La asociación civil Transparencia publicó un informe en el que recopila 20 iniciativas legislativas llevadas a cabo por el Congreso de la República durante el período comprendido entre 2021 y 2024. Según el análisis de distintos profesionales vinculados a la ciencia política y el análisis jurídico, estas iniciativas habrían causado un daño al Estado de derecho y a la democracia peruana. El informe, publicado a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), se divide en cuatro categorías: democracia, crimen organizado, derechos humanos y educación.
El listado incluye diversas leyes propuestas durante el actual periodo congresal. Destacan leyes como la Ley 31751, también conocida como la Ley Soto, que, según la asociación, modificaría "los plazos de prescripción de delitos", beneficiando "a los individuos que están siendo investigados, permitiendo que escapen de responsabilidades legales y generando una percepción de desigualdad ante la ley".
De igual manera, se menciona la Ley 32107, promovida por el fujimorismo y promulgada por Dina Boluarte. Según Transparencia, esta ley "promueve la impunidad para crímenes de lesa humanidad, afecta el derecho de las víctimas a reparación y debilita el Estado de derecho. Al favorecer a exmilitares y terroristas, establece un trato preferencial que socava el principio democrático de igualdad ante la ley y disminuye la confianza en el sistema de justicia".
A continuación, detallamos las 20 leyes listadas por Transparencia como contrarias al Estado de derecho y la razón sindicada por Transparencia para su observación.
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| Ley | Título | Impacto Negativo de la Norma |
| Ley 31751 | Ley que modifica el Código Penal en relación a los plazos de prescripción | Al ajustar los plazos de prescripción de delitos, la ley beneficia a los individuos que están siendo investigados, permitiendo que escapen de responsabilidades legales y creando una percepción de desigualdad ante la ley. Acortar los plazos de prescripción facilita la impunidad, lo que erosiona la confianza en el sistema judicial y en la capacidad del Estado para sancionar adecuadamente los delitos. |
| Ley 31990 | Ley que establece límites en los plazos para la colaboración eficaz | Imponer plazos estrictos para la colaboración eficaz limita las investigaciones en casos complejos de corrupción y crimen organizado. La ciudadanía percibe esto como un debilitamiento de la justicia, ya que las investigaciones apresuradas podrían conducir a impunidad en delitos graves, afectando la confianza en el sistema judicial. |
| Ley 31989 | Ley que limita la incautación de material vinculado a la minería ilegal | La ley impide que se confisquen materiales como explosivos y armas, incluso si están relacionados con actividades de minería ilegal. Al limitar la incautación de estos materiales, facilita el desarrollo de actividades ilegales de minería, aumentando su prevalencia. Permitir la posesión de explosivos y armas en contextos ilegales supone un riesgo para la seguridad pública y el orden social. |
| Ley 32104 | Ley que establece la obligatoriedad de la aplicación de la Ley 31751 por parte de los jueces | Esta ley impone a los jueces la responsabilidad de aplicar obligatoriamente la Ley 31751, lo que limita su capacidad de discreción judicial. Los jueces no podrán actuar en contra de las disposiciones de la Ley 31751, incluso si consideran que la aplicación de esta ley puede ir en contra de principios de justicia o equidad. Limita la independencia judicial al restringir su capacidad de interpretación en ciertos casos. |
| Ley 32108 | Ley que modifica el concepto de organización criminal y regula la presencia del acusado en allanamientos | La ley modifica el concepto legal de "organización criminal", lo que podría cambiar la forma en que se persiguen y sancionan estos delitos. La exigencia de la presencia del acusado en allanamientos podría retrasar o dificultar ciertas investigaciones criminales, afectando la rapidez de las mismas. |
| Ley 32130 | Ley Que Modifica el Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, para la Investigación del Delito como Función de la Policía Nacional del Perú | Esta normativa limita a 18 meses la duración de las medidas de comparecencia con restricciones, pero establece que, tras su vencimiento, deben adoptarse medidas para garantizar la presencia del acusado en el proceso, especialmente en casos de graves hechos de corrupción. |
