Quito.- El horror se instaló en Ecuador con el hallazgo de cuatro cuerpos calcinados cerca de una base de la Fuerza Aérea, en la víspera de Navidad, en medio de la búsqueda infructuosa de cuatro menores desaparecidos tras un operativo militar el 8 de diciembre.
Hasta ahora solo hay pistas macabras: los cadáveres calcinados, un video difundido por el Congreso en el que se observa la supuesta captura de uno de los niños y 16 militares vinculados al caso bajo custodia.
La justicia determinó que los menores de entre 11 y 15 años fueron víctimas de desaparición forzada a manos de militares durante un operativo.
Las versiones contradictorias entre el gobierno, otras autoridades, organizaciones de derechos humanos y familiares levantan un manto de duda en un país golpeado por la violencia y bajo la presión militar que lucha contra las bandas del narco.
Saúl Arboleda, Steven Medina y los hermanos Josué e Ismael Arroyo salieron a jugar un partido de fútbol, en el sur de Guayaquil, el 8 de diciembre, y nunca regresaron.
Esa noche un desconocido contactó con la familia Arroyo y puso a Ismael al teléfono. Su padre relató esa llamada a medios.
Los militares “se bajaron como locos, nos persiguieron, hicieron disparos al aire, nos maltrataron y nos dejaron botados”, dijo el joven, según la versión de Luis Arroyo.
Más tarde, los familiares recibieron dos ubicaciones a través de WhatsApp, una de ellas en la localidad de Taura, donde hay una base militar. La otra cerca de una camaronera.
En otra llamada posterior, un anónimo aseguró a la familia que “la mafia se los llevó”.
El 24 de diciembre, luego de que la justicia determinara que hubo una “desaparición forzada”, fueron hallados cuatro cuerpos en una zona de manglares, cerca de la base militar de Taura, según medios locales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la desaparición y aseguró que “continuará monitoreando las acciones del Estado para la búsqueda de los niños y la investigación de los hechos”.
La Oficina de ONU Derechos Humanos y la Unicef pidieron a Ecuador que “agote todos los mecanismos a su alcance para investigar los hechos de manera exhaustiva, ágil e imparcial”.
Organismos como Human Rights Watch han denunciado serias violaciones de derechos humanos en el marco de la política de mano dura que instaló el presidente Daniel Noboa contra el narco.
En un video, aún sin verificar y difundido por la Asamblea Nacional, se observa cómo un grupo de militares sube a uno de los niños a una camioneta y lo golpean, mientras otro permanece boca abajo en el vehículo.
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, alegó que los uniformados atendían un pedido de auxilio por un robo. La Fiscalía señaló el martes que no hay pruebas que sustenten esta versión.
Los cuerpos “están destruidos e incinerados”, lo que dificulta identificarlos, dijo Billy Navarrete, director ejecutivo del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil, que acompaña a los padres.
Familiares de los desaparecidos fueron llamados el día de Navidad para presentarse en la morgue de Guayaquil. “Ahora está en curso la (identificación) antropológica”, basada en señas particulares de cada niño, explicó Navarrete.
Si eso no arroja resultados, se harán pruebas de ADN que tardan entre 30 y 40 días.
Noboa pidió intensificar la búsqueda y expresó su intención de que los menores sean declarados “héroes nacionales”.
La Fiscalía solicitó que se asigne fecha y hora para formular cargos contra los 16 militares que participaron en el operativo.
El lunes, las autoridades allanaron la base de Taura y confiscaron los teléfonos de los señalados y los vehículos en los que fueron transportados los menores.
El Ministerio de Defensa puso bajo arresto en una instalación militar a los 16 investigados por la justicia. Personal de inteligencia vigila a los uniformados para evitar que se fuguen.
Loffredo dijo este jueves que “nada de lo que hayan hecho los niños justifica que el día de hoy estén desaparecidos”.
“Se está tratando de posicionar en la mente de los ecuatorianos que los militares son unos locos que salen en gavilla de a 16 a recorrer las canchas de fútbol para secuestrar y desaparecer menores”, expresó el ministro.
El caso recuerda al de los hermanos Santiago y Andrés Restrepo, detenidos y desaparecidos por un escuadrón de la policía en 1988, durante el gobierno del derechista León Febres Cordero. En el 2011, la investigación fue reabierta, pero sus cuerpos no han sido encontrados.
