El Congreso de la República ha justificado la ausencia de entrega de los videos de las cámaras de vigilancia, considerados claves en las investigaciones del caso Jorge Torres Saravia, alegando una supuesta sobrescritura de los datos fílmicos debido a razones de antigüedad. En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, el Poder Legislativo se deslinda de las acusaciones de falta de colaboración en el caso y de la eliminación deliberada de las grabaciones, asegurando que este procedimiento está establecido en directivas previas.
"El sistema del Congreso almacena la información de las grabaciones de video por un período de 25 días, tal como está estipulado en la Directiva 030-2023. (…) Transcurrido este plazo, el sistema opera de forma automática, procediendo a sobrescribir los datos más antiguos para garantizar la grabación diaria. (…) Este proceso automático implica que los datos más antiguos son eliminados únicamente para dar paso a las nuevas grabaciones; no existe intervención manual ni modificación en el sistema", se lee en el comunicado.
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El comunicado llega como respuesta a la solicitud realizada por el congresista Juan Burgos (Podemos Perú), presidente de la Comisión de Fiscalización, al oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, quien fue requerido para entregar los videos de las cámaras de seguridad correspondientes al período entre el 1 de julio y el 31 de agosto en el Complejo Legislativo ubicado en la avenida Abancay, en el Centro de Lima.
En consonancia con lo expuesto en el comunicado, Forno respondió a Burgos señalando que las imágenes no pueden ser entregadas porque ya fueron eliminadas: "Debido a la poca capacidad de almacenamiento de los equipos con que cuenta el sistema de videovigilancia institucional, (...) solamente se guarda información de los últimos veinticinco días, y los archivos anteriores se van borrando. (...) Por lo tanto, no es posible atender la solicitud requerida en el documento de referencia", indicó el oficial mayor del Congreso.
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La Comisión de Fiscalización continúa investigando la presunta existencia de una red de prostitución en el Congreso, vinculada a la abogada Andrea Vidal, quien trabajó en la Oficina Legal y Constitucional bajo la jefatura de Torres Saravia, quien sería el presunto llíder de dicha organización. Según información, Vidal habría contratado personas para actividades sexuales dentro del Congreso, pero recientemente falleció tras ser atacada por sicarios. Torres Saravia niega estas acusaciones.
"Expreso mi malestar, incomodidad y molestia por todo lo que se viene diciendo y por todas las acusaciones que se me están haciendo, sin prueba alguna. Por la forma en que se ha mancillado mi honor y mi carrera profesional de más de 15 años, en los cuales he laborado en diversas instituciones del norte del país y aquí en Lima. (…) En relación con el tema de una posible red de prostitución y proxenetismo en el Congreso de la República, lo rechazo totalmente. Puesto que no ha habido ningún tipo de vinculación de trabajadoras que hayan prestado servicios a funcionarios y congresistas, y mucho menos que estos servicios hayan sido utilizados para obtener votos a favor de ciertos proyectos de ley. Lo rechazo completamente", indico.
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Torres Saravia también opino sobre las investigaciones que lo vinculan dentro del asesinato de Andrea Vidal: "(…) En cuanto a las implicancias en el asesinato de Andrea Vidal Gómez, también lo rechazo totalmente. (…) Es un absurdo que se me imputen hechos que aún están en investigación", fue el descargo del imputado frente a la Comisión de Fiscalización.
Por otra parte, las declaraciones sobre su nombramiento como jefe de dicha oficina han generado cuestionamientos; Giovanni Forno, el oficial mayor del Congreso, admitió haberlo designado, aunque afirmó no recordar quién le entregó su currículum.
El caso ha generado tensiones políticas. La oposición, liderada por congresistas como Carlos Zeballos (Podemos Perú), promueve una censura contra el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, debido a su militancia con Alianza para el Progreso (APP), partido al que estaría relacionado Torres Saravia tras haber sido asesor de Luis Valdez, secretario general de dicha organización política. Sin embargo, los vicepresidentes de la Mesa Directiva, Alejandro Cavero (Avanza País) y Waldemar Cerrón (Perú Libre), defienden a Salhuana y consideran apresurado el pedido de censura.
