El Congreso dominado por los partidos de Keiko Fujimori, Vladimir Cerrón y César Acuña ya lleva en la cuenta doce leyes que favorecen a la delincuencia, la corrupción, el crimen organizado y la impunidad. Hubo presión ciudadana en algunos casos, pero ninguna de las leyes cuestionadas ha sido derogada en su integridad. Solo hubo reajustes con trampas.
El grupo Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, tiene un rol preponderante para estos fines desde la presidencia de la Comisión de Constitución. El partido de Vladimir Cerrón, Perú Libre, hace lo propio desde la Comisión de Justicia. Y Alianza Para el Progreso (APP), de César Acuña, mantiene la presidencia del Congreso. Esta trilogía de roles en la conducción del Congreso y la suma en los momentos de votación han facilitado las normas polémicas que a continuación reseñamos.
La primera ley que sacaron fue aquella que permitió a Alejandro Soto salvarse de un juicio por estafa (ley Soto 31751). La norma redujo de manera antojadiza los plazos de prescripción y el congresista acuñista se acogió de inmediato. Luego surgieron políticos como Vladimir Cerrón o José Balcázar, que también pidieron beneficiarse con esta norma, pero el Poder Judicial decidió inaplicarla.
Ante este nuevo escenario, el Congreso no tuvo mejor idea que sacar una segunda ley para obligar a los jueces a aplicar la ley Soto. Así surgió la ley de interpretación auténtica 32104. Hasta aquí van dos leyes.
El Parlamento también sacó la ley 31989 que impide al personal policial la incautación de artículos ilícitos a quienes practican la minería ilegal. El pretexto fue que el Ejecutivo se había excedido al regular esta posibilidad en el DL 1607. Sin embargo, luego de derogarlo con la ley 31989, no emitieron ninguna otra norma que restituya tal acción policial. Van tres.
PUEDES VER: Fujimorismo apoyó con votos en siete leyes que debilitan la persecución del delito.
Otra norma grave es la ley 31990, que reduce los plazos en los procesos de colaboración eficaz. Gracias a esta contrarreforma penal, la Fiscalía tiene un plazo ajustado de 12 meses, para corroborar hechos delictivos basados en testimonios de los colaboradores. El tiempo es de 16 meses para casos complejos de crimen organizado, lo cual también supone un plazo muy limitado. Esta ley fue aprobada con votos de APP, Perú Libre, Fuerza Popular y otras satélites.
Adicionalmente, el Congreso aprobó la ley 32054, que excluye a los partidos de responsabilidad penal. Esta norma beneficia a Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación Popular y Podemos Perú, que enfrentan investigaciones por organización criminal. Van cinco.
Otra norma de retroceso es la ley 32107 de Rospigliosi, que genera impunidad para policías y militares que ejecutaron crímenes durante el conflicto armado de los años ochenta y noventa, bajo el pretexto de que en esas décadas no estaban vigentes los tratados de imprescriptibilidad para delitos de lesa humanidad.
El Congreso también sacó una ley inconstitucional para transferir a la Policía las funciones de investigación que le corresponden al Ministerio Público, según lo establecido en el artículo 159 de la Carta Magna. Se trata de la ley 32130, que surge además en un contexto en el que la Policía está subordinada al Ejecutivo que dirige la investigada Dina Boluarte. Van siete.
PUEDES VER: CIDH analiza los permanentes ataques políticos contra el sistema de justicia en el Perú.
En el camino también salió la ley 32108, que favorece al crimen organizado. Según esta norma, los fiscales tenían que avisar a los investigados para realizar los allanamientos.
La norma fue modificada por los paros, pero la nueva ley 32138 mantiene trampas, pues los allanamientos no pueden realizarse sin presencia de los abogados, situación que puede entorpecer el factor sorpresa de las diligencias. Van nueve.
El Parlamento también dio luz a la ley 32181, que prohíbe la detención preliminar y permitió la salida de la cárcel de “Las hienas verdes”. Esta norma fue modificada por el Congreso pero mantiene trampas, pues aún permite la salida de la cárcel de delincuentes al cumplir los 80 años, como Vladimiro Montesinos. La autógrafa también impide dictar prisión preliminar o preventiva de policías que eventualmente cometan delitos al hacer uso de armas de fuego, como ocurrió en las protestas. Van diez.
Hay otras dos normas que afectan la autonomía fiscal y judicial. Por un lado, está la ley 32182, que criminaliza las funciones de estos magistrados, y la ley 32153, que limita a los jueces a ejercer control constitucional frente a las arbitrariedades del Congreso, incluyendo en procesos constitucionales de persecución contra los operadores de justicia, hecho que fue alertado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Estas son hasta el momento las doce leyes a favor del crimen y la impunidad. Y queda un año y medio de gestión del actual Parlamento.
