Desde el momento en que se conoció que sería la teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), María Ángeles Sánchez Conde, la encargada de representar al Ministerio Público en la causa penal abierta por el alto tribunal contra Álvaro García Ortiz por revelación de secretos –por la filtración de datos reservados del novio de Ayuso– se suscitó la controversia sobre si la «número dos» del fiscal general, y persona de su máxima confianza, era la más adecuada para asumir el caso. Incluso dos de las tres asociaciones de la carrera, la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), lo cuestionaron abiertamente, sembrando dudas sobre su apariencia de imparcialidad. Unas dudas que se reavivaron cuando trascendió –así lo corroboró en el Tribunal Supremo el fiscal Salvador Viada– que García Ortiz, junto a Sánchez Conde, estuvo inspeccionando un móvil el pasado 30 de octubre mientras los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) registraban su despacho por orden del magistrado Ángel Hurtado.
Sin embargo, desde la Fiscalía General insisten en defender que la «número dos» de García Ortiz sea la encargada de llevar las riendas de la actuación de la Fiscalía en una investigación penal contra su jefe porque es «la más cualificada» para asumir esa tarea. Incluso señalan que si hubiese recaído en cualquier otro miembro de la carrera «sería peor» en la medida en que consideran que las sospechas de que el fiscal general condicionaría su actuación se acrecentarían.
En este sentido, fuentes próximas a García Ortiz –quien renunció a la dación de cuentas de Sánchez Conde en relación a este procedimiento– hacen hincapié en que a lo largo de la instrucción el fiscal general no ha hablado «de nada» con ella relativo a la causa en la que está investigado. Hasta el punto de que, señalan de forma metafórica, ha levantado una «muralla china» con su «número dos» para no interferir en todo lo referido a esta investigación que mantiene abierta el Tribunal Supremo desde el pasado octubre.
Mientras se redoblan las peticiones de dimisión si finalmente es citado a declarar como investigado, esas mismas fuentes admiten la «preocupación» existente en la carrera fiscal por la situación procesal de su máximo representante, pero apuntan que el registro de la UCO en su despacho –que califican de desproporcionado dado que consideran que se podía haber resuelto con un mero requerimiento de sus dispositivos– supuso «un giro» en el respaldo a su figura en el seno de la Fiscalía.
En relación a la supuesta manipulación de un móvil junto a Sánchez Conde mientras la Guardia Civil registraba su despacho –como denunció APIF en el Supremo–, en el entorno del fiscal general precisan que se trataba del teléfono «que le había devuelto la UCO tras el volcado de los datos», por lo que enmarcan la versión que dio el fiscal del Supremo Salvador Viada, presidente de APIF, en lo que consideran su «animadversión» hacia García Ortiz.
Sánchez Conde pidió sin éxito al Tribunal Supremo que rechazase la exposición razonada remitida por el TSJ de Madrid con los indicios para investigar al fiscal general. La teniente fiscal del alto tribunal no ve indicios de delito porque defiende, al igual que el fiscal general, que la difusión de una nota desgranando las negociaciones entre el fiscal del caso y la defensa de González Amador solo pretendía hacer frente a los «bulos» sobre ese posible acuerdo de conformidad en un «contexto de desinformación y falta de veracidad». Para la «número dos» de García Ortiz, todos los datos que ponía de relieve el comunicado eran de conocimiento público por lo que la conducta es «inocua, carente de antijuricidad material, dada su nula lesividad».
Tras la decisión del Supremo de investigar a García Ortiz por revelación de secretos, la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, denunció que, de mantenerse en el cargo, condicionaría la actuación procesal del fiscal asignado a su caso. «¿Qué apariencia de imparcialidad podrá tener el fiscal que emita informes en las actuaciones referidas al fiscal general del Estado si este es su superior jerárquico y sigue dependiendo del mismo?», se preguntaba la decana de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Barcelona.
