La congestión en los peajes de Lima ha alcanzado niveles críticos, lo que ha llevado a la Defensoría del Pueblo a exigir acciones concretas a la Municipalidad de Lima. A través del Fondo Metropolitano de Inversiones - Invermet, se busca que se supervise y penalice el incumplimiento de los tiempos máximos de espera en las concesiones de Línea Amarilla y Vías Nuevas de Lima.
La situación actual ha generado un malestar significativo entre los conductores, quienes enfrentan largas colas y demoras excesivas en el cobro de peajes. La Defensoría del Pueblo ha propuesto la implementación de sistemas de pago electrónicos como una solución viable para reducir el tiempo de espera y mejorar la experiencia de los usuarios.
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En el caso de la Línea Amarilla, la empresa concesionaria, Lima Expresa S.A.C., tiene la obligación de mantener un tiempo máximo de espera en cola inferior a cinco minutos por vehículo, incluso durante las horas de mayor demanda. El incumplimiento de esta norma conlleva la aplicación de penalidades que ascienden a 200 dólares.
Por otro lado, el concesionario Rutas de Lima S.A.C. debe cumplir con el tiempo de espera en cola por pista, que se mide desde el momento en que el vehículo ingresa a la cola hasta que se levanta la barrera de la cabina. Este tiempo también está limitado a un máximo de cinco minutos, lo que es fundamental para garantizar un tránsito fluido.
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La Defensoría del Pueblo ha solicitado a Invermet información detallada sobre los tiempos de espera en los peajes, así como sobre las actividades y metodologías de supervisión, el número de supervisiones realizadas, los resultados obtenidos y las penalidades impuestas. Esta información es crucial para evaluar el cumplimiento de las concesionarias con los estándares de servicio establecidos.
Además, se han propuesto alternativas para solucionar la congestión, como la implementación de sistemas electrónicos de pago que reemplacen el cobro en casetas. La modernización de la tecnología de cobro de tarifas es otra recomendación, la cual debe ser financiada con la recaudación del peaje y no a través de recargos adicionales a los usuarios.
La Defensoría del Pueblo también ha instado al Ministerio Público a tomar nota de esta situación, que podría estar vulnerando el derecho al libre tránsito de la ciudadanía y el principio de legalidad, al no cumplirse los tiempos de espera establecidos en los contratos de concesión.
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