El pasado lunes se formalizó una imputación contra el primer presidente indígena del país suramericano por supuesto abuso a una menor en 2016, tras reabrir un caso ya investigado sin resultados en 2019: es el último de los embates que sufre Morales desde que se distanció del actual presidente y su exministro de Economía, Luis Arce
¿Qué está pasando en Bolivia? Del golpe de 2019 contra Evo Morales al de 2024 contra Luis Arce
Las fotografías del atuendo se reprodujeron en los principales medios de comunicación del mundo. La chompa, como se le llama al suéter de lana en Bolivia, con rayas de varios colores acompañó a Evo Morales mientras daba la mano a presidentes de diferentes extremos del mundo durante la gira que realizó en 2006, poco antes de su posesión como jefe de Estado. La prenda fue el epítome del proceso de cambio que significó la llegada al poder del primer presidente indígena en el país sudamericano. Ya se deducía entonces el antes y después que marcaría en la historia de la nación, pero no se anticipaba que, casi 20 años después de mandato, terminaría destronado de su partido político y con una orden de detención por presunto abuso a una menor –el caso fue investigado sin resultados hace cinco años, y ha sido reabierto hace tres meses por la Fiscalía en pleno enfrentamiento entre Morales y el actual presidente Luis Arce–.
La fiscal del caso, Sandra Gutiérrez, formalizó el pasado lunes 16 una imputación contra Morales por el presunto delito de trata de personas. Sobre el líder cocalero pesa una orden de aprehensión desde el 16 de octubre por no haberse presentado a declarar durante las investigaciones. Desde el Ministerio Público se adelantó que se pedirá en el juicio seis meses de detención preventiva. Las autoridades alegan que en 2016, cuando Morales era presidente de Bolivia, habría tenido una hija con una adolescente de 15 años, a cambio de favores políticos y económicos para los padres, también acusados. El caso se abrió en 2019, tras el golpe contra el Gobierno de Morales después de las elecciones de octubre en las que iba en cabeza el candidato del MAS, y que contó con el apoyo de la Policía y el Ejército y culminó con la investidura de la opositora Jeanine Añez.
Aquella investigación no obtuvo resultados entonces, y ha sido reabierta hace tres meses.
Es el último de los embates que sufre Evo desde que se distanció del actual presidente y su exministro de Economía, Luis Arce, quien llegó al gobierno en 2020 apoyado por Morales. Desde que ocurrió esta división a finales de 2021, Arce ha utilizado todos los recursos que le permite el Estado para cercar a su contrincante.
Primero, a través del Tribunal Constitucional Plurinacional, lo inhabilitó como candidato presidencial para las próximas elecciones de agosto de 2025. Después, fue despojado de su liderazgo del Movimiento al Socialismo (MAS), partido que gobierna el país desde 2006 (con la interrupción del golpe de 2019) y que ahora lidera la familia política de Arce.
“El campo político está en modo ‘postevismo’. Con la crisis económica y política actual, la mayoría de los bolivianos ve a Morales como parte del problema y no como la solución. Y como él mismo no ha mostrado ningún cambio en sus ideas ni en sus formas, creo que le será muy difícil encontrar un camino para reponer ese liderazgo que tuvo mientras fue presidente”, comenta la politóloga Cecilia Chacón, exministra de Defensa con Evo Morales y ahora alejada del ex presidente. A pesar de logros como la nacionalización de los hidrocarburos y la reinserción indígena en una sociedad con más de la mitad de sus habitantes con origen nativo, los críticos de Morales le acusan de autoritarismo y señalan como punto de inflexión el año 2017, cuando Morales logró aspirar a un cuarto mandato, a pesar de la limitación de mandatos de la Constitución, gracias a un fallo del Tribunal Constitucional.
Morales se ha defendido en sus redes sociales de las acusaciones de abuso, denunciando que es víctima de lawfare y que “no respetan los principios constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso”.
“El Gobierno de Luis Arce se comprometió a entregarme como trofeo de guerra a EEUU”, escribió el exmandatario en su cuenta de X. La Casa Blanca es un objetivo constante de sus diatribas, desde que expulsó al Departamento de Antidrogas de Estados Unidos (DEA), pero principalmente por haber puesto fin, con su presidencia, a la fase neoliberal del país, regida por el Consenso de Washington de 1989.
