El Juzgado de Instrucción de Briviesca (Burgos) ha admitido a trámite una demanda interpuesta por las exmonjas de los monasterios de Belorado y Derio contra el arzobispo y la Archidiócesis de Burgos, a fin de obtener una sentencia que declare el derecho de estos dos monasterios y sus congregaciones a separarse por su propia voluntad de la Iglesia católica.
Concretamente, esta demanda persigue que un juzgado se pronuncie sobre la validez y eficacia civil de la separación de la Iglesia católica que las entonces monjas de Belorado proclamaron mediante una carta el pasado 8 de mayo y que valide así los acuerdos adoptados para transformar las entidades religiosas en asociaciones, según ha informado este domingo el abogado de las exclarisas, Florentino Aláez.
Asimismo, la demanda presentada por las exmonjas persigue que una sentencia declare la "ineficacia en España" del nombramiento del comisario pontificio -el arzobispo de Burgos, Mario Iceta- y condene a este a "cesar en toda actividad de representación y administración" de los monasterios citados.
Por su parte, el abogado de las religiosas ha indicado a través de un comunicado que confía en la "pronta conclusión" de este proceso judicial que, al margen de la "disicencia religiosa", servirá para reponer a estas comunidades el "pleno goce de sus derechos legítimos" y poder seguir dedicándose al "cultivo de la vida monástica (...) libres de interferencias exteriores ajenas a su espíritu y fieles a los dictados de sus conciencias".
La batalla judicial
Esta nueva demanda se suma a la batalla judicial que mantienen las exmonjas del Monasterio de Santa Clara y la Archidiócesis de Burgos, que, por su parte, demandó el desahucio de las religiosas de los monasterios de habitan.
Precisamente, la vista sobre esta demanda de desahucio estaba prevista para el pasado jueves, 19 de diciembre, pero tuvo que posponerse ante la incapacidad de notificar dicha demanda a todas las exmonjas.
Por todo ello, este mismo juzgado, el de Primera Instancia e Instrucción 1 de Briviesca (Burgos) será el encargado de dirimir estas dos demandas cruzadas entre las exmonjas, que reclaman su derecho a abandonar la Iglesia y poder seguir habitando en los monasterios, y la Archidiócesis de Burgos, que exige el desahucio de las religiosas de estos inmuebles al entender que no son las legítimas propietarias de los mismos, algo que ellas sí reivindican.