| Ley 32138 | Ley Que Modifica la Ley N° 30077, Ley Contra el Crimen Organizado, Modificada por la Ley N° 32108 | La presente ley excluye los delitos de fraude a la administración de personas jurídicas y corrupción privada de la categoría de "crimen organizado". Como consecuencia, estos delitos ya no podrán ser procesados bajo este marco legal, lo que genera preocupaciones sobre posibles escenarios de impunidad al limitar los mecanismos legales aplicables a su persecución. |
| Ley 32181 | Ley que modifica el Código Penal (Decreto Legislativo 635) y el Nuevo Código Procesal Penal (Decreto Legislativo 957) para garantizar la presunción de inocencia y proteger al personal de la Policía Nacional del Perú. | Otorga impunidad a los policías que causen lesiones o muertes con su arma de fuego y prohíbe a los fiscales solicitar prisión preventiva, debilita el sistema judicial y favorece la impunidad. Además, la derogación de la detención preliminar en casos de no flagrancia limita las herramientas legales para garantizar la justicia en delitos graves. |
| PL 9597 | Ley que Modifica el Artículo 6° del Decreto Legislativo N° 1293 para Ampliar el Plazo de Formalización de la Pequeña Minería y Minería ArtesanalREINFO | Extiende en un plazo de 6 meses de vigencia del proceso de formalización minera integral. No obstante, al ampliar el plazo de formalización minera, podría perpetuar la minería ilegal y aumentar los riesgos asociados a la informalidad, ya que no garantiza un control efectivo ni sanciones adecuadas. La reestructuración del Registro REINFO podría permitir que actividades ilegales se registren como "formalizadas", sin resolver los problemas fundamentales de la minería ilegal en Perú |
| Ley 31494 | Ley que reconoce a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural | Formalizar a los Comités de Autodefensa podría legitimar estructuras paramilitares con poca supervisión estatal. La incorporación al sistema de seguridad ciudadana puede incrementar el riesgo de justicia por mano propia en zonas rurales. Esta medida podría erosionar el monopolio de la fuerza por parte del Estado, afectando el orden y la seguridad pública. |
| Ley 32107 | Ley que promueve la impunidad para responsables de crímenes de lesa humanidad | La ley promueve la impunidad para crímenes de lesa humanidad, afectando el derecho de las víctimas a reparación y debilitando el Estado de derecho. Al favorecer a exmilitares y terroristas, establece un trato preferencial que socava el principio democrático de igualdad ante la ley y disminuye la confianza en el sistema de justicia. Limitar el procesamiento de estos crímenes envía un mensaje de tolerancia hacia la violencia, poniendo en riesgo la protección de los derechos fundamentales y la calidad de la democracia. |
| Ley 31520 | Ley que fortalece la institucionalidad de la Universidad Peruana y recupera su autonomía | Modificaciones a la Ley Universitaria, a pesar de que el Poder Judicial anuló el procedimiento legislativo. Además integra Reforma del Consejo Directivo y educe la capacidad de SUNEDU para regular de manera efectiva las universidades, lo que podría llevar a un debilitamiento de las condiciones de calidad educativa. Genera una reintroducción de Intereses Particulares. La ley restituye un modelo en el que las universidades tienen una mayor injerencia en la propia supervisión, lo cual, según críticos, podría debilitar los avances logrados en la supervisión de la calidad educativa |
| Ley 31996 | Ley que promueve el ingreso a la carrera pública magisterial de los profesores nombrados interinamente durante la vigencia de la Ley 24029 y que fueron cesados por aplicación de la Resolución de Secretaría General N° 2078-2014- MINEDU | La decisión de reintegrar a profesores que han sido cesados por no aprobar evaluaciones puede socavar la autoridad del Ministerio de Educación y otras instituciones estatales responsables de la regulación y supervisión del sistema educativo, erosionando los estándares. La ley puede generar incertidumbre sobre la normativa vigente, enviando un mensaje contradictorio sobre la importancia de las evaluaciones y los criterios de selección para la carrera magisterial. |
