El Gobierno debe ser consciente de que el margen de maniobra para hacer cambios estructurales es limitado y que el tiempo para aprovecharlo no es infinito.
El gobierno de Javier Milei enfrenta el desafío de consolidar los logros económicos de su primer año de gestión mientras avanza en una agenda clave para el futuro de la Argentina. Tres grandes ejes se destacan en el horizonte de 2025: el levantamiento del cepo cambiario, la implementación de reformas estructurales pendientes y la concreción de un nuevo acuerdo con el FMI. Cada uno de estos temas encierra oportunidades, pero también riesgos significativos, que deberán ser gestionados con habilidad para garantizar una transición económica estable y sostenible.
Javier Milei
El levantamiento del cepo es, sin duda, uno de los hitos más esperados y debatidos. Desde que asumió el Gobierno, la administración Milei ha defendido la idea de una economía más abierta y competitiva, pero los controles cambiarios han persistido como una anomalía en ese relato. La promesa de eliminar el cepo el próximo año requiere, según el Gobierno, que se cumplan condiciones previas que no serán fáciles de alcanzar en su totalidad. Entre ellas, destaca la necesidad de fortalecer las reservas internacionales del Banco Central, que en términos netos apenas van saliendo del terreno negativo en el que se encontraban. Además, la apreciación del peso en términos reales y la dependencia de una política de crawling peg generan tensiones adicionales, especialmente en un contexto global donde el dólar se fortalece y el real brasileño se devalúa.
La experiencia histórica, como la crisis de la Convertibilidad en los años ‘90, advierte sobre los riesgos de sostener un tipo de cambio artificialmente apreciado, lo que puede erosionar la competitividad de los sectores transables y aumentar la fragilidad macroeconómica. A esto, se suma la necesidad de avanzar en una agenda de reformas estructurales que afiance el equilibrio fiscal y la estabilidad macro y que le dé forma más definitiva al cambio de régimen económico que comenzó este año.
La reforma tributaria, largamente postergada, debería apuntar a simplificar el sistema impositivo y reducir la presión fiscal, mientras que una reforma laboral seria y profunda podría permitir la modernización de las relaciones laborales en un mundo que demanda flexibilidad y productividad. Por su parte, una reforma previsional implicaría abordar un problema estructural de sostenibilidad fiscal, el cual no solo ha sido una fuente de inestabilidad en el pasado, sino que también agrega incertidumbre hacia el futuro. Finalmente, la reconfiguración de las relaciones fiscales entre la Nación y las provincias promete racionalizar el uso de los recursos públicos y fortalecer la autonomía de las jurisdicciones.
Estas reformas, vale la pena remarcarlo, no solo son necesarias para consolidar el equilibrio fiscal, sino también para reducir el llamado ‘costo argentino' que limita la competitividad del país en los mercados internacionales.
El tercer pilar de la agenda es el nuevo acuerdo con el FMI, que se relaciona con los dos puntos anteriores y cuya negociación será un verdadero examen para el Gobierno. La posibilidad de acceder a un paquete de financiamiento, que podría oscilar entre u$s10.000 y u$s20.000 millones, es vista como una oportunidad para robustecer las reservas y mejorar el perfil de vencimientos de deuda, pero no estará exenta de condiciones. Desde hace tiempo, el FMI insiste en la necesidad de una política cambiaria más flexible y el desmantelamiento de los controles de capitales, elementos que considera fundamentales para una economía más resiliente y menos dependiente de flujos especulativos.
Sin embargo, este acuerdo se buscará en un contexto peculiar: sin un presupuesto aprobado para 2025, un aspecto que no suele agradar a los funcionarios del FMI y que puede complicar las negociaciones. Utilizar los fondos externos para fortalecer la estabilidad macroeconómica, en lugar de sostener un esquema cambiario insostenible, será crucial para evitar repetir errores del pasado.
En este escenario, la estabilidad económica alcanzada en 2024, con un superávit fiscal primario consistente y una balanza comercial en terreno positivo, ofrece un ‘lubricante' indispensable para avanzar en estas reformas. Tal como lo planteaba la revista The Economist en los años ‘90 con su metáfora de Grease is needed, los buenos resultados económicos son un activo clave para implementar cambios estructurales profundos. Sin embargo, el Gobierno debe ser consciente de que el margen de maniobra es limitado y que el tiempo para aprovecharlo no es infinito.
El desafío de 2025 no radica solo en cumplir con las metas acordadas con el FMI o en levantar el cepo, sino en demostrar que Argentina (Gobierno y oposición) está dispuesta a romper, en un año electoral, con el ciclo de políticas cortoplacistas y costosas que han marcado su historia económica.
En síntesis, el éxito de la hoja de ruta dependerá de la capacidad del Gobierno de combinar pragmatismo y determinación. Las reformas estructurales, el nuevo régimen cambiario y el acuerdo con el FMI no son objetivos aislados, sino partes de un plan integral que busca transformar la economía argentina de raíz. Si Milei logra avanzar en estos frentes, no solo consolidará su gestión, sino que también marcará un punto de inflexión en la historia económica del país.
