En el marco del anuncio de un aumento del salario mínimo, la presidenta Dina Boluarte se pronunció sobre el panorama económico del país para este año. Según la mandataria, su gobierno ha trazado un "camino de recuperación económica" basado en "estrategias claras y decididas".
"Cuando asumimos el Gobierno, recibimos un país golpeado por una profunda recesión económica, las secuelas de una pandemia que afectó nuestras vidas, una crisis política que nos dividió y los embates de fenómenos naturales que dejaron cicatrices en nuestras comunidades y en nuestras almas. Sin embargo, frente a esta adversidad, no nos quedamos de brazos cruzados. Trazamos un camino de recuperación económica con estrategias claras y decididas para devolverle al Perú la esperanza y el dinamismo económico", indicó.
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Además, Boluarte aseguró que el factor primordial en la recesión económica de 2023 fueron las manifestaciones en distintos puntos del país contra su gobierno. Para la mandataria, estas protestas, que resultaron en la muerte de más de 40 personas debido a la represión policial, "paralizaron" al país bajo "odios e ideologías injustificadas".
"Debemos recordar que, en 2023, nuestra economía experimentó una caída (...) y no podemos perder la memoria. Es bueno recordar que esto fue consecuencia de aquellas 500 manifestaciones violentas que intentaron paralizar al país. Por ello, al mirar el crecimiento económico (...), no es bueno detener al país cargándose de odios e ideologías que no ayudan. Todo lo contrario: tenemos que sumar, no restar", señaló.
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A pesar de las declaraciones de la presidenta, la realidad parece ser más compleja. En La República, entrevistamos a tres especialistas en investigación económica, quienes ofrecieron análisis fundamentados sobre las afirmaciones de Boluarte.
Daniel Javes Pertuz, economista y candidato a máster por la Universidad de Bocconi (Italia), además de exinvestigador de la Universidad de Columbia (EE. UU.), consideró que existen más factores, además de la inestabilidad política, como causas de la recesión. En su opinión, culpar a los manifestantes resulta irresponsable.
"La presidenta Boluarte está evadiendo responsabilidad en sus declaraciones. Si bien la inestabilidad política es un factor importante en la crisis, es irresponsable atribuir toda la culpa a los manifestantes. Una crisis económica difícilmente se explica por un solo evento. En este caso, la inestabilidad en el liderazgo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el insostenible aumento del déficit fiscal y el debilitamiento del Consejo Fiscal son causas mucho más concretas, presentes a lo largo de su gobierno, y responsabilidad de ella y del Legislativo", afirmó.
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Según Javes Pertuz, una evidencia clara de esta responsabilidad se encuentra en el informe financiero de S&P Global Ratings: "La rebaja de la calificación crediticia de nuestro país en abril de este año por parte de S&P Global Ratings es una muestra de esta responsabilidad. En su informe, la institución financiera enfatiza la insostenibilidad fiscal y la fragmentación institucional como causas del debilitamiento de la confianza de los inversores en el Perú".
Johann Lázaro, economista de la Universidad del Pacífico (UP) y reciente ganador del Premio Nacional de Investigación Renzo Rossini del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), sostuvo que la recesión no puede atribuirse únicamente a las protestas contra el gobierno de Boluarte, ya que esto desvía la atención de la falta de gestión de la mandataria durante la crisis.
"Si bien las protestas y el clima de conflictividad a inicios de 2023 generaron desconfianza y afectaron la inversión privada, esta situación pudo haberse mitigado con una gestión eficiente de la inversión pública. El gobierno tuvo la oportunidad de impulsar proyectos clave a través de los gobiernos subnacionales, pero la ejecución presupuestal en varios departamentos también mostró niveles deficientes durante ese año. En lugar de ser un motor para contrarrestar la desaceleración económica, la inversión pública se convirtió en otro punto débil de una estrategia que falló en reactivar la confianza y dinamizar la economía", señaló Lázaro.
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Por su parte, Naomi Rodríguez, también economista por la UP e investigadora en economía aplicada, consideró que el discurso de Boluarte es parte de una narrativa que estigmatiza la protesta social y omite el impacto de otros factores igualmente relevantes en el análisis económico. Según Rodríguez, la falta de coordinación entre el Gobierno central y los gobiernos subnacionales desempeñó un papel crucial en la gestión de la crisis.
"Si bien las movilizaciones afectaron la actividad económica a inicios del año pasado, la recesión de 2023 fue resultado de una combinación de elementos internos y externos. Entre estos destacan los embates del Fenómeno El Niño y las sequías, que golpearon la producción agrícola; el alza global de precios de alimentos y fertilizantes, que redujo el poder adquisitivo de los hogares; y una menor demanda internacional de productos no tradicionales, especialmente en mercados como el estadounidense. En cuanto al gasto, el decrecimiento se debió, además de la contracción de la inversión privada, a la falta de coordinación entre la gestión de Boluarte y los gobiernos subnacionales, así como a la desaceleración del consumo privado", concluyó la economista.
