A nada de terminar el 2024, el Gobierno de Dina Boluarte sigue sin promulgar la ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia. Mientras tanto, muchos investigados por presuntos actos delictivos resultan beneficiados y son liberados por el sistema de justicia, tal como ya sucedió con los 10 presuntos integrantes de la organización criminal ‘Las Hienas Verdes’ y las 11 personas detenidas por el supuesto fraude en la Cooperativa Aelu.
De la misma forma, por esta ley, el fallecido expresidente de Frigoinca, Nilo Burga, no pudo ser detenido el último 13 de diciembre por presuntamente liderar una organización criminal que sobornó a funcionarios del programa Qali Warma a fin de obtener contrataciones a nivel nacional.
La misma suerte tuvo el vocero presidencial, Freddy Hinojosa, quien se libró de los 10 días de detención preliminar por supuestamente estar involucrado en una red de corrupción al interior de Qali Warma cuando se desempeñó como director de dicho programa de alimentación escolar.
Sin embargo, la disposición que deroga la detención preliminar en casos de no flagrancia, escondida en la Ley 32181, no es la única norma que el primer poder del Estado ha promulgado para beneficiar a los criminales. Antes de eso, en octubre último, el país entero se movilizó para pedir la eliminación de las reformas a la ley contra el crimen organizado.
La Ley N° 30077, norma contra el crimen organizado, modificada por la Ley N° 32108. Esta reforma excluye los delitos de fraude a la administración de personas jurídicas y corrupción privada de la categoría de "crimen organizado". Como consecuencia, estos delitos ya no podrán ser procesados bajo este marco legal, lo que genera preocupaciones sobre posibles escenarios de impunidad al limitar los mecanismos legales aplicables a su persecución.
A detalle, la Ley N°32108 modifica el concepto legal de "organización criminal", lo que podría cambiar la forma en que se persiguen y sancionan estos delitos. La exigencia de la presencia del acusado en allanamientos podría retrasar o dificultar ciertas investigaciones criminales, afectando la rapidez de las mismas.
Siguiendo la línea de criminalidad, otra de las normas promulgadas por el Gobierno es una que beneficia a la minería ilegal. Se trata de la modificación a la Extiende en un plazo de 6 meses de vigencia del proceso de formalización minera integral. No obstante, al ampliar el plazo de formalización minera, podría perpetuar la minería ilegal y aumentar los riesgos asociados a la informalidad, ya que no garantiza un control efectivo ni sanciones adecuadas. La reestructuración del Registro REINFO podría permitir que actividades ilegales se registren como "formalizadas", sin resolver los problemas fundamentales de la minería ilegal en Perú.
