La Guardia Civil en una operación conjunta con Interpol y la Policía Nacional de Colombia, ha desarticulado una red criminal internacional que había defraudado en nuestro país, más de 150.000 euros a un total de 250 víctimas, a través de estafas de ventas de animales de compañía. Hay un total de 28 personas detenidas y 30 investigadas entre España y Colombia, a los que se les atribuye 681 delitos, aunque las investigaciones continúan abiertas y podrían alcanzar el millar.
La Guardia Civil ha esclarecido un total de 681 hechos delictivos: 335 estafas, 158 usurpación de estado civil, 95 falsificación de documentos, 33 amenazas, 60 blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La organización ha logrado un volumen de más de 35 millones de euros en transacciones con criptomonedas, y ha llegado a ingresar más de tres millones de euros en efectivo a lo largo del territorio español.
La operación se inició tras una denuncia por estafa, tras pagar por la compra de una mascota que nunca llegó a recibir. El dinero obtenido de las estafas era ingresado en cuentas bancarias y, posteriormente, convertido en criptomonedas para ser transferido a cuentas de la organización. Las estafas se centraban en la supuesta venta de perros de compañía ofertadas por unos 500 euros a través de diversos portales de compraventa. Para ganar la confianza de las víctimas, los estafadores enviaban documentos de identidad usurpados, previamente obtenidos de otras personas estafadas.
Tras recibir el primer pago, los presuntos vendedores exigían un segundo pago y si la víctima se negaba, era amenazada de muerte mediante mensajes o llamadas telefónicas. Las amenazas incluían imágenes intimidatorias de armas de fuego, para asegurar que la víctima realizara el pago del transporte. Las primeras investigaciones culminaron con la detención de un implicado en la provincia de Valencia, que fue el arranque de esta macro investigación.
Las criptomonedas eran empleadas como una herramienta estratégica para dificultar la detección de los fondos ilícitos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Un punto clave de la investigación fue la implicación del propietario de un locutorio, quien aprovechaba su actividad laboral y conocimiento del sector para actuar como testaferro en España. Tanto el dueño como su pareja, ingresaron unos tres millones de euros mediante cajeros automáticos distribuidos en diversas provincias españolas. Estos fondos eran posteriormente convertidos en criptomonedas y enviados a cientos de direcciones de criptomonedas, dificultando su rastreo.
En los escalones más bajos de la organización, diferentes personas ubicadas en España y Colombia se encargaban de la apertura de cuentas bancarias donde sería depositado el dinero procedente de las estafas. En un segundo escalón, los miembros se encargaban de recepcionar el dinero, convertirlo en criptomonedas y depositarlo en direcciones de criptomonedas descentralizadas. Éstas eran operadas a su vez por miembros de la organización ubicados en Colombia y Camerún; siendo estos últimos los principales líderes.
Las víctimas han sido identificadas en 43 provincias de la geografía española: Zaragoza, Badajoz, Castellón, Madrid, Córdoba, Huesca, Jaén, Logroño, Cantabria, Sevilla, Toledo, Valladolid, Cáceres, Vigo, Vizcaya, Valencia, Barcelona, Granada, Almería, Huelva, A Coruña, Albacete, Asturias, Navarra, Murcia, Alicante, Pontevedra, Guadalajara, Girona, Ceuta, Burgos, Orense, Palencia, Málaga, Álava, Ciudad Real, Cádiz, Cuenca, Zaragoza, Tenerife, Tarragona, Islas Baleares, Las Palmas y Zamora.
