Organizaciones locales de la comuna de La Higuera y representantes de la sociedad civil presentaron recursos de casación en la forma y en el fondo ante la Corte Suprema, buscando que el máximo tribunal anule la sentencia del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta (1TA) el cual declaró que el rechazo unánime entregado al proyecto Dominga por el Comité de Ministros fue ilegal y le ordenó a esta instancia una nueva votación.
“Recurrimos a la Corte Suprema porque estimamos que la sentencia del Tribunal Ambiental de Antofagasta contiene claras ilegalidades al olvidar su rol, que es el de revisar las decisiones de la administración y no la de forzar la aprobación de proyectos”, aseveró Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG FIMA. “Creemos que en este caso se incumple la ley 20.600 que crea a los tribunales ambientales, por lo que esperamos que la Corte Suprema conozca y finalmente anule la sentencia”, agregó el abogado que representa a Oceana en la causa.
Las acciones presentadas son dos recursos, el primero una casación de forma y fondo a nombre de la ONG Oceana y otra casación en el fondo presentada por la Asociación Gremial de Pescadores y Mariscadores de Los Choros junto a personas naturales. En los recursos se exponen los argumentos que, según los recurrentes, demostrarían que el Tribunal Ambiental, a través de su sentencia, hizo un esfuerzo evidente por darle todo el respaldo al proyecto Dominga, ampliando sus atribuciones más allá de lo razonable y lo posible, por lo que solicitan que la Corte Suprema anule la sentencia, y lo más importante, declare que la resolución del Comité de Ministros que rechaza el proyecto fue dictada conforme a derecho.
“El recurso de casación en el fondo, apunta a hacer ver a la Corte Suprema que, contrario a lo que indica el Tribunal Ambiental, el expediente del proyecto demuestra que este no es viable”, indicó Marcos Emilfork, Coordinador Jurídico de ONG FIMA y representante la Asociación Gremial de Pescadores y Mariscadores de Los Choros, Javiera Espinoza, Cristóbal Diaz de Valdés y Nancy Duman. “En su argumentación, el Tribunal termina infringiendo una serie de reglas básicas del derecho público y del derecho ambiental en particular”, agregó el abogado.
A estas acciones, se espera que también se sumen del Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera (MODEMA), de la APR de Los Choros y de la Asociación de Pequeños Agricultores de Los Choros.
“Vamos a presentar las acciones correspondientes ante la Corte Suprema para solicitarle que revise la decisión del Tribunal Ambiental de Antofagasta, que lamentablemente no se ajusta a derecho”, señaló la abogada Alejandra Donoso, directora de Defensoría Ambiental y que representa a distintas comunidades locales que se oponen al proyecto minero portuario de Andes Iron.
Desde que se dio a conocer la sentencia del Tribunal Ambiental de Antofagasta, han sido diversas las manifestaciones, cartas abiertas al Presidente de la República y columnas de opinión de representantes de la ciencia, que han expresado el rechazo al proyecto minero portuario que impactaría en el Archipiélago de Humboldt.
Hace unos días, organizaciones de pescadores y otros actores locales se tomaron la carretera para mostrar su descontento con el proyecto Dominga. La acción de bloqueo tuvo como objetivo llamar la atención sobre los riesgos que este proyecto representa para las fuentes laborales de la comunidad y el equilibrio medioambiental de la zona.
Además, una delegación de representantes de La Higuera y de diversas organizaciones ambientales de Coquimbo, llegó hasta Santiago con el propósito de entregar una carta al presidente Gabriel Boric, instándolo a mantener el rechazo al proyecto y garantizar la protección del Archipiélago, reconocido a nivel mundial como un ecosistema de gran importancia. La carta expresa la preocupación de la comunidad frente a los impactos sociales y ambientales que acarrearía la implementación del proyecto Dominga en un lugar que la ciencia históricamente ha señalado como crucial y necesario de preservar.
En 2013, el proyecto minero portuario Dominga, que consiste en dos minas a rajo abierto, un mega puerto, una planta desaladora, un depósito de relaves para la extracción de hierro y concentrado de cobre en un periodo de 22 años, entró a evaluación ambiental. En 2017, tanto la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo como el Comité de Ministros, definieron el rechazo del proyecto minero portuario de Andes Iron, argumentando que éste presentaba una deficiente línea de base del medio marino, subestimaba su área de influencia y no caracterizaba las rutas de navegación, poniendo en riesgo uno de los ecosistemas marinos más biodiversos de toda la corriente de Humboldt y donde, recordemos, se creó la reciente área marina costera protegida de múltiples usos Archipiélago de Humboldt.
Desde entonces, la empresa Andes Iron decidió buscar la aprobación del proyecto por vías judiciales, las que hasta ahora han fracasado. De hecho, Dominga ha sido rechazada dos veces por el Comité de Ministros, y en dos oportunidades la Corte Suprema ha revisado las sentencias del Tribunal Ambiental; la primera vez, estableció que el rechazo entregado al proyecto en 2017 fue legal, al contrario de lo que proponía la empresa, y ordenó al Tribunal Ambiental referirse a los aspectos técnicos que motivaron ese rechazo. En la segunda oportunidad, la Suprema determinó que el caso debía resolverse a nivel administrativo, es decir, dejó la decisión en el Comité de Ministros, instancia que rechazó por segunda vez el proyecto Dominga, resolución ante la cual la empresa volvió a apelar ante el Primer Tribunal Ambiental, y cuya sentencia se conoció este mes generando una serie de repercusiones a nivel nacional y la clara desaprobación por el impacto que éste tendría en el área marina costera protegida declarada por el gobierno en 2023.
