La Unió Llauradora i Ramadera puso el foco a raíz del acuerdo de la UE con Mercosur en otro factor que consideran de interés para la opinión pública. Se trata del «alarmante historial de plagas o enfermedades interceptadas, sobre todo de Brasil, Argentina y Uruguay». Sólo en 2024, hasta octubre se registraron en la UE 99 interceptaciones de cítricos con este problema importados de estos países. El dato refleja la falta de reciprocidad en los estándares fitosanitarios y medioambientales de las llegadas de mercancías procedentes de esta zona del planeta. Algo que también ocurre con Sudáfrica , con varios casos de naranjas destapados también este mismo año. De ahí que esta y otras organizaciones agrarias reclamen el establecimiento de cláusulas espejo –es decir, que todos los productos estén sometidos a las mismas exigencias– en acuerdos con terceros países y que se consideren los cítricos europeos como «producto sensible». Carles Peris , secretario general de La Unió, reclama que «deben equipararse a los estándares de producción de la UE, tanto en regulación de fitosanitarios como en normativas de bienestar animal y medioambientales o incluso obligaciones laborales y sociales». Un estudio elaborado por La Unió revela que ya de antemano la balanza comercial agraria entre los países de Mercosur y España es claramente deficitaria para los intereses en los productos más perjudicados por el acuerdo, pues el déficit en volumen es de más de 240.000 toneladas. El más damnificado es el del arroz , con un desfase de -133.850, más de a mitad del total, en uno de los cultivos señeros de la Comunidad Valenciana, al igual que los cítricos, en fresco y en zumo, con una diferencia a favor de los americanos de 58.297 toneladas. Otro de los problemas fundamentales para los agricultores, endémico y que arrastran desde hace años, se agudiza con los bajos precios en origen, a pesar de una normativa impulsada por el actual Gobierno. Reclamamos el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, así como la creación de un observatorio de precios que sirva como referencia para que agricultores e intermediarios «puedan firmar contratos justos y no permitan la venta a pérdidas », clama el sector.
