El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes un real decreto ley que acuerda aportar a la entidad pública de suelo Sepes, adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, los inmuebles integrados en el Patrimonio del Estado para destinarlos al alquiler asequible.
Los inmuebles proceden del Instituto de la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied); del administrador de infraestructuras ferroviarias Adif; la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse), la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) o de Patrimonio Nacional, según ha explicado el Ministerio de Vivienda en un comunicado. Estas dos últimas mantendrán la titularidad de los inmuebles, pero corresponderá a Sepes su gestión en virtud del convenio que suscriban las entidades.
La norma establece que los inmuebles que forman parte del Patrimonio del Estado se integrarán en el patrimonio de Sepes, que podrá disponer de ellos con arreglo a sus normas específicas.
La aportación a Sepes se realiza a través del procedimiento de enajenación previsto en la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, aunque la tasación sí corresponde a Sepes, que la realizará una vez integrados en su patrimonio los inmuebles para incluirlos en su contabilidad patrimonial. Por ello, corresponde a Sepes su regularización registral y catastral.
Esta decisión coincide con el reciente anuncio del Gobierno para crear una gran empresa estatal de vivienda -que pasa por una reconversión de la actual Sepes y la incorporación de la Sareb- que gestione los suelos del Estado, las viviendas y sea un instrumento de colaboración y cooperación con comunidades autónomas y ayuntamientos. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha recalcado en varias ocasiones que el carácter público de todas las viviendas patrimonio del Estado estará blindado a perpetuidad para la protección del parque público.
Por otro lado, el Gobierno ha aprobado la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público para impulsar la promoción de vivienda pública en suelos públicos simplificación y flexibilización el marco normativo para facilitar las distintas fórmulas de colaboración público-privada.
La norma introduce una modificación relativa al régimen jurídico aplicable a los contratos de concesión, estableciendo una serie de particularidades cuando éstos tengan por objeto la construcción o rehabilitación sobre suelo o inmuebles de titularidad pública y cuyo destino sea el de vivienda social o a precios asequibles.
Asimismo, el Consejo de Ministros ha acordado prorrogar hasta finales de 2025 las deducciones en el IRPF por obras de mejora energética en la vivienda habitual y en los edificios residenciales. En los ejercicios 2021, 2022 y 2023 se llevaron a cabo deducciones por obras de mejora energética en 122.862 viviendas que supusieron un ahorro de 319,7 millones de euros. En los tres años de aplicación se presentaron 169.236 declaraciones.
Estas medidas comprenden una deducción del 20% por actuaciones que reduzcan un 7% la demanda de calefacción y refrigeración en vivienda habitual (un máximo de 5.000 euros por vivienda), del 40% por actuaciones que recorten un 30% el consumo de energía o mejoren la calificación energética a 'A' o 'B' (máximo de 7.500 euros) o deducción del 60% por las anteriores actuaciones pero en edificios residenciales (máximo de 15.000 euros por vivienda).
