La compra de vehículos y ganado se convirtió en los últimos años en un medio utilizado por las organizaciones narco para lavar dinero en Costa Rica, debido a las facilidades que existen para realizar transacciones en efectivo y a los vacíos legales para rastrear operaciones sospechosas.
Fernando Ramírez, director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), comentó que las bandas aprovechan un portillo que quedó abierto luego de que el Congreso aprobara, en el 2017, un proyecto que eliminó la obligación que tenían las agencias de autos de reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Ramírez indicó que algunas agencias siguen enviando notificaciones voluntariamente cuando detectan actividades dudosas, como cuando una persona paga un automóvil de lujo en efectivo.
El director detalló que los grupos narco en ocasiones mandan a varias personas a realizar depósitos de $10.000 para completar el monto total del vehículo. Luego, venden la unidad para darle una apariencia legal a ese dinero que provenía de sus actividades criminales.
Solo este año, se han reportado 27 casos sospechosos, lo cual representa la cifra más alta de los últimos siete años. El ICD considera que la cantidad podría ser considerablemente mayor si este sector estuviera obligado a reportarlas.
Otra actividad en la que han incursionado los narcotraficantes para legitimar sus capitales es la compra de ganado. De hecho, esta práctica viene creciendo desde el 2019, cuando el ICD recibió por primera vez 265 cabezas decomisadas a un grupo criminal.
Lo que en su momento fue inusual se volvió un método común en los últimos años, el cual alcanzó un pico de 1.263 cabezas decomisadas en el 2022, lo que representó ingresos por más de ¢1.000 millones al Instituto Costarricense sobre Drogas por la venta de estos animales.
El segundo año con más decomisos es, precisamente, el 2024 con 1.090 unidades, número que podría ser más alto pues aún no se incluyen los datos de diciembre en la estadística de la Unidad de Recuperación de Activos.
Ramírez comentó que estas cifras son indicios de que el crimen organizado se involucró en esta actividad económica. Como es usual en las conductas del narcotráfico, según agregó, tales estrategias son desarrolladas en otros países y luego se importan a Costa Rica.
Desde el 2021, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), alertó sobre cómo los narcotraficantes compran inmuebles usados, lotes y fincas en zonas alejadas y con poco control estatal, con el fin de deforestar, sembrar pasto de alta calidad, incluir abonos y comprar ganado para ocupar estos terrenos.
“Finalmente, esta actividad económica termina siendo de alta favorabilidad y preferencia por parte de los narcotraficantes por su rentabilidad y facilidad para el lavado de dinero”, señaló.
El jefe del ICD comentó que las subastas de ganado propician el lavado de dinero debido a que estas se realizan solo con efectivo. “Hay una puja inmediata y entonces usted llega y ofrece tanto por un toro, por ejemplo, y nada más después va y paga en efectivo en la caja y nadie le preguntó de dónde proviene ese dinero”, afirmó.
Las autoridades consideran que se deberían aplicar más controles en la venta de vehículos y ganado. El 5 de diciembre, el Poder Ejecutivo presentó en la Asamblea Legislativa un proyecto que pretende obligar a estas dos actividades económicas a reportar operaciones sospechosas superiores a los $10.000.
Luis Diego Obando, director ejecutivo de la Corporación de Fomento Ganadero (Corfoga), respaldó el proyecto de ley presentado por el Gobierno para fortalecer los controles contra el lavado de dinero en el sector ganadero.
“Aplaudimos todo lo que tiene que ver con controles y ser un poco más estrictos y rigurosos, de forma tal que se controle y se erradique la incursión del narcotráfico en la economía costarricense”, afirmó en un video enviado a La Nación por la oficina de prensa de Corfoga.
Obando destacó que una de las principales tareas ha sido verificar si las subastas ganaderas operan mayoritariamente con transacciones en efectivo. Según el funcionario, la conclusión es que no.
“El ganadero, actualmente, cuando hace compras de ganado, paga por transferencia bancaria, paga por un cheque, paga por alguna otra metodología, inclusive con tarjeta, con lo cual evita el efectivo.
“Sí se dan compras de animales en efectivo, pero es cuando un ganadero lleva a vender tres y compra uno; lleva a vender cinco y compra algún ternero o alguna vaca que ve de oportunidad. Pero estamos hablando que son transacciones de ¢1 millón, ¢800.000, transacciones pequeñas”, explicó.
Resaltó que los controles asociados a las transacciones en efectivo son fáciles de documentar. Subrayó que el sector ganadero, en particular las subastas, presenta informes anuales al Ministerio de Hacienda, en los cuales se detalla la identificación y los nombres de las personas físicas o jurídicas que participan en la compraventa de animales.
El director del ICD explicó que cada entidad financiera primero debe conocer a su cliente y sus fuentes regulares de ingresos. Si alguien recibe un promedio de ¢1 millón al mes, y de repente le ingresan $50.000, el banco podría reportarlo como una operación sospechosa.
Lo anterior no significa que la persona ya está siendo investigada, sino que el Instituto activa su mecanismo para revisar el origen de esos ingresos.
Si se logra verificar que se obtuvieron de forma lícita, el reporte no pasa a más. Caso contrario, es elevado al Ministerio Público, que podría abrir una investigación judicial por legitimación de capitales o un proceso contencioso-administrativo por capitales emergentes, instrumento que permite al Estado secuestrar bienes sin necesidad de condenas penales.
Además de los bancos, tanto casinos como corredores de bienes raíces, notarios y vendedores de joyas preciosas, entre otros, están obligados a reportar operaciones sospechosas. Si no acatan su obligación, se exponen a millonarias multas.
Ramírez destacó que ha existido una disposición de la mayoría de entidades de monitorear la actividad sospechosa, lo que ha permitido que en este 2024, con corte a inicios de diciembre, se hayan reportado 661 operaciones, un incremento del 15% con respecto al 2023. La cifra más alta se registró en el 2022, con 718 casos.
“Yo sí considero, por ejemplo, que se ha venido realizando un muy buen trabajo desde el momento en que se inició con la Jurisdicción Especializada contra la Delincuencia Organizada, que ya concentra este tipo de investigaciones y que le permite inclusive ir más allá”, aseveró.
Sostuvo que la nueva jurisdicción permite no solo atrapar a algunos miembros de las organizaciones, sino traerse abajo a toda la estructura completa y atacar su capital.
Colaboró la periodista Arianna Villalobos.
