En julio, el gobierno serbio volvió a autorizar un proyecto de extracción de litio de la empresa Rio Tinto, que había cancelado en el 2022 como resultado de protestas públicas. En respuesta, miles de personas salieron a las calles de Belgrado para expresar su inquietud por los peligros de la mina para la provisión de agua y la salud pública. No hay que olvidar que Rio Tinto ya demostró voluntad de eludir la normativa medioambiental serbia.
Rio Tinto tiene un largo historial de acusaciones por violación de los derechos humanos y mala gestión y contaminación del agua en sus minas de todo el mundo. Pero el problema no es solo Rio Tinto: la corrupción y la negligencia son endémicas en la industria minera. Una jueza estadounidense condenó a Glencore a pagar $700 millones en multas por un prolongado esquema de sobornos a funcionarios de varios países. En tanto, la gigante minera BHP y su socia brasileña Vale están inmersas en una batalla legal por el colapso del muro de contención de residuos mineros de Fundão, el peor desastre medioambiental de Brasil.
Ahora que la Unión Europea planea aumentar la extracción interna de materiales esenciales para la transición ecológica y para numerosas tecnologías de defensa y productos digitales, los funcionarios y la población quieren garantías de que esas iniciativas sean sostenibles. En tal sentido, el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM, una asociación de la que Rio Tinto es cofundadora y que incluye a Glencore, Vale y BHP) y otros importantes actores de la industria están trabajando en una “iniciativa por un estándar minero consolidado” (CMSI), cuyo objetivo es crear una certificación de responsabilidad en la producción de minerales. Pero en vista de su historial, ¿es admisible dejar que estas megamineras fijen sus propias normas y velen por su propia responsabilidad?
Las normas y certificaciones voluntarias no son nada nuevo. Existen en numerosas industrias, de la agricultura a la construcción, y en el sector minero ya hay muchas iniciativas de esta naturaleza. De hecho, las cuatro asociaciones que lideran la CMSI (el ICMM, la Asociación Minera de Canadá, el Consejo Mundial del Oro y la Marca del Cobre) tienen sus respectivos esquemas de certificación.
Pero evaluaciones de estos sistemas voluntarios realizadas por Germanwatch, Mercedes‑Benz y otras organizaciones han demostrado que en su mayoría carecen de transparencia, rigor y supervisión, y no pueden garantizar el cumplimiento de los requisitos que establecen. En resumen, son una forma elaborada de ecopostureo.
En febrero, la organización Lead the Charge publicó una evaluación de los programas de certificación y acreditación externa en la industria de las materias primas, según una serie de criterios mínimos de credibilidad. El hecho de que el proceso de validación de expectativas de desempeño del ICMM solo cumpliera el 16% de los criterios habla por sí solo.
Estas falencias suponen consecuencias reales para los pueblos indígenas, los trabajadores y las comunidades locales. Según el Centro de Recursos sobre Empresas y Derechos Humanos, los miembros del ICMM, sea a través de la propiedad directa o de emprendimientos conjuntos, equivalen a más de la mitad de las veinte empresas responsables de la mayoría de las acusaciones por violación de los derechos humanos en la extracción de minerales críticos.
Gobiernos e instituciones financieras de todo el mundo están canalizando miles de millones de dólares hacia proyectos mineros sobre la base de certificaciones voluntarias como la CMSI propuesta. Por ejemplo, la Ley sobre Materias Primas Fundamentales de la UE usa estas certificaciones como prueba de que las empresas obtienen sus recursos en forma responsable. Y el 78% de las automotrices evaluadas en el estudio de Lead the Charge las usa como base para sus decisiones de compra, sobre todo, ahora que avanza la adopción de los vehículos eléctricos.
De hecho, un análisis reciente de la CMSI propuesta, realizado por asociaciones que representan a pueblos indígenas, organizaciones de la sociedad civil y expertos en formulación de políticas, destacó varias falencias que suponen perjuicio para las comunidades y, en particular, un riesgo para las automotrices.
La norma establece tres niveles de desempeño (prácticas básicas, buenas prácticas y prácticas líder), pero los requisitos del nivel básico (un nivel que las empresas tienen permitido no alcanzar mientras se realiza el proceso de certificación) no están en sintonía con el derecho internacional, la normativa jurídica y estándares ampliamente aceptados como las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional. De modo que las empresas mineras no estarían obligadas a resolver violaciones graves de los derechos humanos, y esto puede generar sanciones para las automotrices que utilicen sus insumos.
Además, el proyecto de norma no protege el derecho de los pueblos indígenas (los más afectados por la minería) al consentimiento libre, previo e informado, derivado del derecho de esos pueblos a gobernar sus territorios y recursos y a la autodeterminación. La protección de ese derecho debe ser un requisito mínimo del nivel de desempeño básico.
Pero la idea misma de que el respeto de los derechos fundamentales pueda desglosarse y parcelarse en distintos niveles de desempeño muestra de qué manera el diseño de la CMSI es defectuoso. Esta modalidad será incluso más perjudicial para las comunidades indígenas, porque más de la mitad de los minerales críticos se encuentran en sus tierras o cerca de ellas.
Por más que el ICMM y sus integrantes (incluidos miembros del grupo consultivo de la CMSI como BMW y Tesla) intenten presentar la norma como una herramienta para la minería responsable, no es sino un intento de la industria de mostrarle una cara limpia y ecológica a la opinión pública. Si prospera, la CMSI consolidará el poder y la influencia de gigantes mineras como Rio Tinto, Glencore y BHP y les permitirá actuar con impunidad mientras ofrecen falsas garantías a las principales partes interesadas.
En vez de hacer posible una transición energética justa, la CMSI permitirá a las industrias extractivas anteponer sus ganancias a la pureza del aire y del agua limpios, a los derechos humanos y a la habitabilidad del planeta, y expondrá a automotrices, gobiernos e inversores a riesgos para su reputación. En un contexto de demanda creciente de minerales necesarios para la transición energética, es más importante que nunca establecer altas expectativas y normas sólidas y verificables para el sector minero.
Chelsea Hodgkins es activista sénior para el área de Vehículos Eléctricos en el Programa para el Clima de Public Citizen.
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