su decisión para revocarla.
Los parlamentarios finalmente lograron votar en contra de la ley marcial, aparentemente gracias en parte a la negativa de mandos militares intermedios a cumplir órdenes, lo que obligó al presidente a rescindir el estado de excepción a las pocas horas de decretarla.
Yoon, que tiene prohibido abandonar el país, ha negado las acusaciones argumentando que su declaración de la ley marcial fue un “acto de gobernanza” que buscaba advertir a la oposición, que tiene mayoría en el Parlamento, contra lo que ha descrito como un abuso del poder legislativo que busca minar al Estado y apoyar al régimen de Corea del Norte, con quien el Sur está técnicamente en guerra.
El delito de insurrección es el único en el que no prevalece la inmunidad en Corea del Sur, que lo castiga, en el caso de aquellos a los que se considera líderes de un levantamiento, con cadena perpetua o pena de muerte (sobre la cual existe una moratoria en el país asiático desde 1997).
Los representantes legales de Yoon anunciaron poco después de conocerse la noticia que presentarían un escrito protestando la petición y recordaron que técnicamente tan solo la Fiscalía puede solicitar una orden de arresto preventivo en Corea del Sur.
El equipo conjunto de investigación, que está escrutando a Yoon en paralelo con la Fiscalía, explicó también que ha pedido hoy al tribunal una orden de registro para la Oficina Presidencial y el llamado refugio de seguridad presidencial, ante los problemas que el servicio de seguridad presidencial ha impuesto para recabar pruebas.
