En su editorial del sábado, La Jornada define el fallo del panel encargado del caso del maíz transgénico como una resolución insensata en contra de México, la biodiversidad, la vida y el derecho a una alimentación adecuada de los mexicanos para favorecer a cuatro grandes corporaciones y a un puñado de granjeros ricos. El gobierno mexicano defendió los decretos del 31 de diciembre de 2020 y del 13 de febrero de 2023 argumentando que son medidas para evitar poner en riesgo la biodiversidad, prevenir la contaminación de los maíces nativos de México y proteger a las comunidades campesinas. Por su parte, la entonces secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, dijo que estas resoluciones eran congruentes con el T-MEC y no afectaban el comercio bilateral.
Sin embargo, la conclusión del panel que el decreto de febrero es una restricción encubierta al comercio –por lo que debe corregirse– se basa en que México no cumplió con el protocolo acordado en el T-MEC, mismo que está vigente desde la entrada en vigor del TLCAN en 1994 y que es el mismo que aplica la OMC para evitar que las medidas sanitarias y fitosanitarias, así como las normas, estándares y los procesos para demostrar su cumplimiento no se utilicen como barreras innecesarias al comercio. El tratado permite implementar cualquier medida que ayude a la protección de la salud y la seguridad de la población, de la fauna, flora y del medio ambiente, en tanto se presente la evidencia científica que la justifique antes de su entrada en vigor. En caso de no existir normas internacionales para enfrentar el riesgo que se quiere atender, el país debe realizar una evaluación de riesgo y documentarla conforme a las directrices y principios incorporados en el tratado. Y una vez que se tenga esta información, dar a los otros países 60 días para conocer y comentar por escrito la medida antes de su entrada en vigor.
México endureció su postura en febrero del año pasado y no presentó la evaluación de riesgo que ampara al decreto de febrero antes de la instalación del panel, a pesar de las solicitudes de las autoridades de Estados Unidos. Luego de una reunión virtual con la embajadora Katherine Tai y de la visita de la subsecretaria de comercio del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Alexis Taylor, y del negociador agrícola en jefe de la oficina del Representante Comercial de ese país (USTR), Doug McKalip, la secretaria Buenrostro dijo que el reclamo de Estados Unidos carecía de fundamentos comerciales y tenía una motivación política. Las consultas técnicas comenzaron en marzo como un mero protocolo y el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, Víctor Suárez, propuso sin éxito a Estados Unidos realizar estudios conjuntos para determinar la seguridad en el consumo del maíz transgénico. El siguiente paso fue la solicitud de creación del panel en agosto del año pasado.
México y Estados Unidos tienen hasta el 3 de febrero para ponerse de acuerdo en la implementación del fallo del panel o de lo contrario, el gobierno de Donald Trump –que tomará posesión el 20 de enero– podrá aplicar aranceles, cumpliendo la promesa que hizo en campaña y que reiteró el pasado 26 de noviembre. Y esto será una prueba de fuego y una oportunidad irrepetible para que Claudia Sheinbaum demuestre su liderazgo y se posicione como la líder del país. La implementación del fallo del panel implica derogar una medida promovida por López Obrador, lo que reflejará la lealtad de los secretarios, de los líderes del Congreso y de los legisladores de Morena a Sheinbaum o al expresidente. Además, mandará un mensaje muy claro a Estados Unidos sobre quién gobierna al país, contribuirá a formar las expectativas sobre la revisión del tratado y servirá para establecer las bases de la relación bilateral en los próximos cuatro años.
Finalmente, hay que considerar el abasto del maíz. Este año, México importará más del 50 por ciento de su consumo debido a la caída en la producción por el cambio climático y por el aumento en el costo de los fertilizantes. Estados Unidos provee 90 por ciento de nuestras importaciones, en su mayoría transgénico, que resiste sequías, calor e incluso inundaciones. Una de las razones por las que el panel rechazó que el decreto de febrero fuera sujeto de las excepciones incluidas en el T-MEC es porque México no identificó en sus argumentos otros programas que promuevan el cultivo del maíz no transgénico. Así, y más allá de cualquier sanción comercial, el reto sigue siendo reducir la dependencia de Estados Unidos en este producto.
