La noticia bancaria del año, con permiso de las sucesivas bajadas de tipos del BCE y de la presión ejercida por el Gobierno con el nuevo «impuestazo» a la banca, es la Oferta Pública de Adquisición (opa) que el primero de mayo presentó por sorpresa BBVA para hacerse con el control de Banco Sabadell. Tras recibir previamente el rechazo de la cúpula del Sabadell a una posible fusión por «infravalorar» su proyecto y porque «podemos crear en solitario un mayor valor para el accionista», BBVA no aceptó un «no» por respuesta. Ya había recibido una primera negativa en 2020, en plena pandemia del coronavirus, y ahora se embarcaba así en la primera –y hasta ahora única– opa hostil del sector bancario español en 37 años, desde que el antiguo Banco Bilbao, germen del actual BBVA, se lanzara –y fracasara– a absorber Banesto en 1987.
A diferencia de 2020, en esta ocasión el banco presidido por Carlos Torres rehusó dar marcha atrás y se lanzó a una opa voluntaria por la totalidad del accionariado, un paso inesperado para los analistas ante la falta de precedentes en la historia bancaria española reciente. La nueva oferta no contemplaba términos distintos a la presentada inicialmente el 30 de abril y volvió a ser rechazada de plano por Sabadell y por el propio Gobierno, que ha manifestado en varias ocasiones que «esta operación supone un peligro por el exceso de concentración en el mercado y el impacto que eso pueda tener en los clientes o en elementos de inclusión financiera».
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), tras meses de incertidumbre, decidió el mes pasado alargar el análisis de la fusión a fase 2 y no tomar una decisión temprana sobre el estudio de la operación, por lo que lo deriva a un análisis más extenso. En este nuevo estadio, puede autorizar la operación con compromisos, con condiciones impuestas por el organismo o incluso prohibirla. Según justificó, la decisión se tomó en base a la importancia del sector económico afectado por la operación, el financiero –especialmente el de servicios bancarios y el de servicios de pagos–, al estar las dos entidades presentes en el mercado de producción y distribución de seguros, en el de fondos y planes de pensiones y en el mercado de gestión de activos. Con esta decisión, se abre la puerta a que Gobierno y terceros interesados –como consumidores o asociaciones empresariales– puedan participar en las condiciones que se deben exigir a la operación, basadas en razones de interés general, y determinar si se oponen a la fusión o imponen más condiciones que garanticen la competencia en el mercado. Incluso se podría manejar la opción de elevarlo al Consejo de Ministros. En ese punto es cuando el Ejecutivo, que siempre se ha mostrado contrario a una posible fusión, podría imponer sus propias condiciones o bloquear directamente la operación.
Si se materializara esta compra, el grupo resultante de esta fusión crearía un gigante con un valor en el mercado por encima de los 70.000 millones de euros y con un volumen de activos de 1,037 billones, con datos del cierre del primer trimestre de 2024. Con estas cifras superaría a CaixaBank como mayor entidad bancaria en España y se colocaría justo detrás de Banco Santander si se suman sus negocios internacionales, y tercero en el ranking europeo después de BNP Paribas. La decisión final se demorará seguramente hasta el próximo verano.
