Familias desalojadas llevan cuatro años viviendo hacinadas en escuela; piden solución
Santo Domingo.- Las familias desalojadas del barrio Freddy Beras Goico, en Los Alcarrizos, demandan una solución definitiva a su situación de vivienda tras haber vivido durante cuatro años en condiciones infrahumanas en la escuela en construcción “Los Coquitos.”
El 6 de marzo de 2021, en la madrugada, 389 familias fueron desalojadas de manera forzosa por fuerzas policiales, sin previo aviso y en violación de acuerdos internacionales ratificados por el país.
«La comunidad tenía más de 17 años establecida y contaba con servicios básicos como agua, electricidad, recogida de residuos sólidos, calles y aceras. Por eso, el Estado nos reconocía como un sector habitable», expresó Tomás Moya, miembro de la comunidad y una de las víctimas del desalojo.
Desde entonces, 177 familias han vivido en condiciones de hacinamiento en la escuela «Los Coquitos», enfrentando precariedades extremas.
«Tenemos cuatro años aquí, sin acceso a agua potable, servicios sanitarios adecuados ni un sistema eléctrico estable. Vivimos en aulas, con lo poco que logramos salvar de nuestras casas. Ya se han muerto varias personas por depresión o enfermedades contraídas en estas condiciones», denunció Eduviges, una de las afectadas.
Hoy, solo 66 familias permanecen en la escuela, mientras que otras han tenido que alquilar viviendas o buscar refugio con familiares. A pesar de ello, continúan organizándose para reclamar sus derechos. «Seguimos luchando pacíficamente para que nos devuelvan nuestros hogares, que construimos con tanto esfuerzo», afirmó Rafael Trinidad, otro de los desalojados.
Los afectados exigen a las autoridades una indemnización justa que les permita reconstruir sus viviendas y retomar sus vidas con dignidad.
“El Estado, según el artículo 59 de la Constitución, está obligado a garantizar condiciones para que todas las personas puedan acceder a una vivienda digna con servicios básicos esenciales. Es nuestro derecho vivir dignamente y dejarles un legado a nuestros hijos e hijas”, señalaron los comunitarios en su declaración.
A pesar de los años de incertidumbre, la comunidad mantiene la esperanza de que 2025 marque un nuevo comienzo con una solución definitiva a su situación.
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