Claudio Rivas, socio de Víctor de Aldama y uno de los presuntos cabecillas de "la trama del fuel" ha denunciado ante la Audiencia Nacional que el secreto de sumario le está causando "indefensión". Este empresario, a quien el magistrado Santiago Pedraz dejó en libertad a mediados de diciembre, ha instado a que se levante el secreto de las actuaciones para acceder a todo el contenido de la causa. La petición se formula en un momento clave ya que están pendientes de adherir el volcado del teléfono de Aldama.
Al requerimiento de Rivas se suman otros dos imputados más, según consta en sus escritos a los que ha tenido acceso LA RAZÓN. En lo que respecta a Rivas, dueño de la empresa Villafuel, su defensa reprocha al instructor que no justifique los motivos que le llevan a prorrogar el secreto de la causa. A su juicio, carece de sentido que acordara su ingreso en prisión y, en paralelo, mantuviera bajo secreto las actuaciones, puesto que si se acordó esta medida para evitar que destruyeran pruebas, lo correcto sería que les dieran acceso al sumario, aunque fuera de manera parcial.
"Es exigible que se levante el secreto de la causa respecto del resultado de las diligencias de investigación ya practicadas, para evitar generar mayor indefensión a las partes (...) ya que en nada comprometería la investigación conocer lo que se ha hecho hasta ahora, para valorar con medios suficientes la proporcionalidad de las medidas cautelares acordadas", reza el abogado de Rivas. Se trata de un recurso interpuesto contra el secreto de sumario que se prorroga mensualmente y al que se adhirieron su hermana, María Luisa Rivas, y Javier Cillán, presunto fiduciario de la trama.
La defensa de estos dos últimos se pronuncian en la misma línea y pide al instructor que les permita estudiar, al menos, las diligencias de investigación practicadas por el Juzgado Central de Instrucción número 5. Por ello proponen que les dé acceso parcial de las actuaciones, aunque mantenga bajo secreto otra parte de esta causa, en la que se investiga a una presunta organización criminal que habría defraudado a Hacienda 182 millones con el fraude de los hidrocarburos.
Con todo, la Guardia Civil y Anticorrupción han avanzado en la investigación desde que se produjeron las detenciones en octubre y, tras dejar en libertad tanto a Aldama como a su socio Rivas, el instructor se prepara para alzar el secreto sumarial. Mientras tanto, la Unidad Central Operativa (UCO) está ultimando el análisis del teléfono incautado al primero de ellos y se prevé que lo entregue cuanto antes.
Precisamente, el cabecilla del caso Koldo se ofreció a orientar a los investigadores con todo el material que contiene el dispositivo incautado en octubre. No obstante, los agentes ya han avanzado en el estudio del mismo y ultiman la entrega del volcado al juzgado. A falta de conocer su contenido, Aldama ya ha dejado caer que podría desvelar más detalles sobre el presunto pago de comisiones a miembros del Gobierno. De hecho, pretende que esta fuente de prueba se adhiera también al "caso Koldo" que se sigue en la Audiencia Nacional y a su derivada en el Tribunal Supremo, donde se investiga la parte que afecta al aforado José Luis Ábalos.
El pasado 7 de octubre se produjo el estallido de esta trama de hidrocarburos. La UCO (misma unidad que investiga el caso Koldo) detuvo a Aldama, a Carlos Rivas y a otra decena de miembros de esta presunta organización criminal. La Fiscalía precisó en una nota que, a diferencia de otras redes dedicadas a este tipo de fraudes, en este caso se estaba ante una "estructura criminal de elevada complejidad" que, en apenas dos años, habría defraudado 182 millones de euros. Para ello se valieron de un entramado societario a través del cual habrían desviado millonarios beneficios al extranjero.
Estas organizaciones emplean dinámicas que les permiten posicionarse rápidamente en estamentos con diferentes esferas de poder, para así conseguir "una alta capacidad de corrupción sobre funcionarios de la Administración". En total se practicaron 11 registros en Madrid, Salamanca y Cáceres y se detuvieron a 14 personas. De entre todos ellos destacó Víctor de Aldama, quien en octubre ya era conocido por haberse erigido como "nexo corruptor" del caso Koldo y por sus vínculos con el Gobierno de Pedro Sánchez.
El magistrado Pedraz le envió a prisión junto con Claudio Rivas ante la gravedad de los delitos (se les investiga también por blanqueo de capitales) y para evitar que frustraran la investigación. El instructor sitúa a ambos en la cúspide de esta red que se sirvió de decenas de empresas administradas por testaferros, que trabajaban a sus órdenes. Además, identificaron transferencias a países como Portugal, Colombia y China por importe cercano a los 74 millones de euros.
Pese a que la Sala de lo Penal ratificó la prisión de Aldama, Pedraz, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, le dejó en libertad el pasado 21 de noviembre. Este giro de guion se produjo apenas horas después de que prestara declaración en el "caso Koldo". Aquel día se produjo un antes y un después en la estrategia procesal de Víctor de Aldama, puesto que se comprometió a colaborar con la Justicia y tirar de la manta. En esa primera confesión, de hecho, apuntó directamente a una presunta financiación irregular en determinados estamentos del Gobierno y también del PSOE.
Aldama deslizó información que ha llevado a los investigadores a detener a otros implicados en la trama. En concreto, dijo que en diciembre de 2020 hizo gestiones con el Ministerio de Industria que lideraba Reyes Maroto para que la empresa 'Have got time' -a cuyo nombre se adquirió el chalet de Cádiz que disfrutó Ábalos- consiguiera el título de operador de hidrocarburos. Aldama recurrió a Koldo García, entonces asesor de Ábalos, y consiguieron que se cerrara una reunión, que finalmente se celebró en el Ministerio de Transición Ecológica.
En su confesión, el comisionista mencionó un nombre clave, el de Carmen Pano. Se trata de la mujer que habría llevado 90.000 euros en bolsas a la sede del PSOE en la calle Ferraz por orden de Aldama. Dicho dinero procedería de Villafuel, la empresa de Rivas investigada en esta trama de los hidrocarburos. La confesión del empresario, gracias a cual consiguió la libertad, acercó a los investigadores a otro escalafón más de esta trama, en el marco del cual se encuentran Pano y su hija. De hecho, se les detuvo junto con otras dos personas más el pasado 16 de diciembre. Tras interrogarles por delitos fiscales y blanqueo, la Guardia Civil les dejó en libertad.
Con todo, Aldama sigue tirando de la manta y está dispuesto a ir ofreciendo más información tanto en el caso Koldo como en esta trama del fuel. La excarcelación de los cabecillas, y el volcado de su teléfono anticipan que el juez se prepara ya para alzar el secreto de sumario, como lo reclaman los principales investigados. Todas las miradas están puestas ahora en el teléfono del "nexo corruptor" del caso Koldo y en sus próximos movimientos, que podrían desvelar nuevos episodios sobre el presunto cobro de mordidas dentro del partido socialista.