Morales se convirtió entonces en una de las caras más visibles de la llamada marea rosa del socialismo en la primera década del siglo XXI en América Latina, junto con Lula en Brasil, los Kirchner en Argentina y Hugo Chávez en Venezuela, entre otros referentes.
“El modelo de desarrollo dejó de basarse en la apertura económica y privada para pasar a un empoderamiento del Estado y al control de algunas empresas estratégicas como del gas y la minería, a partir de la subida de precios internacionales de las materias primas, principalmente del gas y del petróleo”, explica el magíster en filosofía política Óscar Gracia. Asegura que la década y media de gobierno de Morales —dividida en tres mandatos: 2006-2009, 2010-2014 y 2015-2019— fue un punto de inflexión en la historia boliviana. No solo por la estabilidad económica, el llamado “milagro boliviano”, sino por crear una clase media indígena, tradicionalmente marginada, e introducirla en el espacio público.
“Se hicieron una serie de transformaciones importantes que tienen que ver con la nueva Constitución y un cambio de imaginario en el país. Comienza a transformarse el discurso que imperaba desde la segunda mitad del siglo XX de que Bolivia es un país mestizo y empezamos a asumir esta condición de plurinacionalidad que ahora se debate en muchos países”, detalla el docente investigador de la Universidad Privada Boliviana, Andrés Laguna. Aquella calma social y económica es ahora una añoranza. Bolivia alcanzó una tasa anual de inflación en noviembre pasado de 9,5% a causa de la caída de los precios del gas, el principal rubro de exportación, y el agotamiento de los pozos existentes por falta de inversión en exploración.
La falta de circulación de dólares en el país ha llevado a la creación de un mercado informal de cambio, en el que la moneda estadounidense puede llegar a costar el doble de su precio oficial. Los bancos han limitado la retirada de dinero en cantidades mensuales, y el banco internacional JP Morgan ubicó a Bolivia, en su informe anual, como el segundo país de la región con más riesgo para la inversión privada, solo detrás de Venezuela. La incertidumbre es tanta que ha fragmentado el apoyo indígena originario campesino, antes siempre unificado a favor del MAS, entre el ala arcista y la evista. Cómo se distribuirá en los comicios de 2025 es todavía una incógnita.
Morales ha tenido un apoyo incondicional de los sectores rurales del valle boliviano, especialmente de los cocaleros, representados en la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, organización que impulsó su carrera sindicalista a comienzos de los años noventa. Es más, el senador evista Leonardo Loza afirmó que su líder se encuentra protegido a día de hoy “por una barrera de comunarios” en el Chapare, una de las provincias de esta región productora de la hoja de coca. Sin embargo, queda por saber la postura que tomarán movimientos decisivos, como la Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia-Bartolina Sisa y, sobre todo, el electorado de El Alto, ciudad aymara, epicentro de revueltas sociales y con un galopante crecimiento económico y demográfico.
“Lo más probable es que ese voto [indígena originario campesino] que en 2009 le dio el 63% de los votos al MAS se vaya fragmentando, lo cual es por demás sano para la estructura democrática. Nunca ha sido muy democráticamente saludable un dominio tan importante. Es importante que se puedan hacer negociaciones políticas”, asegura Gracia. Para Chacón, esa usual estrategia de Evo de introducir a los dirigentes de los movimientos sociales en la estructura estatal es lo que lo está perjudicando en la actualidad. “Los representantes de los movimientos sociales se acostumbraron a las ventajas que les da el Estado y decidieron respaldar al presidente Luis Arce y no a Evo (…). Las organizaciones sociales desde 2005, más que masistas, se hicieron oficialistas”, dice la politóloga.
Por otro lado, la oposición derechista consolida alianzas para presentarse como bloque único en las próximas elecciones. El miércoles 18, los expresidentes Jorge Quiroga y Carlos Mesa firmaron un acuerdo de unidad con el exgobernador de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra Luis Fernando Camacho (en prisión por su supuesta participación en el golpe contra Morales de 2019), y el empresario Samuel Doria Medina. “No me extrañaría que candidatos como Quiroga o Doria Medina adopten el discurso de Milei o Bolsonaro: libertario, radical y populista de derechas”, opina Laguna.
Lo cierto es que el próximo 17 de agosto de 2025, en el mes del bicentenario del país, se llevarán a cabo unas elecciones con una importancia que no se conocía en la historia reciente del país. También es cierto que, por primera vez en 20 años, podría no estar en la papeleta la fotografía de Evo Morales.
