Con la primera Constitución federal mexicana, promulgada en 1824, quedaron constitucionalmente reconocidos como integrantes de este pacto federal pionero las entidades que lo signaron. Se cumplieron en consecuencia 200 años de tal acontecimiento en este 2024 que está por terminar. En la mayoría de esas entidades, su respectivo Congreso local adquirió también el carácter de bicentenario, lo cual a su vez fue motivo de celebraciones diversas.
Como en el caso del Congreso de Coahuila, que nació como Congreso de Coahuila y Tejas y tuvo su primera Constitución en edición bilingüe, ya que por razones de orden práctico muy pronto fue necesario traducirla al inglés, además de que en sus primeras legislaturas se contó con la participación de diputados tejanos de origen anglosajón. En fin, es un Congreso local con una historia muy rica por diversos conceptos.
Fue por lo anterior un acierto que la Legislatura de Coahuila en funciones, presidida por la Dip. Luz Elena Morales Núñez, haya publicado una Memoria del bicentenario del Congreso de Coahuila, 1824-2024, bajo la diligente coordinación del maestro Alberto Boardman. Se trata de una magnífica y muy cuidada edición de 270 páginas, elaborada con aportaciones de historiadores, periodistas, politólogos y exlegisladores (entre ellos, el autor de estas líneas), quienes con sus colaboraciones ofrecen una visión muy completa y crítica de lo que han sido dos siglos de desempeño legislativo local.
Entre otras aportaciones valiosas, la Memoria trae los nombres, por orden cronológico, de todos quienes han sido diputados locales de Coahuila entre 1824 y 2024, incluidos en su caso los nombres de los respectivos suplentes.
Con el título de “Evolución histórica del Congreso del Estado de Coahuila”, la Memoria incluye (pp. 53 a 59) un breve ensayo escrito por el respetado periodista de Saltillo Jorge Sosa del Bosque. En un pasaje de su ensayo, el autor dice lo siguiente:
“El 15 de noviembre de 1982 rindieron protesta los 16 diputados que integraron la XLIX Legislatura e iniciaban la primera sesión en la entonces ‘Sala de Comisiones’. En esa primera sesión, el diputado del PAN, Juan Antonio García Villa, dijo que las sesiones deberían ser públicas, pues así lo establecía la Constitución. La observación fue tomada en cuenta por el diputado Félix Campos Corona, quien presidía la Gran Comisión del Congreso y dispuso que las sesiones se desarrollaran en el Salón de Sesiones. Es a partir de entonces, hace 44 años, que el público puede asistir y escuchar los debates de los diputados”.
Don Jorge Sosa da cuenta de ese acontecimiento de manera suave y tersa. Pero en realidad fue una escaramuza nada fácil, que requirió decisión y firmeza. En efecto, me tocó, junto con David Dovalina González (QEPD), integrar en Coahuila la primera diputación de oposición verdaderamente independiente en décadas.
Don David y yo sabíamos que, a pesar de lo que ordenaba entonces y ordena aún el artículo 54 de la Constitución estatal, en el sentido de que las sesiones de los diputados debían y deben ser públicas, desde tiempos remotos se había establecido la práctica de realizarlas en privado; eran algo así como tertulias de legisladores. Alegaban que el salón de sesiones, con butaquería para que el público pudiera asistir y presenciarlas, decían que era solo para ser utilizado cuando el gobernador rendía su informe anual y en otras solemnidades. Luego de una serie de estira y afloja y ante la contundencia del texto constitucional, el oficialismo coahuilense cedió y desde entonces todas las sesiones ordinarias son públicas.
Así, con avances como el mencionado, que parecían pequeños, pero tenían su importancia, se fue construyendo un parlamentarismo local que lamentablemente no alcanzó a consolidarse ni avanzó lo suficiente. Hoy, tristemente, ha llegado a niveles de ignominia, como quedó demostrado con la actitud lacayuna y servil que los Congresos locales observaron en los últimos tres procesos de modificaciones a la Constitución para aprobar, de manera mecánica, como por reflejo condicionado, la llamada reforma judicial, la de supremacía constitucional y la extinción de los organismos constitucionales autónomos. Y la lista no ha parado, sigue.
