La Generalitat Valenciana ha publicado un nuevo protocolo de apoyo «inmediato», asesoramiento y acompañamiento al personal de los centros educativos ante el incremento cada año de las agresiones que sufren. El objetivo, explican desde la Conselleria de Educación, es reforzar su figura tras contabilizarse 745 agresiones físicas a docentes en 2023 sólo en la Comunidad Valenciana, frente a las 203 incidencias registradas cinco años atrás en la plataforma 'Plan de prevención de la violencia y de promoción de la convivencia' (PREVI). Además, en el caso de los insultos y amenazas a profesores, de las 246 de 2018 se ha pasado a 739 correspondientes al curso pasado . En ese sentido, las agresiones verbales se han cuadruplicado. «La tendencia evoluciona en ascenso año tras año, lo que supone que uno de cada seis casos registrados en el PREVI está relacionado con ataques contra la figura del personal de los centros», señalan desde Educación. La Comunidad Valenciana no es un caso aislado, pues estos datos aumentan en toda España. En un comunicado, la directora general de Innovación e Inclusión Educativa, Xaro Escrig, ha indicado que el nuevo protocolo «tiene como objetivo garantizar la seguridad y el bienestar de todo el personal que presta sus servicios en los centros educativos» y ha destacado la «importancia» de la labor del personal que trabaja en el sector educativo. «Los docentes han de ser referentes para el alumnado, por eso hemos de garantizar que cuentan con el apoyo necesario para ejercer sus funciones en un ambiente seguro y respetuoso», ha subrayado. Este protocolo de actuación «garantiza la asistencia jurídica y psicológica necesaria» para los agredidos. Además, establece una coordinación entre los diferentes agentes implicados ante un suceso de este tipo. Consensuado con los sindicatos y comités de seguridad y salud, está dirigido al personal docente, personal no docente de atención educativa y personal de administración y servicios de los centros docentes sostenidos con fondos públicos no universitarios de la Comunidad Valenciana. También se aplicará al resto de personal que preste servicios en los centros docentes si mantienen una relación laboral o funcionarial con la Generalitat.
