El 14 de diciembre salió un artículo titulado: “20 distritos concentran la mayoría de las casas en precario”. Quisiera ampliar la temática con elementos de contexto, dado que fui ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos en la administración Solís Rivera, de mayo del 2014 a mayo del 2018. Definir la política pública en base a los distritos con más precarios no es apropiado. La política de vivienda tiene que estar orientada a las familias y a las personas. Los beneficiarios no deben ser solo precaristas sino todos los que lo necesitan.
Durante el período de mi gestión revisé continua y cuidadosamente los datos sobre distribución territorial de necesidades y de acciones del Estado costarricense. Sin embargo, tomar decisiones sobre la política pública de vivienda implica evaluar muchas realidades e intereses particulares de constructores, entidades autorizadas y grupos organizados.
15 de los 20 distritos del cuadro presentado son de la Gran Área Metropolitana (GAM) y los otros cinco son parte de ciudades intermedias importantes (Limón, Liberia, Siquirres, Quepos y Puntarenas). Hay que resaltar que la mayoría de los bonos que entrega el Estado son bonos individuales (aproximadamente el 80%) con montos muy pequeños y para personas que ya tienen un lote. Estas condiciones son casi imposibles de cumplir en muchos de los distritos de la tabla. Hay muy pocas tierras en la GAM y en algunos de los otros distritos mencionados. Sin embargo, sí se entregan bonos para arreglo de la vivienda, si el beneficiario lo utiliza para mejorarla.
Antes del 2014, el déficit de vivienda en la GAM se resolvía trasladando las personas a otros lugares fuera de la GAM, tales como Pococí, Parrita, Sarapiquí. Esto implicó muchos impactos negativos para las zonas receptoras y para muchos de los involucrados.
En el gobierno de Luis Guillermo Solís se sacaron ocupantes en precario para construir la escuela de la Carpio y del triángulo de solidaridad para construir circunvalación norte. Esto requirió sacar a las familias “en precario” a otras zonas fuera de la GAM pero, en gran medida, se dieron alternativas a los ocupantes irregulares.
Los precarios representan, en parte, los fracasos en la provisión de vivienda a lo largo de las décadas y la ineficacia del Estado para resolver el tema de la titulación de las tierras invadidas, asociado en muchos casos a desarrollos extremadamente desordenados de esos nuevos asentamientos. En algunos casos el problema es de titulación, como La Carpio en la Uruca y Los Guido en Desamparados. Sin embargo, la titulación debe ir acompañada de un mejoramiento significativo de la infraestructura de agua y la red vial, que mejore la calidad de vida de los habitantes.
Resolver el problema de precarios en la GAM requiere mucha inversión, a pesar de que muchos de los terrenos fueron y legalmente todavía son de entidades estatales. ProDUS–UCR elaboró el plan regulador de Goicoechea y en esa propuesta se diseñó una solución in situ factible, sobre todo, cuando las tierras invadidas son del Estado. Esta propuesta de solución requiere inversiones importantes del Estado, y puede ser aplicada también a tierras originalmente de privados, pero en todo caso, requiere de cuatro componentes indispensables: a. Evitar la construcción de viviendas en terrenos vulnerables a inundaciones o deslizamientos; b. construcción en mediana altura (cuatro o cinco pisos); c. proveer la infraestructura vial y de agua potable y sanitaria adecuada; d. provisión de áreas recreativas suficientes.
Esta solución ya se aplicó, parcialmente, en el condominio Linda Vista, en Purral de Goicoechea. Este proyecto de viviendas de interés social y erradicación de tugurios fue iniciado en el gobierno de Laura Chinchilla, construido en el de Solís Rivera y entregado en el de Alvarado Quesada. Esto es una solución para intervenir precarios, y enfrentar el rechazo de muchos pobladores urbanos a los proyectos de interés social. Renovar y mejorar los terrenos ya apropiados por las personas de menos recursos, en las décadas pasadas, es posible, pero requiere fondos y tiempo suficientes. Una política de vivienda robusta y bien diseñada es un tercer pilar, adicional a la salud y la educación pública, para mantener la paz social en Costa Rica.
El autor es catedrático de la UCR y fue ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos.
