El líder del partido Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, se pronunció sobre la presunta red de prostitución que operaría dentro del Congreso de la República. A través de un comunicado publicado en su cuenta de X (antes Twitter), Acuña rechazó tajantemente cualquier responsabilidad en relación con dicha presunta red. Sin embargo, el también gobernador regional de La Libertad no habló sobre sus vínculos con Jorge Torres Saravia, señalado como el presunto operador principal de esta organización criminal.
"Condeno enérgicamente los repudiables hechos denunciados sobre la existencia de una presunta red de explotación sexual al interior del Congreso de la República (...). De igual manera, rechazo categóricamente el uso malicioso, irresponsable y difamatorio de mi nombre y liderazgo para vincularme con estos hechos, que son materia de una investigación urgente", se lee en los párrafos iniciales de la publicación.
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Acuña aseguró que "será el primero en exigir" una investigación exhaustiva sobre las presuntas actividades ilícitas que habrían tenido lugar en el Congreso de la República, donde supuestamente se intercambiaron servicios sexuales por votos. Asimismo, afirmó que dicha investigación llegará hasta las últimas consecuencias, "caiga quien caiga, incluso si ello implica a militantes de Alianza para el Progreso".
No obstante, en la publicación de Acuña no se aprecia ninguna declaración explícita que desvincule a su organización política de Jorge Torres Saravia, señalado como el presunto líder y principal nexo de esta supuesta red de prostitución. Cabe señalar que Torres Saravia, antes de desempeñarse como jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento, fue asesor de Luis Valdez, secretario general de APP, durante su etapa como parlamentario. Valdez lo convocó para esta labor, a pesar de que Torres ya contaba con una denuncia por violación en su contra.
El semanario Hildebrandt en sus trece publicó una investigación que incluye conversaciones que implicarían a Jorge Torres Saravia como líder de una supuesta red de prostitución en el Congreso, vinculada al asesinato de Andrea Vidal Gómez. Según la publicación, Torres habría gestionado la presencia de mujeres en el Parlamento a cambio de servicios sexuales. Testigos citados en el reportaje aseguraron que las reuniones organizadas por Torres contaban con la participación de altos funcionarios y trabajadores del Poder Legislativo.
La investigación también señala que Torres acostumbraba a tomar fotografías y grabar a los asistentes durante las fiestas privadas que organizaba. En algunos casos, estas imágenes eran compartidas con su círculo cercano. En un episodio específico, el semanario relata que Torres envió por WhatsApp una fotografía de un alto funcionario del Congreso en una situación comprometida, vestido solo con ropa interior, utilizando un mensaje temporal.
El reportaje detalla que entre febrero y marzo, Torres, dejó su cargo como jefe de la Oficina Legal y Constitucional para postular al puesto de procurador del Congreso. Su lugar fue ocupado por José Rubio Preciado, un excompañero del Ministerio de Justicia. A pesar de su salida, Torres continuó ejerciendo influencia, como se evidencia en mensajes de WhatsApp. En uno de estos, Torres menciona a Vidal Gómez, apodada "la china", mientras Rubio responde de manera cómplice: "Ok, no la maltrates mucho". Estos intercambios reflejan la naturaleza de su relación y los favores solicitados entre ambos.