De acuerdo a la abogada y académica de la Universidad Diego Portales (UDP), Lidia Casas, el 2024 ha sido un año marcado por algunos hitos importantes en materia de derechos humanos, así como también por varios retrocesos y deudas pendientes.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP realizó un balance sobre la materia, en el que destacó, en primer lugar, la creación de un Comité de Participación y Seguimiento al Plan de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos.
“Ese era un anuncio que había hecho el Presidente de la República el año pasado, para poder dar curso o poder iniciar una política pública en que el Estado buscara a aquellas personas que fueron detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas durante la dictadura. Ese es un punto fuerte, un punto de esperanza”, dijo.
Casas también valoró el reciente anuncio de una comisión de verdad para las víctimas del Sename, que dará cabida a “todas las formas de violencia a las que han sido sometidas especialmente niños, niñas y adolescentes que han estado en recintos institucionalizados, sean recintos públicos o bajo el alero del Estado a través de organizaciones colaboradoras, pero también lo que ha implicado los abusos de conciencia, sexuales, que se han dado en el contexto de organizaciones eclesiásticas”.
“Son cuestiones esperanzadoras, donde uno piensa en reparación, en justicia, en que finalmente algo avanza”, estimó.
El Presidente Gabriel Boric durante la firma del decreto que crea la comisión asesora para investigar al Sename.
Sin embargo, la abogada también relevó el hecho de que este año, en que se cumplían cinco años del estallido social, no se avanzó en las demandas de verdad, justicia y reparación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Casas recordó que no solo ha reinado la impunidad frente a estos delitos perpetrados por agentes del Estado, sino que también se dio el caso de una investigación judicial en dónde no se pudo comprobar la vulneración y se ordenó al Ministerio Público y a los querellantes a pagar los gastos del procedimiento.
Así, la directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP aludió al llamado caso “Pío Nono”, donde finalmente la justicia terminó absolviendo al carabinero, Sebastián Zamora, por el delito de homicidio frustrado en contra de un menor de edad.
“¿Por qué esto lo vemos como un retroceso? Uno pudiera decir que el retroceso es la no sanción. Hay estándares claros, los jueces pueden tener dudas razonables, la investigación penal no fue hecha en forma adecuada, el peritaje fue deficitario, pero lo preocupante es una condena en costas al ente persecutor y a los otros querellantes, porque entrega un tipo de mensaje a contra pelo de lo que se espera de la justicia”, estimó.
La académica recalcó que de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos, “cuando hay vulneraciones, lo que se espera de todos los órganos del Estado es que actúen con el mayor grado de diligencia, de tal manera que aquellas violaciones no queden impunes”.
“Cuando se va a condenar en costas al ente persecutor, de alguna manera se le está diciendo: ‘Mire, si usted no tiene elementos fuertes, tiene que hacer una investigación porque es lo que le exige el estándar del derecho internacional, tiene que investigar, tiene que intentar que las personas que han cometido esos delitos sean sancionadas’. Pero si por otro lado, tenemos un poder judicial que lo que está diciendo es: ‘Si usted no logra el resultado que quería, yo lo voy a condenar en costas’, eso es un retroceso, porque entonces se producen incentivos perversos para que el Ministerio Público u otras instituciones no sean querellantes cuando hay agentes del Estado involucrados”, explicó.
El carabinero Sebastián Zamora cuando fue absuelto en el marco del caso Pío Nono.
Lidia Casas además identificó serios retrocesos en materia de derechos que el Estado está obligado a garantizar a sus ciudadanos. “Hemos llegado a los cinco años post estallido y la pregunta es: ¿qué ha sucedido en términos de derechos económicos, sociales y culturales? Uno diría que cinco años después se ha avanzado poco y nada”, dijo.
En primer lugar, la abogada expresó su preocupación por el debate previsional, pues a su parecer, luego de un año entero de negociaciones entre los distintos sectores políticos, “lo que vemos es que ese acuerdo se ve muy lejano”.
Asimismo, cuestionó la postura de un sector político, “que entrega un mensaje de que la plata es mía y de que nadie puede tocar un peso de mi plata. Ese mismo sector político, coloca trabas para que no exista un sistema más solidario en la construcción de una reforma de pensiones”.
De acuerdo a la directora del Centro de Derechos Humanos, con ese discurso “hay un reforzamiento de la individualidad frente a los riesgos colectivos, porque todos los vamos a sufrir, la vejez es algo que nos va a llegar a todos”.
“Cuando se habla de que se le va a quitar el dinero a la clase media, resulta que la clase media es una clase media bien poco existente en los hechos. Hay grandes poblaciones vulneradas por las condiciones de pobreza que hoy existen y que se van a acentuar en la medida en que todas esas personas vayan caminando hacia la tercera y la cuarta edad, sin tener condiciones mínimas”, observó.
Por otro lado, Casas apuntó al caso Hermosilla y a su relación con la justicia social. La académica enfatizó en que a través de delitos como la elusión de impuestos se termina afectando a toda la población, pues le quitan al Estado la posibilidad de contar con más recursos.
“Cuando esas personas que las vemos como corruptas, porque lo son, son personas que eluden e intentan eludir de distintas maneras sus obligaciones, estos le roban no a Moya sino que a Moya, a Soto, a González y a Becerra. Nos roban a todos nosotros pero particularmente a las personas más pobres, porque en la medida en que el Estado no puede recaudar, el Estado no cuenta con aquellos recursos necesarios suficientes para satisfacer: uno, el tema de las pensiones, dos, la cuestión de la salud y tercero, la de la vivienda, en donde vemos problemas crónicos, permanentes, que se van multiplicando”, aseguró.
El abogado Luis Hermosilla durante su formalización.
Finalmente, la abogada criticó lo que ocurrió en materia de isapres, pues en el marco de la Ley Corta, se continuaron entregando grandes facilidades a las aseguradoras y no se mejoró el acceso a la salud.
“No estoy diciendo que el sistema privado deba desaparecer, pero la forma en que están regulados los sistemas de seguridad social privados, el sistema de salud privado, hace que exista un sistema muy perverso, donde finalmente el Estado es el último que va a garantizar derechos de aquellas personas que ya nadie quiere en el sistema de salud y va a resolver el problema de aquellos viejos, de todos nosotros cuando seamos viejos. El sistema privado ha podido profitar con unas ganancias, con unas regulaciones más bien laxas, frente a lo que tiene que dar en verdad. Ahí hay mucho de retroceso”, sostuvo.