| Ley 32046 | Ley que autoriza el nombramiento excepcional de docentes contratados en centros de educación técnicoproductiva (CETPRO) | Se autoriza, de manera excepcional, el nombramiento de docentes contratados de CETPRO que cumplan con los requisitos de la Ley de Reforma Magisterial y que acrediten al menos 40 meses de contrato acumulado, exonerándolos de rendir una evaluación adicional. Para cubrir las demás plazas vacantes, se realizará un concurso público que requerirá cumplir con los requisitos y evaluaciones establecidos en la Ley de Reforma Magisterial. |
| Ley 32187 | Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2025 | En la “Ley de endeudamiento del sector público para el año fiscal 2025”, se incluyó, como una disposición complementaria la modificación de la Ley Universitaria (Ley N° 30220) que permite que dueños y rectores de universidades formen parte de Sunedu. |
| Ley 31437 | Ley que interpreta la disposición transitoria de la Ley 31357 sobre el derecho de participación política | Para las elecciones subnacionales del 2022, esta norma favoreció a las organizaciones políticas que presentaron sus padrones de afiliados fuera del plazo y de la forma prevista. Permite la improvisación y el transfuguismo, y debilita la construcción partidaria. |
| Ley 31981 | Ley que modifica la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, sobre elecciones primarias | Ley que eliminó la obligatoriedad de las PASO. Limita la participación directa de los votantes en la selección de candidatos, debilitando la legitimidad de los elegidos. Favorece la concentración del poder en las cúpulas de los partidos, limitando la competencia interna y nuevos liderazgos. Se reducen las oportunidades para partidos pequeños, afectando la diversidad política. Sin las PASO, disminuyen los incentivos para que los partidos sean transparentes en la elección de sus candidatos. |
| Ley 32054 | Ley que excluye a los partidos políticos de responsabilidad penal | La ley elimina la responsabilidad penal de los partidos políticos, fomentando la impunidad y debilitando la confianza ciudadana en el sistema político. La falta de rendición de cuentas puede llevar a la desconfianza en el sistema político y a la apatía electoral, disminuyendo la participación y el compromiso cívico. |
| Ley 32058 | Ley que modifica la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, y Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas | La ley elimina el requisito de alternancia de género en las listas, lo cual disminuye las oportunidades para una representación equitativa de mujeres en cargos públicos. Reduce el incentivo de los partidos para incluir mujeres, afectando negativamente su participación política. Aumenta la brecha de género, resultando en una representación desigual y menos inclusiva en la toma de decisiones políticas. |
| Ley 32153 | Ley Que Modifica la Ley 31307, Nuevo Código Procesal Constitucional | La reforma al Nuevo Código Procesal Constitucional establece el predominio del Congreso de la República sobre los demás poderes del Estado y los ciudadanos, limitando el control judicial y constitucional sobre las decisiones del Congreso. Esta modificación refuerza el poder legislativo, reduciendo los mecanismos de supervisión y balance que permiten lA revisión judicial de sus actos, lo que podría afectar la protección de los derechos fundamentales y el equilibrio entre los poderes del Estado. |
El informe de Transparencia también detalla qué congresistas han sido los mayores promotores de estas iniciativas legislativas. Según la información presentada, los congresistas de la bancada de Fuerza Popular, baluarte del fujimorismo en el Congreso de la República, fueron los que más apoyaron las iniciativas en contra de la democracia, seguidos por los de Renovación Popular, Podemos Perú, Alianza para el Progreso y, finalmente, Somos Perú.
Según la publicación, los congresistas César Revilla y Martha Moyano, ambos de Fuerza Popular, serían los legisladores que más han respaldado las iniciativas mencionadas, con 18 y 17 votos a favor, respectivamente. Miguel Ángel Ciccia, de Renovación Popular, y José Cueto, de Honor y Democracia (anteriormente también parte de Renovación Popular), también se encuentran entre los que más favorecieron estas leyes, con 17 votos cada uno.
Otros nombres destacados dentro de la lista incluyen a los congresistas Patricia Chirinos y Alejandro Muñante, ambos de Renovación Popular; así como María Acuña Peralta, de Alianza para el Progreso; José Luna Gálvez, de Podemos Perú; Luis Aragón, de Acción Popular; e Isaac Mita, de Perú Libre, entre otros parlamentarios.
