El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado este viernes la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2025, que entrará en vigor el día 1 de enero. Estos presupuestos están enfocados a seguir reforzando el bienestar social, incentivar el desarrollo económico e impulsar la Estrategia frente a la Despoblación en la región . Las cuentas para 2025, que fueron aprobadas por las Cortes regionales el pasado 19 de diciembre, ascienden a un montante de 12.716 millones de euros, con una variación del 1,9 por ciento respecto a 2024, según ha informado la Junta en una nota de prensa. Tal y como manifestó el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina , durante el pasado pleno, este Presupuesto «se ajusta a las necesidades y demandas del conjunto de la ciudadanía, garantizando la senda de crecimiento y bienestar que se inició con éxito en 2015». Los presupuestos se han elaborado y tramitado en un marco de normalidad y estabilidad política e institucional, con el horizonte puesto en cuatro grandes objetivos como son redistribuir la riqueza que como sociedad se genera, a través de la sanidad, educación y servicios sociales, blindando los servicios públicos fundamentales; e incentivar la actividad económica y la modernización del tejido productivo, promoviendo la transición ecológica y la transformación digital. Los otros dos objetivos son impulsar la Estrategia Regional frente a la Despoblación, financiando las políticas dirigidas a mejorar la calidad de vida de estas zonas, favoreciendo la implantación y el mantenimiento de actividad empresarial, incrementando los servicios públicos e impulsando medidas dirigidas a la conciliación, apoyo a las familias, la inclusión social y acceso a la vivienda; y mantener el carácter inversor de estas cuentas, inherente a los presupuestos que se vienen elaborando desde 2015, para ampliar y modernizar las empresas e infraestructuras que permitan mejorar la calidad de vida de los servicios públicos de la Administración regional. En definitiva, cuatro grandes líneas para seguir generando riqueza y empleo, manteniendo el principal hilo conductor de la gestión del Ejecutivo autonómico desde el 2015, que es crecer para compartir. En el Gobierno de Castilla-La Mancha defienden que desde el comienzo de la elaboración de estas cuentas, ha mostrado su compromiso con la responsabilidad fiscal y la prudencia en cuanto a la estimación de ingresos y con moderación a la hora de determinar los gastos, haciendo compatible la congelación de la presión fiscal y la contención del endeudamiento, cumpliendo con los compromisos adquiridos con la ciudadanía. Es un presupuesto, alegan, que se ha elaborado en un escenario de normalidad y estabilidad política e institucional, que tiene el doble respaldo en el marco de diálogo social que se ha mantenido desde el inicio con los agentes sociales, así como el aval de los principales indicadores económicos, que ponen de manifiesto la confianza de los empresarios a la hora de invertir en la región. En relación con el gasto social, se destinarán 7.125 millones de euros, 2.625 millones más que lo presupuestado en 2015 para financiar los servicios públicos que sustentan el Estado del Bienestar como son la sanidad, la educación y los servicios sociales. Es decir, el 72 por ciento del gasto no financiero se destinará a fortalecer el sistema del bienestar y la protección social de la que se ha dotado a Castilla-La Mancha. De esta manera, siete de cada diez euros tienen como destino los servicios fundamentales, para aumentar los profesionales sanitarios y docentes, invertir en equipamiento e infraestructuras y avanzar en innovación y digitalización. Esto va a permitir consolidar la modernización del sistema de salud de la región, mejorar la calidad y la excelencia educativa y fortalecer la atención a los colectivos más vulnerables. Por otro lado, en cuanto a las políticas de gasto dirigidas a incentivar el crecimiento y el empleo desde una visión de sostenibilidad, a ello se destinarán 3.080 millones de euros, 1.200 millones más que en 2015, un 64 por ciento. Esta cuantía irá encaminada a impulsar el empleo en la región, a la modernización del tejido productivo y empresarial, al incentivo de la transición ecológica, a la mejora de la tecnología de los servicios públicos, al fortalecimiento del sector primario y a la inversión en vivienda y transporte. Además, se vuelve a contemplar en las políticas presupuestarias el impacto del reto demográfico. Así, la Estrategia Regional frente a la Despoblación dispondrá de 2.037 millones , un seis por ciento más que la dotación prevista en 2024, distribuidas en cuatro ámbitos: servicios públicos, ámbito económico, social y territorial. Por su parte, las operaciones de capital, es decir, las inversiones que se destinan a favorecer la actividad productiva y de ampliación de infraestructuras en el ámbito de los servicios públicos, cuentan con 1.459 millones de euros, duplicando su cuantía en los últimos diez años. Este volumen de recursos va a permitir incidir en la modernización del tejido empresarial, la transición ecológica y la transformación digital e I+D; continuar invirtiendo en infraestructuras dirigidas a la mejora de la calidad de los servicios públicos y continuar con el desarrollo de infraestructuras básicas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y contribuyan a mejorar la competitividad empresarial.
