Adeslas, la aseguradora preferida por el 47 por ciento de los mutualistas de Muface, anunció este vienes en un comunicado que no concurrirá al nuevo concierto para prestar asistencia sanitaria a los funcionarios, al considerar insuficiente la última propuesta económica del Gobierno . Esta negativa deja en el aire la atención médica de 1,5 millones de empleados públicos y familiares, que hasta ahora contaban con el derecho reconocido de poder elegir cada año entre sanidad pública o concertada. Adeslas calcula que si se renueva el concierto en las condiciones planteadas acumularía unas pérdidas de 250 millones de euros en los tres próximos ejercicios. El Gobierno, que sabe desde noviembre que las aseguradoras no pensaban renovar el concierto por dos años con un aumento de solo el 17 por ciento, se limitó a modificar la oferta elevándola un 33,5 por ciento, pero por tres años. De las tres aseguradoras que hoy prestan el servicio, DKW y Adeslas han reconocido que no les salen los números y Asisa, que por tamaño no podría asumir el convenio sola, afirma que sigue estudiándolo. El actual acuerdo termina este 31 de diciembre, pero el Gobierno asegura que lo puede prorrogar varios meses. Sin embargo, los funcionarios afirman que esta incertidumbre ya está repercutiendo en tratamientos aplazados y generando todo tipo de problemas. El tira y afloja en torno a Muface se ha convertido en un espectáculo lamentable, en el que cabe una gran responsabilidad al ministro de Transición Digital y Función Pública, Óscar López, quien no ha mostrado el grado de atención e implicación que debería. ¿Puede alguien imaginarse que el Gobierno convirtiera en un espectáculo público la subasta que realiza periódicamente entre los laboratorios para surtir las existencias de medicinas de la sanidad española? A nadie se le ocurriría que los enfermos de cáncer o los diabéticos se enteraran de que quizá nadie quiera surtir su fármaco a un precio determinado. Ese escrúpulo, en el caso de Muface, no existe y la razón es que el Gobierno ha preferido, por razones no explicadas, que los funcionarios sean los rehenes de esta negociación. Mientras una parte importante de los ministros se dedica a defender a los familiares del presidente del Gobierno y a conspirar para exponer los problemas tributarios de un particular, la parte de Sumar del mismo está decidida a acabar con el modelo de Muface, tal como figura en su programa electoral, que repudia la colaboración público–privada. La ministra de Sanidad ya ha publicado un informe en el que afirma que cree que es perfectamente «viable y razonable» que los funcionarios cubiertos por Muface migren al Sistema Nacional de Salud, cuestión que a juicio de las comunidades autónomas, que son las que realmente prestan el servicio, no está nada claro. Diga lo que diga la ministra Mónica García, el desembarco de 1,5 millones de empleados públicos y sus familiares en el sistema de una sola vez supone un desafío nada despreciable . Pero para los afiliados a Muface, además, será un acto de discriminación porque las otras dos mutualidades públicas –Mugeju, de los empleados de la Administración de Justicia con 91.000 beneficiarios, e Isfas, la de los guardias civiles y militares, con otras 550.000 personas– han renovado sus conciertos. En el caso de Muface, el colectivo tiene una edad media mayor y genera más gasto por afiliado. Y aunque los funcionarios más jóvenes opten de manera creciente por la sanidad pública, todavía el 85 por ciento de los funcionarios elige la atención privada.
