El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, pidió este lunes a la fiscalía aplicar una nueva ley, que contempla la pena máxima de cárcel e inhabilitaciones casi vitalicias, a los antecesores de este órgano que en el período anterior estuvo dominado por la oposición. La solicitud responde a una acusación del Parlamento contra la antigua Asamblea Nacional electa en 2015 -que defiende su continuidad alegando fraude en los comicios legislativos de 2020-, por uso de dinero del Estado para bienes personales y «conspiraciones» contra el país. «Y (que) el fiscal general aplique de manera inmediata a estos criminales, a estos ladrones, a estos delincuentes, a estos rateros y rateras, le aplique la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar en contra del bloqueo», dijo el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, durante la sesión. «Eso implica las penas que en esa ley están establecidas de inhabilitación política (...) también conduce a acciones de tipo penal», continuó. La ley Bolívar contempla penas de hasta 30 años de prisión e inhabilitaciones para ejercer cargos públicos de hasta 60 años para quien respalde sanciones extranjeras y promueva o financie acciones «armadas o de fuerza» contra el país. La norma fue aprobada a finales de noviembre en medio de las tensiones por la reelección del presidente Nicolás Maduro para un tercer mandato (2025-2031), denunciada como un fraude por la oposición, que reclama un triunfo del candidato Edmundo González Urrutia en los comicios del pasado 28 de julio. «Debe aplicarse de inmediato a la señora Dinorah Figuera, a la señora Marianela Fernández y la señora Auristela Vásquez«, añadió Rodríguez en referencia a la presidenta, primera y segunda vicepresidenta del extinto Parlamento. La antigua Asamblea, que opera de manera virtual y de forma opaca, evalúa su continuidad para el próximo año en medio de las discusiones internas de la oposición. Muchos de los miembros de la extinta Asamblea viven en el exterior, después de varios anuncios de investigaciones en su contra por «conspiraciones» y por pedir sanciones contra el gobierno de Maduro. Ese antiguo Parlamento además disolvió hace un año el llamado gobierno interino de Juan Guaidó, que terminó exiliado en Estados Unidos, después de intentar sin éxito proclamarse «presidente» tras denunciar fraude en los comicios de 2018.
