Un incierto futuro tiene el proyecto minero Dominga. El Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta rechazó suspender los efectos de la sentencia que mandató al Comité de Ministros a repetir la votación del proyecto minero-portuario en un plazo de 15 días.
La petición fue presentada por el Gobierno a través del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que además impugnó el fallo del tribunal ante la Corte Suprema y hoy está a la espera de la respuesta del máximo tribunal.
En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el abogado y ex convencional constituyente, Mauricio Daza, señaló que el caso de Dominga y su larga tramitación, “habla sobre nuestro sistema, el sistema de evaluación de impacto ambiental y toda su orgánica”.
“Este proyecto entra al sistema el año 2013. Estamos cumpliendo ya 11 años, vamos a cumplir el próximo año 12 años con este proyecto pendiente y la verdad es que claro, acá han existido varias instancias, recursos, pero no existe un pronunciamiento final después de todos estos años. La verdad es que eso para cualquiera, independiente de la postura que uno tenga acerca de la evaluación ambiental de proyectos, no es algo que sea razonable”, estimó.
Daza además acusó que el estudio de impacto ambiental que se realizó para evaluar la factibilidad de Dominga tiene un peso cuestionable, porque fue realizado hace muchos años.
“La verdad es que hay muchas razones para pensar que eso no está vigente. Estamos evaluando un proyecto que ya no existe, hemos llegado a ese punto”, dijo.
En ese contexto, el exconstituyente instó a realizar una serie de cambios al sistema de evaluación ambiental, entre ellos, el de eliminar las instancias de decisión política.
“Hay que analizar cómo se pueden apurar estos procesos a partir de establecer cambios respecto de esta orgánica (…) Sobre el Comité de Ministros la verdad es que ya hay un consenso generalizado de que no es una instancia en realidad técnica. Es una instancia meramente política y esos elementos debiesen ser eliminados. La evaluación ambiental de proyectos debiese ser algo eminentemente técnico. Al final, dependemos del signo político del gobierno de turno”, opinó.
Asimismo, apuntó a que existe una “dejación” respecto a los tribunales ambientales. El abogado recalcó que “llevamos como seis años donde no están todos los ministros de los tres tribunales ambientales titulares nombrados y esto es una decisión que pasa por el Presidente de la República, por el Senado. Acá hay una falta de decisión política de poder contar con esta institucionalidad funcionando de manera plena”, aseguró.
A juicio de Daza, esto sería una expresión más de la alta incidencia del componente político en el sistema de evaluación ambiental. “Yo creo que ni las comunidades, ni tampoco los titulares de los proyectos merecen estar sometidos a lo que sea el signo político de una determinada coalición que llega en un determinado momento al gobierno. Tiene que haber un pronunciamiento que sea racional, que tenga fundamentos técnicos y que tenga una mirada un poco más global y eso se garantiza con mayor autonomía de estos órganos”, aseveró.
