Los números de régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) son angustiantes. Este año, el fondo consumirá ¢222.728 millones –casi la totalidad de los intereses generados por las inversiones– para poder cubrir las pensiones de los 376.885 jubilados. Si a eso se suma que el año pasado debió usar ¢188.800 millones –el 75% de los intereses– para satisfacer los compromisos, es evidente y preocupante ver cómo se vulneran sus reservas.
No hay que perder de vista que, en tan solo 10 años, en el 2035, el mayor fondo de pensiones del país entrará en fase crítica porque los ingresos por cotizaciones serán insuficientes para cubrir los gastos y, 12 años después, en el 2047, se agotarán las reservas. Estas son las proyecciones de la Valuación Actuarial del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), con fecha al 31 de diciembre del 2022, elaborada por la Dirección Actuarial y Económica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Conociendo tales advertencias, consumir todos los intereses de la reserva a tan solo una década de llegar a la fase crítica, no es buen presagio. El Ministerio de Hacienda tiene buena parte de la responsabilidad por no transferir, en su totalidad, los aportes que el Estado debe hacer al fondo. Actualmente, esa cuota equivale al 1,57% del salario de cada trabajador.
Grave es que la morosidad se convirtió en una situación recurrente. En el 2023, la CCSS previó cuotas estatales por ¢275.859 millones, pero solo le transfirieron ¢212.400 millones, para un faltante de ¢63.459 millones. La misma historia se repitió este año: calculó ¢300.571 millones, pero Hacienda solo reservó ¢229.000 millones, un hueco de ¢71.571 millones. La congoja continuará en el 2025, cuando la CCSS espera ¢351.752 millones, aunque Hacienda presupuestó ¢290.073 millones, ¢61.679 millones menos.
Con los déficits recurrentes, la deuda de Hacienda con el régimen de pensiones creció a ¢719.229 millones en octubre, un aumento del 45,3% en relación con los ¢494.866 millones registrados en el mismo mes del 2023.
La ajustada situación financiera, de la cual informó La Nación el 17 de diciembre, se complica porque, también a octubre, los ingresos del IVM por contribuciones y ganancias de las inversiones de la reserva llegaron a ¢1.628.424 millones, frente a egresos por ¢1.612.456 millones. Entonces, solo hubo un excedente de ¢15.968 millones.
Pero hay que tomar en cuenta el peso de 21.000 nuevos pensionados (5,8% más) entre octubre del 2023 y octubre de este año. Cinco mil de ellos pagaron el anticipo para evitar las normas más estrictas de jubilación que entraron en vigor el 11 de enero.
Otro elemento que causa desolación es que el gobierno abandonó la mesa de diálogo convocada por la Superintendencia de Pensiones (Supén) para buscar soluciones al déficit actuarial de ¢74,6 billones que afronta el IVM. Como dijimos en otro editorial, era un hecho que se veía venir desde que el presidente Rodrigo Chaves anunció su renuncia a presentar una propuesta para evitar el colapso, con los alegatos de que “no vale la pena dividir al país” y “hay que esperarse a que haya una mejor Asamblea Legislativa en el 2026″.
Darle largas al diálogo y a las soluciones solo vulnerará más las finanzas y la confianza en el IVM. Aún queda tiempo suficiente para definir medidas y, sobre todo, para aplicarlas gradualmente y no de golpe. Es necesario también que se comprenda que si el régimen entra en crisis, será el Estado el que deba asumir el déficit financiero. Hay soluciones posibles, pero no hay tiempo que perder. El diálogo oportuno es imprescindible.
