El Consejo de Ministros aprobó el lunes la extensión a 2025 del gravamen a las grandes energéticas, con la posibilidad de deducirse del impuesto las inversiones en descarbonización. Esta extensión es un compromiso del Gobierno con ERC, Bildu y BNG, a la que se oponen PNV y Junts porque temen que estén en riesgo las inversiones de estas compañías en España. Sánchez en rueda de prensa dijo que al introducir la deducción por inversiones verdes se demuestra «que puede exigirse un esfuerzo adicional a las empresas energéticas, al tiempo que también continuamos con nuestra hoja de ruta de descarbonización y de impulso a proyectos industriales como la producción de hidrógeno verde».
En este sentido, el decreto ley publicado el martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge que las grandes energéticas que operan en España podrán reducir del pago del gravamen temporal impuesto por el Gobierno para 2025 hasta un 60% si hacen inversiones estratégicas para la transición ecológica y la descarbonización, que por su magnitud contribuyan al crecimiento económico y al empleo. El objetivo es contentar a los dos socios discordantes (PNV y Junts) y que no tumben la medida cuando pase por el Congreso para que sea aprobada. El BOE también precisa que estas inversiones estratégicas podrán destinarse a tecnologías en proyectos industriales para la producción de hidrógeno renovable o la transformación de residuos en biogás o biometano, entre otras.
Sin embargo, fuentes de Hacienda señalaron a Efe que es más que improbable que una empresa realice un volumen de inversión tal que le permita llegar a ese 60% de minoración y que, sólo si invierte exactamente lo mismo que hay que pagar de gravamen, se puede llegar a minorar un 10%. En el caso de que la reserva para las inversiones sea superior al importe del gravamen, entonces se podría minorar solo el 30% de lo dotado para invertir. Además, el texto recoge que el Gobierno revisará su configuración para convertirlo en un impuesto permanente en el ejercicio fiscal 2025, que se concertará, respectivamente, con la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra.
Este compromiso de concertar el impuesto, alcanzado por el Ejecutivo con EH Bildu, sirvió a este partido para reclamar al PNV su apoyo al decreto. Sin embargo, el PNV, que la semana pasada unió sus votos a los del PP y Junts para tumbar en el Congreso este gravamen, mantiene por el momento su posición, ya que considera que ya estaba prevista su conversión en esta figura impositiva y no se ha hecho y cree que estos cambios fiscales deben hacerse a través del impuesto de sociedades.
Las patronales eléctricas, petroleras y gasistas (Sedigas, AOP y Aelec) han cargado contra el Gobierno porque este decretazo «resta competitividad industrial» y «deteriora la reputación» de España ante los inversores, y tildaron de «preocupante» el hecho de que el Ejecutivo «cuestione» la decisión de derogar esta figura impositiva y la apruebe días después.
