El plan del gobierno que pretende transferir la competencia exclusiva de otorgar certificados de uso de suelo para instalar rellenos sanitarios, del ámbito municipal al Ministerio de Salud, podría presentar roces constitucionales, según un criterio de la Procuraduría General de la República.
El Poder Ejecutivo planteó hacer el cambio mediante una reforma a la Ley de Planificación Urbana, con el fin de facilitar la apertura de nuevos espacios para el tratamiento de los residuos sólidos. El gobierno alega que existe una imposibilidad de avanzar en la creación de nuevos vertederos por la indisposición de los gobiernos locales de permitir que estas alternativas se instalen en sus territorios.
No obstante, el abogado del Estado concluyó que el otorgamiento de los certificados de uso de suelo “es una competencia eminentemente municipal”, porque se trata de un instrumento para garantizar el cumplimiento del Reglamento de Zonificación, que forma parte del plan regulador local.
“De tal forma, trasladar la competencia de otorgar los certificados de uso de suelo para la instalación de rellenos sanitarios al Ministerio de Salud podría presentar roces de constitucionalidad, puesto que, según lo expuesto, el otorgamiento de esos certificados está cobijado por la competencia municipal, conferida en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, de administrar los intereses y servicios locales”, explicó la procuradora Elizabeth León Rodríguez, en un criterio enviado a la Asamblea Legislativa.
Diputados rechazan dar al Ministerio de Salud potestad clave para nuevos rellenos sanitarios
Igualmente, aclaró que los gobiernos locales son competentes para regular el desarrollo urbano de su cantón, siempre que se haga mediante la emisión de un plan regulador y los reglamentos de desarrollo urbano que lo complementan, como el de Zonificación.
En este sentido, los certificados de uso de suelo acreditan cuál es el uso permitido para un terreno, según los requerimientos de la zonificación vigente, por tanto, juegan un importante papel en el cumplimiento de los instrumentos de planificación urbana.
El gobierno argumenta que el proyecto es necesario para atender la crisis sanitaria que se podría presentar a partir del 2025, ya que la Gran Área Metropolitana (GAM) quedará con un solo lugar para llevar los desechos que generan sus habitantes: el PTA Aczarri, en El Huazo de San Miguel de Desamparados. Esto porque ya está en marcha el cierre del Parque de Tecnología Ambiental Uruka, conocido popularmente como relleno sanitario de La Carpio.
Otro elemento importante que señala el criterio jurídico es que los certificados de uso de suelo “no son actos discrecionales”, sino que se otorgan conforme con lo que se establezca en la zonificación correspondiente.
Por lo tanto, “aunque fuese posible interpretar que el traslado de esa competencia no lesiona la autonomía municipal de atender los intereses y servicios locales, debe tenerse claro que el Ministerio de Salud no podría otorgar los certificados de uso de suelo de manera discrecional, sino que, esos certificados seguirían siendo actos reglados que deben sujetarse a la zonificación vigente en la circunscripción territorial vigente”.
León recomendó analizar si realmente una reforma como la propuesta por el gobierno, implicaría un cambio significativo en la gestión del problema del tratamiento final de los residuos sólidos, porque aun cuando el Ministerio de Salud tenga la potestad de otorgar los certificados de uso del suelo, “no podría otorgarlos discrecionalmente, desatendiendo lo dispuesto en la zonificación aplicable”.
En su lugar, sugirió valorar si los esfuerzos deben enfocarse en que se cumplan las disposiciones que ya contempla la Ley de Planificación Urbana y analizar si el problema de disposición final de residuos requiere una reforma legislativa como la propuesta o si se trata, más bien, de un problema práctico.
La iniciativa de ley del Poder Ejecutivo se tramita bajo el expediente 24251. El pasado 10 de diciembre recibió un dictamen afirmativo de mayoría de la Comisión de Ambiente del Congreso. No obstante, el foro avaló un texto sustitutivo que eliminó la propuesta del gobierno de trasladar la competencia municipal al Ministerio de Salud, por considerar que la modificación es inconstitucional.
Los diputados Manuel Morales y Daniela Rojas, del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), respectivamente, argumentaron que votaban a favor de la iniciativa para que la misma pueda avanzar en su trámite legislativo y que presentarían mociones para regresar el proyecto de ley a su versión original, la presentada por el gobierno.
El oficialista Morales también adelantó que su bancada podría retirar el apoyo al proyecto del Poder Ejecutivo, si los cambios no prosperan.
La versión original del plan estipulaba que “la emisión de certificados de uso de la tierra para la instalación de estructuras dedicadas a la disposición final de residuos corresponderá al Ministerio de Salud y no a las municipalidades”.
