La inmigración irregular se ha convertido en 2024 en uno de los principales problemas de los españoles, según recoge el propio Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Y eso parece que ha azuzado la batalla política ya que ha habido partidos que han tratado de capitalizarlo electoralmente. En este sentido, el CIS ha situado la inmigración como la tercera preocupación de los ciudadanos, una escalada que se ha producido al mismo ritmo que crecía el contador de llegadas a las islas Canarias o se colapsaban los centros de acogida en Ceuta.
Los datos del Ministerio del Interior son contundentes: las llegadas de inmigrantes superan en 2024 en un 59,1% las cifras de 2023. Este año han llegado a nuestro país 42.231 inmigrantes tanto por vía marítima como terrestre frente a los 26.540 que lo hicieron el año pasado. Solo por vía marítima arribaron un total de 40.076 personas a nuestras costas, siendo ésta la principal forma de llegada de la inmigración, frente a los 25.640 del año pasado.
Canarias lanzó un S.O.S. que por ahora no ha sido respondido de manera efectiva: las islas batieron récords, con 30.808 llegadas en 2024, superando las del año pasado, mientras que en Ceuta llegaron 2.155 personas, aumentando un 139,4% con respecto al año anterior.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tampoco parece que haya ayudado, con un discurso contradictorio: pasó de alentar el «efecto llamada» al decir en Mauritania que España iba a contratar 250.000 migrantes a advertir que nuestro país acelerará las expulsiones de todo aquel que entre ilegalmente en el territorio nacional. Además, Frontex advertía de que no había recibido petición alguna del Gobierno para afrontar la crisis migratoria y la Comisión Europea aseguraba que tenía «más ayuda» pero que España tenía que pedirla.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha implorado ayuda ante la «parálisis» en el reparto de menores no acompañados a la par que se llenaban los centros de acogida, continuaban las llegadas masivas, se organizaban motines de inmigrantes en el aeropuerto de Barajas de Madrid, llegaban «aviones patera», algunos solicitantes de asilo huían, otros eran hacinados en las salas de espera, seguían los saltos a la valla...
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tomó la iniciativa e inició una gira por Europa para crear una «alianza contra la inmigración ilegal» y se desplazó a Roma y Atenas, fronteras de la UE, en busca de soluciones al tiempo que rubricaba un acuerdo con el presidente de Canarias que ha tratado de poner en valor en cada una de las reuniones fallidas con el Ejecutivo de Sánchez.
El problema persiste y los partidos siguen sin llegar a un acuerdo mientras se utiliza este drama como arma de desgaste. Desde el Gobierno se presiona por reformar la Ley Extranjería y advierte de que quiere «consensos», pero que este «no se pueden eternizar» mientras negocia en paralelo con Junts. Desde el PP avisan de que «no se puede tratar a los inmigrantes como si fuera paquetería exprés» e insisten en sus exigencias de tomar en cuenta el acuerdo firmado con Clavijo que engloba a 12 comunidades autónomas junto al pacto al que ha llegado Canarias con País Vasco pidiendo que se haga un «reparto extraordinario».
Mientras, los de Carles Puigdemont insisten en su reclamación de tener todas las competencias sobre inmigración para Cataluña, el control fronterizo en puertos y aeropuertos, y la tramitación del Número de Identificación de Extranjeros (NIE), pero reiteran una línea roja en el reparto de menores no acompañados: que Cataluña no entre en él, bajo el aviso de que tienen los siete votos que Sánchez necesita para sacar adelante los Presupuestos.
También Vox presiona con la inmigración y elevó el órdago en julio. Consumó su amenaza y rompió con el PP en todos los gobiernos autonómicos en los que estaban en coalición para que en el nombre de su partido no se llevara a cabo ningún reparto de inmigrantes. Incide de nuevo con ello advirtiendo de que, si hay reparto de «menas», no habrá presupuesto autonómico.
