El exprocurador, Antonio Maldonado, afirma que el comportamiento de la fiscal de la nación, Delia Espinoza, resulta contradictorio porque la investigación en contra del fiscal José Domingo Pérez es “absurda”. Señala que si lo que desea es fortalecer al Ministerio Público, no debe “jugar a la política”.
¿Qué piensa de la remoción de los policías de la Diviac que allanaron la casa de la presidenta, Dina Boluarte? Se consuma su desaparición.
Es correcto llamarla desaparición. Incluso la llamaría destrucción. Es la desinstitucionalización de un mecanismo que demostró integridad y efectividad en su actuación, idóneo para enfrentar investigaciones de delincuencia del poder. Por supuesto, esto ha generado una serie de sentimientos de venganza acumulados que llegan hasta el Gobierno.
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¿Qué tiene sus motivos para deshacerse de la Diviac?
Así es. Es el típico comportamiento revanchista de los delincuentes cuando están en el poder. La característica en el Perú y la región es el dominio de la escena institucional por el crimen organizado, la delincuencia.
La nueva fiscal de la Nación, Delia Espinoza, cumplirá dos meses en el cargo. ¿Cómo evalúa su actuación?
No me queda claro…
¿Hay contradicciones?
Tiene un discurso que agrada a algunos organismos internacionales en el Perú.
En lo retórico, va bien.
He conversado con funcionarios de esos organismos y han recibido el mensaje de que hay una persona con un compromiso por reorganizar y fortalecer el Ministerio Público. Pero no me queda clara su actuación frente al fiscal José Domingo Pérez. Propiciar una investigación en fase preliminar por enriquecimiento ilícito es absurdo. El estándar para insertar la conducta de una persona en una teoría delictiva –en el mundo democrático al menos– es elevadísimo. No se trata de satisfacer a ciertos escenarios políticos poniendo la cabeza de este señor en la guillotina.
¿Espinoza trata de congraciarse con sectores movilizados contra los fiscales Lava Jato?
Sí. Me parece que por lo menos tiene un enfoque ingenuo y que tampoco es coherente porque si quiere fortalecer el Ministerio y su papel en la investigación del delito, a lo menos que debe atreverse –como se han atrevido otros órganos, sin ir más lejos el Tribunal Constitucional (TC)– es a jugar a la política. Puede resultarle en contra.
Se ha difundido el acuerdo con Odebrecht. Hay una disputa en el debate: que fue útil o sirvió para beneficiar a la empresa. ¿De qué lado se inscribe?
No veo que haya un tema de debate constitucional. No creo que haya un tema donde esté en peligro el derecho de acceso a la información pública, sencillamente porque esa no es información pública.
¿No lo es?
Se partió de la premisa de que el acuerdo era secreto y eso es falso. Es una información protegida bajo las excepciones de la que la propia Ley sobre Transparencia de Acceso a la Información Pública establece. Es decir, protegida bajo el principio de la reserva de un proceso penal ordinario. No es una reserva antidemocrática. Me niego rotundamente a creer que el demandante –sabemos de quién estamos hablando– es un personaje que defiende el Estado de derecho. Este mecanismo también lo hemos visto en Guatemala, dirigido a descalificar a los actores y a las instituciones que producen resultados en casos de financiamiento de la política, de corrupción pública.
No digo que sea verdad que se ha beneficiado a Odebrecht, pero ese el debate que se ha instalado y sobre el que se va a insistir con la divulgación del acuerdo. ¿Le preocupa que sea mal usado?
Si llevamos ese argumento al extremo, tendríamos que pedir que los acuerdos de colaboración eficaz no estén a cargo del Ministerio Público ni del Poder Judicial, sino que sean sometidos a plebiscito. Que la vecina o el académico que jamás ha visto un solo expediente penal ni litigado y habla por doquier digan qué corresponde hacer o no en un proceso de colaboración eficaz. El Estado le otorga esa facultad a un organismo técnico que es el Ministerio Público. No digo que este no haya cometido errores, pero para subsanarlos se requiere de una actitud constructiva, no la que hemos visto en la resolución del TC.
¿Qué sería una actitud constructiva?
Por ejemplo, señalar las áreas en donde hay que fortalecer o corregir el acuerdo, dándole al Poder Judicial algunos parámetros. Ese no ha sido el caso. Estamos en una situación en la cual el TC resuelve todo, o sea, es una cuarta instancia. Y los efectos ya los estamos viendo. Toledo, Vizcarra ya han pedido los acuerdos, no solo para defenderse sino para tratar de consolidar esa tesis que prevalece en Brasil en virtud de la cual todos los casos Lava Jato no tuvieron sentido, que unos fiscales malévolos nos hicieron creer que ciertas personas poderosas cometieron delitos. Ese es el camino que se quiere seguir acá.
¿Podrían tener éxito?
Como digo, es lo que buscan. No han podido traerse abajo los casos. ¿Entonces a qué han recurrido? A un personaje y un canal que distan mucho de una vocación democrática para plantear una demanda ante un TC que cada día viene demostrando su carencia de imparcialidad. Ya lo había demostrado en el caso del indulto a Fujimori.
El Ejecutivo no promulga todavía la ley que el Congreso, presionado por la opinión pública, aprobó para restituir la detención preliminar en casos de no flagrancia. ¿Esta demora obedece a la necesidad de proteger al vocero presidencial, como se ha especulado?
Claramente. A estas alturas ya dista mucho de ser una especulación. Se puede afirmar categóricamente, por lo menos desde mi convicción, que la señora Boluarte no promulga esta rectificación para proteger a este personaje (Fredy Hinojosa), seriamente involucrado en un caso gravísimo como el de Qali Warma
