Un tributo a la maesta detenida desaparecida Elena Quinteros en Bulevar Artigas, en donde fue secuestrada por los criminales de la dictadura
La transición al nuevo gobierno en Uruguay plantea una serie de desafíos en el campo de los derechos humanos, con un enfoque especial en la búsqueda de personas desaparecidas. Las organizaciones de derechos humanos han expresado su deseo de que el futuro gobierno, liderado por Yamandú Orsi, “reafirme” su compromiso con estas causas, especialmente con respecto a la búsqueda de justicia en los crímenes ocurridos durante la dictadura.
Desde la restauración democrática en 1985, el reconocimiento de los delitos cometidos en ese periodo ha sido una prioridad. Las fluctuaciones en el grado de compromiso de las administraciones pasadas han marcado un camino accidentado. Casos recientes, como el descubrimiento de los restos de Amelia Sanjurjo y Luis Arigón, resaltan la necesidad urgente de abordar estos temas de forma efectiva.
Organizaciones como Crysol, que representan a ex presas y ex presos políticos, han instado a la administración entrante a darle prioridad a las instituciones encargadas de la protección de los derechos humanos. Gastón Grisoni, presidente de Crysol, manifestó su preocupación por el “gran atraso” en la recuperación de sitios de memoria y la constante presión que ha sufrido la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad.
Grisoni subrayó que “revitalizar” la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente es esencial. Esto permitiría enviar un “mensaje notorio público de involucramiento” hacia la comunidad sobre la importancia de este tema y el compromiso del gobierno, subrayando la relevancia del trabajo realizado por Sandra Lazo, futura ministra de Defensa Nacional, quien ha sido comparada con Azucena Berrutti en su actuación.
En el ámbito de las políticas públicas, Crysol tiene planeado presentar un documento que sugiera varias propuestas. Entre ellas está el “reforzamiento” de la INDDHH, permitiendo un mayor protagonismo para las organizaciones sociales en la protección de los derechos humanos. Grisoni enfatizó que es esencial facilitar un “contralor más directo” sobre los organismos estatales responsables de tales violaciones.
Adicionalmente, se sugiere la creación de un “premio nacional a los derechos humanos” y la oficialización del 14 de marzo como el Día de los Ex Presos Políticos, con el fin de homenajear a aquellos que resistieron durante el régimen autoritario que comenzó en 1968. En este contexto, también se busca que el Estado realice una ceremonia de reconocimiento y disculpas por las violaciones ocurridas en esa época.
A pesar de las expectativas, Grisoni expresó su disposición a esperar para evaluar cómo el nuevo gobierno podrá abordar la complicada relación con las Fuerzas Armadas. Señaló que estas deberían ser responsables y “entregar la verdad que tienen” sobre los hechos del pasado, lo que implica un gran nivel de autocompromiso y responsabilidad.
Por su parte, Nilo Patiño, miembro de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, manifestaba que es fundamental que el Estado avance en la búsqueda de los desaparecidos. Según su perspectiva, esta recuperación de información es una obligación estatal que debería respaldarse con una fuerte determinación política.
Patiño destacó la importancia de que el nuevo gobierno no solo reconozca su responsabilidad anterior, sino que también actúe de manera activa en la búsqueda de soluciones. Al mencionar el futuro posible establecimiento de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aboga por que esta nueva entidad asuma un papel protagónico en la búsqueda de detenidos desaparecidos, aumentando su visibilidad y eficacia.
Además, Patiño instó a que las organizaciones sociales se involucren de manera más significativa en el proceso de toma de decisiones de la INDDHH, ya que considera que han sido subestimadas. Este involucramiento no implica que sean protagonistas institucionales, sino que sus perspectivas y requerimientos sean tomados en cuenta en la formulación de políticas.
Fernanda Aguirre, directora del Observatorio Luz Ibarburu (OLI) y secretaria de Derechos Humanos del PIT-CNT, resaltó la necesidad de reforzar las instituciones a cargo de la protección de los derechos humanos. Subrayó que la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad enfrenta serios desafíos debido a su limitada capacidad operativa, la falta de personal, y los problemas de superposición de audiencias.
La directora también hizo hincapié en que, a pesar de que el nuevo Código del Proceso Penal permite audiencias públicas, estas aún no se han implementado. Aguirre instó a que se realicen esfuerzos para difundir y hacer accesibles los procesos judiciales relacionados con crímenes de lesa humanidad. La transparencia en estos casos permitirá a la comunidad entender la gravedad de los delitos que se están juzgando y el proceso de recopilación de pruebas.
Aguirre ha subrayado la importancia de “desarrollar una política pública de persecución penal” que aborde de manera integral los crímenes cometidos durante la dictadura. Esta política debería reconocer la complejidad de estos casos y proporcionar un diseño adecuado que permita avanzar en la búsqueda de justicia. “Tenemos la expectativa de que esa dificultad se supere”, enfatizó.
A lo largo de las elecciones, el OLI envió un cuestionario a los candidatos para conocer sus posicionamientos respecto a la justicia y los derechos humanos. Sin embargo, Aguirre lamentó que no se recibiera respuesta. A pesar de ello, el OLI espera poder mantener un diálogo con los nuevos líderes para aportar su perspectiva y contribuir al desarrollo de políticas efectivas.
La transición del poder ejecutivo también plantea el desafío de asegurar que los condenados por crímenes de lesa humanidad cumplan con sus respectivas sentencias en prisión. Aguirre considera que este asunto debe ser abordado de manera prioritario.
